25 de marzo de 2005
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La pena de muerte: ¿qué opina usted?
El martes, la isla nuevamente se enfrentó a la inminente posibilidad que dos reos puertorriqueños puedan verse sentenciados a muerte por un crimen perpetrado en Puerto Rico. En un juicio federal, un jurado de 12 boricuas – igual cantidad de hombres que de mujeres – decidió que Hernándo Medina Villegas y Lorenzo Catalán Román eran culpables del asesinato del guardia de un camión blindado en un intento de robo hace tres años.
El par de reos ahora enfrentan, el 11 de abril, la fase judicial ante el mismo jurado para determinar si recibirán la sentencia de muerte, un castigo prohibido por la Constitución local pero permitido bajo las leyes federales con jurisdicción sobre la isla. Si ambos hubieran sido juzgados en un tribunal puertorriqueño, no habría habido posibilidad de sentencia de muerte. La pena capital no está permitida bajo la Constitución de Puerto Rico de 1952. La última persona que fue ejecutada en Puerto Rico fue en 1927 cuando la isla estaba gobernada por un Gobernador nombrado por el Presidente de los Estados Unidos.
La controversia de la pena de muerte ha afectado a Puerto Rico desde los juicios en 2002 de los narcotraficantes Héctor Oscar Acosta Martínez y Joel Rivera Alejando que fueron encontrados culpables en un tribunal federal por la muerte y descuartización de otro que se sospecha era uno de sus colaboradores. El gobierno federal pidió la pena de muerte en este caso. Esto inmediatamente dio inicio a una serie de contiendas legales para decidir si las leyes locales evitan la imposición de la pena de muerte.
El asunto se convirtió en uno asociado con el status territorial de Puerto Rico. Los abogados de la defensa argumentaron que los fiscales federales no podían pedir la pena de muerte ya que el supuesto crimen tuvo lugar en la isla y la Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena capital. Insistieron en que un estatuto federal de 1994 de pena de muerte no afecta a Puerto Rico.
El Juez del Distrito Federal, Salvador Casellas, apoyó esa posición dictaminando que el Congreso de los Estados Unidos no podía imponer la pena capital en Puerto Rico porque los isleños no cuentan con representación en el Congreso que aprobó esa ley. "Es una afrenta a la consciencia imponer la pena capital sobre ciudadanos estadounidenses a quienes se les ha negado el derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno que dicta y ejecuta la imposición de tal castigo", escribió.
En calidad de Fiscal Interino de los Estados Unidos, Guillermo Gil, inmediatamente pidió al Departamento de Justicia que se apelara la decisión, insistiendo en que Puerto Rico no podía recibir tratamiento diferente al de cualquiera de los 50 estados y que, si se permitía prevalecer el dictamen de Casellas, se verían afectados los procesamientos criminales en la isla. De hecho, se argumentó, el dictamen ponía a Puerto Rico en posición de vetar una ley nacional, algo que ningún estado tiene el poder de hacer.
Subsiguientemente, el Primer Circuito de Apelaciones en Boston revirtió el dictamen de Casellas, determinando que la pena de muerte sí podía imponerse en Puerto Rico porque es un territorio de los Estados Unidos que está sujeto a los estatutos federales. Los abogados defensores apelaron esta decisión ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se rehusó a analizarlo, diciendo que no tomaría una decisión hasta tanto no hubiera una pena de muerte vigente impuesta por un tribunal federal en Puerto Rico.
En una asombrosa conclusión del juicio Acosta/Rivera, ambos fueros puestos en libertad por los cargos de secuestro y homicidio, a pesar de toda la contundente evidencia que se presentó en su contra y que llevaba a seguras predicciones de un veredicto de culpables. Los abogados defensores sugirieron que había sido la repugnancia del jurado por la pena de muerte y resentimiento en torno a la imposición federal de esta ley sobre Puerto Rico que llevó a los miembros del jurado a emitir un veredicto de inocencia.
