18 de febrero de 2005
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El camino hacia el status: un recorrido difícil
A comienzos de esta semana, el recién electo Gobernador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, dio inicio al debate del status político de la isla al enviar una carta al Presidente Bush pidiendo que proceda a otorgar a los isleños la opción entre una Asamblea Constitucional, que él prefiere, o un plebiscito con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, lo que apoya la oposición del Partido Nuevo Progresista (PNP), que actualmente tiene control de ambas cámaras de la legislatura de Puerto Rico.
La Asamblea de Acevedo consistiría en 100 representantes de partidos políticos con distintos enfoques sobre el status que se reunirían hasta llegar a una posición de consenso con la que se solicitaría al Congreso un proceso de plebiscito. Acevedo está buscando la bendición de Washington para proseguir con este enfoque.
Hasta la fecha, la Casa Blanca ha reconocido haber recibido la carta de Acevedo, pero no ha emitido respuesta alguna. Es obvio el deseo del Gobernador de ponerse al frente de este asunto en Washington donde, en final de cuentas, se tomarán las decisiones. El Grupo de Trabajo del Presidente, que está trabajando en la elaboración de opciones de status para Puerto Rico que sean consistentes con lo que estipula la Constitución de los Estados Unidos, tiene el encargo de emitir su informe no mas tarde de diciembre de este año, pero fuentes allegadas al proceso le han informado al Herald que los resultados del estudio del grupo pueden anticiparse mucho antes de esa fecha.
Un vocero de la oficina del Comisionado Residente, Luis Fortuño (PNP), indicó que el congresista está al tanto de la carta del Gobernador y que "ya se ha puesto en contacto con las autoridades pertinentes". También indicó que el asunto ya estaba propuesto cuando los dos funcionarios electos desayunaron juntos la semana pasada en La Fortaleza. De acuerdo con un informe de la prensa local, ambos "estuvieron de acuerdo en estar en desacuerdo" en cuanto al proceso apropiado para dar curso al asunto del status. "Finalmente", dijo el representante de Fortuño, "será en el Congreso de los Estados Unidos dónde se decidirá el asunto".
El ex-Gobernador, Pedro Rosselló, ahora un Senador representando el distrito de Arecibo, criticó la reunión entre Fortuño y Acevedo en que trataron sobre el status diciendo que fue "inútil", ya que es un asunto que debe ser iniciado por la legislatura. Un informe de Prensa Asociada ayer citó al Senador Rosselló atacando al Gobernador: "El lugar para determinar política pública en asuntos fundamentales tales como el status es en la legislatura. La legislatura lo ha invitado a venir a discutir su posición en torno al status de Puerto Rico".
La idea del Gobernador se tornó en una "muerta al llegar" cuando se presentó ante la legislatura de Puerto Rico, sumamente hostil contra la idea. En uno de sus primeros actos, el Senado rechazó la medida de votar el 10 de julio para decidir si los puertorriqueños deben escoger entre la propuesta del PNP o la creación de una Asamblea Constitucional sobre el status. Lo cierto del caso es que la Casa Blanca podría fácilmente hacerle poner un timbre a la carta del Gobernador que diga: "devolver al remitente".
La propuesta que prefiere el PNP, que ya ha sido aprobada por el nuevo Senado de Puerto Rico, estipula que los isleños primero "acordarían" aceptar el proceso en un referendum votando "sí o no" a presentar una petición al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos para que se provea un método que cuente con el apoyo federal a fin de lograr una relación con los Estados Unidos que "no sea colonial, ni territorial".
Hasta la fecha, las únicas opciones "no-territoriales" previamente definidas por el Congreso de los Estados Unidos son: 1) asociación permanente con los Estados Unidos a través de la estadidad, 2) plena soberanía para Puerto Rico a través de la independencia, y 3) plena soberanía a través de independencia junto con un tratado de asociación con los Estados Unidos que podría ser cancelado por cualquiera de las partes en cualquier momento.
Sólo escogiendo una de estas tres opciones Puerto Rico se separaría de su actual status como "territorio no-incorporado" de los Estados Unidos. Sólo mediante la selección de la opción de estadidad podrían las personas nacidas en la isla recibir la ciudadanía estadounidense.
Este tablero de juego tiene a los líderes del PPD y a los que apoyan el Estado Libre Asociado preocupados por cualquier proceso que se inicie en Washington. Ninguna de las opciones arriba mencionadas dejaría en su lugar al status actual del Estado Libre Asociado, un resultado que sería desastroso para la base política del PPD. Populares bien arraigados siempre han tomado la posición que el status actual fue designado como permanente por la Constitución de Puerto Rico del 1952 y que por lo tanto no hay necesidad ninguna de reemplazarlo. Su argumento antes los miembros del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es que Puerto Rico podría verse provisto de derechos civiles plenos mediante "mejoras" a la relación existente.
Como las deseadas "mejoras" incluyen autoridad para ratificar tratados y la capacidad de exonerar a la isla de ciertas leyes de los Estados Unidos, la posición del PPD no ha logrado convencer a los expertos en la Constitución de los Estados Unidos. En definitiva, sus conclusiones han sido que los Estados Unidos no pueden otorgar a su territorio cosas que no pueden otorgar a ninguno de los estados. Tal como dijo el Representante Patrick Kennedy (D-RI): "Si Puerto Rico logra esas mejoras, yo quiero lo mismo para Rhode Island".
La mayoría de los activistas del PNP ven la preferencia de Acevedo Vilá por una Asamblea Constitucional como una táctica para estancar cualquier medida real que promueva una solución de un status permanente para Puerto Rico. Se predice que los partidos políticos que dominarían el debate en tal Asamblea cuentan con retórica milenaria de exageraciones y medias verdades, que en fin de cuenta harían que el proceso se estancara. Tal resultado proveería con los argumentos necesarios a los cabilderos del Gobernador en Washington para proclamar la gran noticia a sus contactos en el Congreso de que los puertorriqueños "no están listos" para decidir entre estadidad e independencia, de modo que sería mejor deferir el asunto al futuro.
Para el PNP, más demoras son inaceptables para los casi 4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en la isla, sin la debida representación en el Congreso y sin poder para votar por el Presidente cada cuatro años. 107 años son suficientes, dicen, tanto para Puerto Rico como para el gobierno federal, para unirse en busca de un status político permanente para la isla.
La actual realidad política en Puerto Rico pone en tela de juicio si cualquiera de las propuestas contará con el apoyo de La Fortaleza, ahora en manos del PPD, y de la legislatura, controlada por el PNP. Tal vez sólo una fuerte expresión popular de los puertorriqueños en favor a que se inicie un proceso llevará a los políticos a una posición de compromiso permitiendo que se celebre un plebiscito dentro de los próximos cuatro años en que habrá un gobierno "compartido" (léase: "hasta ahora dividido") en la isla.
¿Qué opina usted? ¿Deben La Fortaleza y la legislatura encontrar puntos de convergencia para comenzar un proceso que permita a Puerto Rico alcanzar un status político permanente?
