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THE WASHINGTON TIMES
Muchos están molestos con los dirigentes de
Puerto Rico
por Gina Cavallaro
13 de febrero de 2000
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reservados.
SAN JUAN, Puerto Rico - La cuestión de si la Marina
de Guerra debe abandonar las instalaciones en Vieques y en qué
momento ha creado nuevas divisiones entre los puertorriqueños,
quienes hace menos de dos semanas disfrutaban de lo que parecía
ser un firme consenso en contra de los bombardeos.
Con el anuncio efectuado el 31 de enero por el gobernador de
Puerto Rico, Pedro Rosselló, de que había alcanzado
un acuerdo sobre Vieques con la Casa Blanca en el cual se estipulaba,
entre otras cosas, la reanudación de las prácticas
de tiro con munición inerte, el consenso se hizo añicos.
Una semana después, el presidente Clinton le pidió
al Congreso $2,5 millones para desarrollar un mecanismo que se
ocupe del status político de Puerto Rico. Rosselló
quiere que Puerto Rico, un territorio libre asociado estadounidense
cedido por España en 1898 tras la guerra Hispano-Americana,
se convierta en el estado 51 de la Unión.
La proximidad de los dos anuncios motivó numerosas acusaciones
de que el gobernador había negociado a espaldas de su comité,
canjeando concesiones en Vieques por un compromiso de la Casa
Blanca sobre el status.
Pero el gobernador y el secretario de estado de Puerto Rico,
Angel Morey, quien representó a Rosselló en las
negociaciones sobre Vieques, negaron que hubiera vinculación
entre ambos temas, señalando que la decisión de
la Casa Blanca de contribuir a clarificar el status de la isla
había sido el resultado de años de labor.
La muerte accidental de un guardia de seguridad privado que
prestaba servicios en un puesto de observación de la Armada,,
ocurrida en abril de 1999, condujo a la inmediata paralización
de los ejercicios y generó numerosas críticas sobre
los efectos de la actividad de la Marina de Guerra en el medio
ambiente y en la salud de los habitantes.
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