En el actual caso de Medina/Catalán, el jurado ya emitió un veredicto de culpable. Si ahora se decide enviar a los asesinos convictos a su muerte en una penitenciaría de los Estados Unidos, es muy posible que se procederá a una apelación ante los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Anticipando la posibilidad de la primera sentencia de muerte en la isla en los tiempos modernos, el Colegio de Abogados de Puerto Rico y un capítulo local de Amnistía Internacional están planeando manifestaciones de protesta, si se diera el caso.
La oposición a la pena de muerte ha ido creciendo a nivel nacional en los últimos años. Encuestas sobre prisioneros que esperan su ejecución consistentemente revelan que, en general, son miembros de minorías étnicas o pobres, dando paso a los argumentos de debido procesamiento e igualdad de protección bajo la ley. Los análisis de ADN como evidencia de escenas de crímenes en el pasado han reivindicado una serie de personas condenadas, haciendo surgir el espectro de posible inocencia de los que ya han sido sometidos a la pena de muerte.
Incluso jueces federales en ejercicio han puesto en tela de juicio la imposición de la pena de muerte por parte del gobierno. En el 2003, un juez federal, Mark L. Wolf, escribió: "En la última década ha surgido substancial evidencia que demuestra la inocencia de individuos que han sido sentenciados a muerte y ejecutados, con mucha más frecuencia de lo que previamente se entendía".
Apenas esta semana los Arzobispos Católicos de los Estados Unidos anunciaron que están lanzando una campaña nacional para poner fin a la pena de muerte. El esfuerzo va encabezado por el Cardenal Theodore E. McCarrick, Arzobispo de Washington. Según el informe publicado por el Washington Post, la campaña se valdrá de todos los medios de persuasión disponibles a la iglesia. McCarrick le dijo al Post que "Considero que la evidencia de las pruebas de ADN han estremecido a muchas personas y creo que este es el momento, un momento muy especial, en que podemos hablar sobre esto y la gente escuchará".
Una encuesta nacional de adultos católicos que llevó a cabo la empresa Zogby Internacional reveló que el apoyo entre los católicos a la pena de muerte ha disminuido dramáticamente en los últimos años. La encuesta reveló que sólo un 48% de los católicos estadounidenses apoyan actualmente la pena de muerte. En comparación, encuestas de otras organizaciones registraron un apoyo de 68% entre los católicos del país en el 2001.
Por otro lado, está la posición del actual gobierno de Bush que aboga por más sentencias de pena de muerte en los casos capitales. Desde el 2000, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entonces encabezado por el Fiscal General John Ashcroft, agresivamente pedía sentencias de pena de muerte, a pesar de que muchos jurados se negaron a imponerla. Es poco probable que el actual Fiscal General Alberto González se desvíe de esa trayectoria, especialmente cuando se sabe que era un decidido defensor de este castigo cuando se desempeñaba como asesor legal para el entonces Gobernador de Tejas, George W. Bush.
Tradicionalmente, la defensa u oposición a la pena de muerte se divide a lo largo de líneas liberales/conservadoras, pero ahora hay fisuras que afectan ambas posiciones a medida que los grupos pesan su posición respecto a la pena de muerte contra otros valores rivales. Por ejemplo, en una encuesta del Herald en el 2003, 6 de cada 10 participantes indicaron que apoyaban que el gobierno federal pidiera la opción de pena de muerte en las sentencias de casos capitales en Puerto Rico. Sin embargo, la mayoría de las encuestas realizadas en la isla muestran que una mayoría de los puertorriqueños moralmente se oponen a la pena capital.
Los resultados de la referida encuesta del Herald podrían interpretarse como una forma de dar prioridad a la aspiración de la isla de lograr igualdad con los estados en la ejecución de las políticas federales, sin importar las convicciones personales del participante en la encuesta en lo que concierne los aspectos morales de la pena capital.
No importa qué decida el jurado en el caso Medina/Catalán en lo que respecta el castigo final, los puertorriqueños nuevamente se verán obligados a decidir entre lo referente a la moralidad de la pena de muerte y el aceptar la imposición del gobierno federal de ella en la isla cuando la Constitución local la prohíbe.
¿Qué piensa usted sobre la pena de muerte?
