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CABLE DE NOTICIAS DE ASSOCIATED PRESS
Rosselló reclama que la Marina de Guerra de
los EE.UU. se retire del campo de tiro
por Chris Hawley
1 de julio de 1999
Marca Registrada © 1999 THE ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos
reservados.
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) - Citando una historia de bombas
perdidas y daño ambiental, el gobernador puertorriqueño,
Pedro Rosselló, dice que tratará de expulsar a
la Marina de Guerra de una remota isla.
"Va a ser una lucha, estamos todos de acuerdo en eso,
pero estamos todos comprometidos", dijo Rosselló el
miércoles al respaldar el informe de una comisión
gubernamental que reclama el retiro de la Marina de Guerra de
la isla de Vieques.
Rosselló -partidario de la estadidad para este territorio
estadounidense- se unió a los políticos locales
de todos los partidos en el respaldo al informe. El creo la comisión
luego de que un guardia civil muriera en un accidente ocurrido
durante una práctica de bombardeo en el campo de tiro.
Rosselló dijo que considera nulo el acuerdo de 1983
entre la Marina de Guerra y el gobierno de Puerto Rico, porque
la Marina no ha cumplido sus promesas de proteger el medio ambiente
y la seguridad de los 9300 residentes de la isla.
Oficiales de la Armada insisten en que Vieques, el único
campo de tiro con munición real en el Atlántico,
es vital para la seguridad nacional. En los años 40, la
Marina de Guerra ocupó dos tercios de la isla, que tiene
18 millas de largo y 4 de ancho, y está situada a poca
distancia de la costa oriental de Puerto Rico.
El capitán James Stark Jr., Comandante de la Roosevelt
Roads Naval Station que supervisa el campo de tiro, declinó
hacer comentarios sobre el informe, pero dijo que los militares
están "buscando soluciones que beneficiarán
al pueblo de Vieques al mismo tiempo que mantendrán nuestra
obligación de entrenar fuerzas militares para defender
nuestra nación".
La oposición a la presencia de la Marina de Guerra cobró
fuerza a partir de que un guardia civil fue asesinado el 19 de
abril, cuando dos bombas de 500 libras fueron arrojadas fuera
del blanco. El mes pasado, la admisión de la Marina de
que en febrero había arrojado por error en la isla proyectiles
cargados con uranio radioactivo -violando leyes locales y federales-
alimentó las preocupaciones de que la Marina haya estado
ocultando similares accidentes.
El informe de 300 páginas de la comisión detalla
que cinco bombas fueron lanzadas a una milla de las viviendas
en 1993 y que un vehículo del gobierno fue alcanzado por
balas perdidas de una ametralladora en 1997.
El panel afirma que los frecuentes bombardeos espantan a los
turistas e inversores, lo que da como resultado un ingreso promedio
un 30 % menor que el de la isla principal. La tasa de incidencia
de cáncer es por lo menos un 40 % más alta en Vieques
que en el resto de Puerto Rico, según investigadores de
la Universidad de Puerto Rico. Los residentes afirman que sus
problemas de salud se deben a los residuos tóxicos de los
explosivos.
"El daño es real", dijo Mario Gaztambide,
miembro de la comisión. "Esta no es una cuestión
de Puerto Rico contra los Estados Unidos... esta es simplemente
una cuestión de justicia para Vieques".
Los miembros de la comisión sostienen que los ejercicios
militares ponen en peligro el lugar donde se reproducen y crían
especies en extinción: el manatí, la tortuga marina,
los arrecifes de coral, pelícanos y bahías llenas
de plancton luminiscente. Pero declaraciones sobre el impacto
ambiental presentados por la Marina sostienen que los ejercicios
tienen poco efecto sobre el medio ambiente.
Los residentes de Vieques, "como el resto de los ciudadanos",
tienen el inalienable derecho a disfrutar la vida, la libertad
y la propiedad y a buscar la felicidad", dijo Rosselló.
"Las actividades de la Marina de Guerra de los Estados Unidos
de América en la isla de Vieques constituyen una violación
de esos derechos fundamentales garantizados por la constitución".
A pedido de Rosselló, el presidente Clinton ordenó
que el Departamento de Defensa designase un panel para estudiar
el problema de Vieques.
Cumpliendo las ordenes de Clinton, el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos designó un panel de cuatro hombres
para evaluar si los militares debían continuar los ejercicios
de tiro con munición real en Vieques. El panel debería
presentar sus conclusiones en Agosto.
Los puertorriqueños criticaron ese panel por tener sólo
un miembro civil. La comisión puertorriqueña incluyó
miembros de diferentes partidos: del que respalda la estadidad,
del que apoya el mantenimiento del Estado Libre Asociado y del
independentista, pero no representantes militares.
Ante la continua presión de la opinión pública
y de la actividad política, Rosselló dijo que tendrá
a mano proyectos de interdicción para detener los bombardeos
y una acción judicial colectiva.
"Si no conseguimos las respuestas que queremos, siempre
podemos tomar otra acción", señaló.
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