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THE WASHINGTON TIMES
La impotencia de Puerto Rico para detener los ejercicios
de la Marina
por Pedro Rosselló
19 de octubre de 1999
Marca Registrada © 1999 THE WASHINGTON TIMES. Todos los derechos
reservados.
Imagínese que el estado en el cual habita contiene una
comunidad insular en la cual la Marina de Guerra ha estado realizando
ejercicios de entrenamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Amontonadas
en la porción central de esta isla, de escasas 50 millas
cuadradas, y puestas en el medio del terreno controlado por la
Armada, están las viviendas de 9300 conciudadanos suyos.
Durante más de medio siglo, esta gente subsiste a escasa
distancia de constantes bombardeos aéreos y marítimos,
a menudo con munición real; su industria pesquera ha sido
permanentemente desbaratada; sus exquisitos arrecifes de coral
fueron destrozados por los proyectiles y los vehículos
anfibios; sus esfuerzos por desarrollar el excepcional potencial
turístico de la isla ha sido abortado por un ambiente de
zona de guerra; bahías bioluminiscentes con características
únicas, especies salvajes en vías de extinción
y sitios arqueológicos precolombinos son puestos constantemente
en peligro por maniobras militares; las tasas de incidencia de
cáncer en la población local exceden significativamente
la media estadual; el desempleo es desproporcionadamente alto.
La Marina firma un memorándum formal de entendimiento
con el gobierno del estado, en el cual se compromete a fomentar
el desarrollo económico y proteger el bienestar de la isla
y de sus habitantes. Pero 16 años después, en 1999:
- El memorándum es letra muerta, ya que se respetan
más las formas que la observancia de sus contenidos.
- Surge a la luz que 263 proyectiles cargados con uranio agotado
fueron disparados en la isla desde un jet militar.
- Un extenso historial de periódicos errores de esa
naturaleza alcanza su pico más alto con el accidente
producido durante un bombardeo aéreo, que cobra la vida
de un residente local y causa heridas a otros cuatro.
Ahora imagínese que la población de su estado
se levanta unánimemente para reclamar que la Marina se
lleve sus asaltos a otra parte y deje a la isla en paz. Su gobernador,
con el solidario apoyo de las principales agrupaciones cívicas,
religiosas y políticas del estado, peticiona formalmente
al presidente que ordene el retiro de la Armada. Sus senadores
y sus representantes en el Congreso toman la causa de quienes
los eligieron y de manera unánime respaldan el movimiento.
Ahora viene la parte difícil. Imagínese lo que
sucede a continuación.
Usted se levanta una mañana y descubre que no tiene
más ningún poder federal. Los residentes de su estado
han sido privados de su derecho a votar para elegir presidente;
su delegación en el Congreso ha sido reducida a un simple
delegado, sin derecho a voto, en la Cámara de Representantes;
y los influyentes amigos de la Marina en Capitol Hill están
presionando a la Casa Blanca para que rechace la virtualmente
unánime petición que le fue presentada en su nombre
y en el de sus vecinos de todo el estado.
En esencia, esta es una historia verdadera. El estado en cuestión
es Puerto Rico, donde una población que alcanza a 3.9 millones
de ciudadanos americanos ha sido obligada a soportar la falta
de poder federal como territorio durante 101 años. Por
lo tanto no perdimos súbitamente nuestro derecho a votar
o la facultad de legislar. Nunca tuvimos ninguno.
La isla a la cual me estoy refiriendo es Vieques. En las afueras
de Puerto Rico, su nombre resulta poco familiar y su lucha, ampliamente
desconocida. Lo mismo puede decirse de los sacrificios y el heroísmo
de los cientos de miles de puertorriqueños que han servido
en las fuerzas armadas de los Estados Unidos a lo largo de este
siglo, entre los que se incluyen docenas de generales y almirantes
y cuatro hombres que recibieron la Medalla de Honor.
La liberación de Vieques de décadas de estado
de sitio militar es una causa que podría resolverse en
un abrir y cerrar de ojos. Y así sería si Puerto
Rico tuviera igualdad cívica como estado de la Unión.
Sin embargo, ante la privación de los derechos ciudadanos
del pueblo la cuestión se mantiene en estado de duda:
- Un Panel Especial sobre Operaciones Militares en Vieques
designado por el presidente todavía debe presentar un
informe, pasadas seis semanas de la fecha establecida como plazo.
- Prominentes miembros de la Comisión de Servicios Armados
del Senado de los EE.UU. se han comprometido a oponerse al retiro
de la Marina en la reunión que realizará la Comisión
el 19 de octubre para tratar el tema.
- Oficiales Navales superiores y personal del Departamento
de Marina han tenido la osadía de cuestionar el patriotismo
de los ciudadanos americanos de Puerto Rico.
La escena está preparada para un espectáculo
trágicamente lamentable. El poder será ejercido
en contra lo correcto. Y el poder prevalecerá, a menos
que nuestros conciudadanos a lo largo y a lo ancho de América
se unan detrás del pueblo de Puerto Rico en una dramática
demostración de la decencia humana y el sentido de justicia
que tradicionalmente han caracterizado al espíritu americano
en momentos críticos como este.
Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico, es
el principal propulsor de la estadidad para este territorio caribeño.
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