Acevedo Vilá lanzó la acusación de que el respaldo del candidato gubernatorial del PNP, Pedro Rosselló de un impuesto sobre las ventas "castigaría " a la clase media. Discutió la cuestión como si se tratara de una propuesta de Rosselló. "Yo no presionaría por un impuesto que castiga a los pobres y a la clase media," dijo, añadiendo que se trataría de un impuesto sobre "todo lo que se consume".

Pero unos meses después, durante su primer discurso presupuestario, el Gobernador Acevedo Vilá presentó una propuesta tributaria sin duda más regresiva que cualquier impuesto estatal sobre las ventas en toda la nación. Citando el aprieto económico por el que pasa el gobierno, Acevedo Vilá propuso levantar de forma generalizada las 35 exenciones al impuesto sobre bienes de consumo específicos. Está pidiendo que se levanten las exenciones durante dos años, el tiempo suficiente, dijo para establecer una reforma tributaria completa

No obstante, la medida temporal, golpearía duramente a los consumidores, especialmente a los pobres y a la clase media y, lo que es peor, probablemente menoscabaría los objetivos del gobierno de mejorar la educación y la asistencia sanitaria en la isla. Esto es debido a que esas exenciones se han hecho sobre necesidades básicas como los alimentos, ropa para niños y pañales, así como en productos médicos y educativos.

Entre los economistas, los miembros de los cuerpos de orden público y, cada vez más, los funcionarios del gobierno, existe un creciente consenso en cuanto a que un impuesto sobre el consumo es el mejor modo de aumentar los ingresos del gobierno y aliviar la carga del trabajador asalariado en Puerto Rico, que carga con el mayor peso tributario.

Los impuestos sobre bienes de consumo específicos, aplicados al comienzo de la cadena de distribución, inflan el impacto del impuesto en el consumidor mucho más que los impuestos sobre las ventas aplicados al final de dicha cadena, dicen la mayoría de los expertos. El actual impuesto sobre bienes de consumo específicos del 6,6 por ciento infla los costes en hasta un 18 por ciento, dijeron recientemente los economistas a los legisladores.

El candidato Acevedo Vilá nunca dijo que los que proponían un impuesto sobre las ventas respaldaban la idea como un medio para reemplazar el impuesto sobre bienes de consumo específicos. O que no era solo en PNP el que lo estaba apoyando. Durante el último mandato, la Legislatura controlada por el Partido Popular Democrático celebró vistas sobre una reforma tributaria que abarcaba la imposición de un impuesto sobre el consumo como parte de una reforma más amplia. La administración Calderón encargó un caro estudio sobre la cuestión, que examinó el impuesto sobre las ventas como una alternativa. El año pasado, la Gobernadora Calderón dijo que el nuevo Gobernador estaría "moralmente obligado" a seguir las recomendaciones de un estudio de $4 millones que ella había encargado y que pide la imposición de un impuesto sobre el consumo, un escenario mezcla de valor añadido e impuesto sobre las ventas.

Además del impacto inflacionista, también existen razones prácticas para poner fin al impuesto sobre bienes de consumo específicos en los bienes importados y manufacturados. Las normas sobre el manejo del correo de EE. UU. hacen extremadamente difícil que el ELA pueda recaudar sobre bienes enviados a la isla mediante el servicio postal de EE. UU... Y las agencias de mensajería aérea han luchado con éxito contra las demandas del ELA de que recaudaran impuestos por cuenta suya sobre la mercancía que envían a la isla. Las normas federales respecto al comercio interestatal podrían dejar rápidamente en desuso la capacidad del ELA para recaudar en muchos casos un impuesto sobre bienes de consumo específicos.

Es cierto que la transición a un impuesto sobre las ventas llevará años y que el gobierno necesita soluciones tanto a largo como a corto plazo. Pero la propuesta enviada por Acevedo Vilá a la Legislatura haría específicamente lo que él acusaba que haría el plan del PNP: golpear más fuerte a los más necesitados.

Existen buenas razones por las cuales el ELA y la mayoría de los estados eximen de los impuestos a los alimentos, productos médicos, materiales educativos y otras publicaciones. Probablemente, al gobierno le costaría dinero en otras áreas y menoscabaría los objetivos de mejorar la salud y la educación del público en general. Sin duda, también perjudicaría el clima comercial en ciertas industrias, posiblemente imposibilitando las esperadas ganancias en ingresos.

Las exenciones propuestas podrían resultar especialmente inquietantes para la industria editorial de la isla, siendo gravados por primera vez los libros, revistas y periódicos. Los distribuidores de libros y revistas dicen que se verán forzados a reducir el número de títulos que importan, y la propuesta elevaría los costes de los periódicos y revistas.

Hay mucho que alabar en la propuesta presupuestaria del Gobernador. Eliminar más de 5.000 empleados del gobierno, poner en práctica planes de jubilación en el gobierno y acabar con los subsidios a las corporaciones públicas, demuestra al menos que la administración pretende atacar la inflada burocracia del ELA. Y un repaso a las exenciones al impuesto sobre bienes de consumo específicos debería formar parte de ese plan.

Pero su levantamiento general perjudicaría y no ayudaría a la mayoría de los contribuyentes, probablemente no recaudaría tantos ingresos como calcula la administración y empañaría el clima económico de la isla y su vibrante paisaje de medios de comunicación.