Cuando dijo que el actual déficit presupuestario podría alcanzar los $1.7 mil millones antes de que finalice el año fiscal el 30 de junio, el gobernador prometió dejar de aceptar préstamos o utilizar los gastos de una sola ocasión para pagar los gastos del gobierno.

Los legisladores de la oposición que controlan la Legislatura, inmediatamente prometieron trabajar con la administración para tratar de aportar sobriedad financiera al gobierno central, así como vigilar los gastos de la administración y las prioridades de gasto — una respuesta realmente saludable ante el mensaje presupuestario.

Menos constructivas fueron las impulsivas críticas de las medidas impopulares pero sensatas que Acevedo Vilá esbozó, como por ejemplo poner fin a los subsidios del gobierno a su problemática compañía pública de suministro de agua y eliminar más de 5.000 puestos de trabajo del gobierno central correspondientes a empleados „contratados" o „irregulares".

No obstante, estos empleados contribuyen al recuento de empleados del ELA de 241.400 en 144 agencias del gobierno y corporaciones públicas, con una nómina anual de $7.7 mil millones, según los funcionarios de la administración.

Acevedo Vilá merece que se le reconozca haber presentado una propuesta presupuestaria consistente y seria, que incluye varias medidas destinadas a ser impopulares. Ciertamente, hay mucho en él que se puede cuestionar, pero sus principales puntos trazan el mapa de los pasos iniciales para afrontar el gran problema del presupuesto del ELA.

La propuesta contempla un presupuesto consolidado para 2006 de $25.66 mil millones, un aumento sobre los $24.65 mil millones del año pasado. Los fondos generales, consistentes en los fondos del ELA, serían de $9.68 mil millones, $1.23 mil millones por encima del presupuesto del año pasado.

Acevedo Vilá justificó el aumento diciendo que va destinado a pagar el déficit de este año, pero el Portavoz de la Cámara, José Aponte, indicó que el gobernador había dicho en público que el presupuesto para el año próximo no sería mayor que el del presente.

El aspecto más importante del discurso puede que hayan sido las medidas que propone para reducir el tamaño de la abultada burocracia del ELA. Además del recorte de 5.233 puestos de trabajo, Acevedo Vilá ofreció una bonificación por jubilación de $2,000 a los empleados del gobierno con un máximo de 30 años de servicio. Otros incentivos ofrecerían plenos beneficios máximos por jubilación a los trabajadores con entre 25 y 30 años de servicio. Unos 18.091 empleados públicos reúnen los requisitos para este programa.

La consolidación de 18 agencias del gobierno también es una medida positiva, pero los cambios afectan principalmente a agencias del gobierno marginales con presupuestos minúsculos. Algunas de las más grandes agencias del gobierno, como Policía, Salud y Educación, obtienen unos saludables aumentos, pero no hay señales de que se esté trabajando en grandes cambios administrativos.

Más constructiva resultó la promesa del gobernador de poner fin a los subsidios a las corporaciones públicas, como la problemática Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que ha estado recibiendo $400 millones anuales del Tesoro y el Banco de Desarrollo del Gobierno. Acevedo Vilá justamente pinto a las subsidiarias como „un doble tributo para el asalariado medio". Pero sin esto, el coste del servicio de suministro de agua sin duda subirá.

El Nuevo jefe del ejecutivo también presentó unas arriesgadas nuevas iniciativas tributarias, que probablemente irriten tanto a la clase media como a la más pequeña pero más poderosa clase alta. Dijo que quería que tuvieran efecto durante dos años, hasta que una amplia reforma tributaria y fiscal pudiera promulgarse. La cuestión del momento escogido resulta un paso inteligente, ya que remodelar el sistema tributario sin que tenga impacto sobre los ingresos llevaría al menos ese tiempo.

Acevedo Vilá ha propuesto una legislación para eliminar 35 exenciones, muchas de ellas sobre necesidades básicas como pañales, ropa, medicamentos y alimentos, del impuesto general sobre consumos específicos del 6,6 por ciento, con unos ingresos adicionales para el gobierno estimados en $639 millones. La propuesta podría ser una medida necesaria para garantizar la estabilidad financiera del gobierno, pero esa conjetura deberá ser probada ante las vistas legislativas sobre el presupuesto encabezadas por el Partido Nuevo Progresista.

Desde luego, quita validez al argumento que Acevedo Vilá ha hecho en contra de la imposición de un impuesto sobre el consumo como regresivo, prejudicial para la clase trabajadora y pobre más que para los que ganan un salario más alto. Si un impuesto sobre el consumo es más regresivo que el actual impuesto sobre consumos específicos, también se debe a las muchas exenciones que existen.

Los economistas llevan mucho tiempo argumentando que el impacto del impuesto sería menor sobre el consumidor si el impuesto se recaudara al final de la cadena de distribución, como en el caso de un impuesto sobre las ventas, en lugar de al inicio, como en el actual impuesto del 6,6 por ciento. Y los que proponen un impuesto sobre las ventas siempre han discutido la propuesta como una sustitución del impuesto sobre consumos específicos.

La comunidad empresarial probablemente se muestre recelosa ante la propuesta de aumentar las tasas bancarias para los bancos y promulgar un impuesto uniforme del 20 por ciento sobre las ganancias del capital, que actualmente oscila entre el 5 por ciento y el 25 por ciento. El gobernador también busca el modo de sacar $30 millones adicionales al año aumentando el coste del registro de vehículos en los coches de lujo.

Han habido muchas críticas sobre el plan por parte de los legisladores del PNP que controlan el Capitolio. Algunos argumentan que los recortes en el gasto no van lo suficientemente lejos, mientras que otros critican las opciones que Acevedo Vilá ha tomado — tales como eliminar las exenciones del impuesto sobre el consumo en artículos de necesidad básica.

Las charlas sobre el presupuesto han sida buenas, dado que los legisladores del PNP tendrán más oportunidades de lo normal para afectar la política presupuestaria dado que controlan la Legislatura.

Ahora que el acuerdo tripartito sobre un proyecto de ley de compromiso sobre el status parece estar más cerca, el debate sobre el presupuesto puede empezar finalmente.