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OPINIÓN

Histórico voto por el cambio en Puerto Rico

por Luis A. Ferre*

14 de diciembre de 1998

Significativamente, a tres días del centenario del Tratado de París, por el cual España cedió Puerto Rico a los Estados Unidos, el electorado de nuestra isla votó por que el Congreso continúe el proceso para resolver el status político de la isla.

Asimismo, los votantes del plebiscito del Domingo rechazaron masivamente el status quo del Estado Libre Asociado (ELA), en vigencia desde 1952, que provee autogobierno pero al mismo tiempo le niega a nuestros 3,8 millones de ciudadanos estadounidenses la representación con derecho a voto en el Congreso y la posibilidad de elegir al presidente que, como Comandante en Jefe, los ha enviado a luchar desde la Primera Guerra Mundial.

Con la misma claridad se expresó el deseo del electorado de hacer permanentes sus lazos con los EE.UU., y otorgar garantías constitucionales a sus ciudadanías americanas estatutarias: una meta que sólo se puede alcanzar con la estadidad.

Los ciudadanos americanos de la isla están claramente insatisfechos con la actual relación, que los relega a ciudadanos de segunda clase y permite que el Congreso continúe aprobando legislación discriminatoria que limita la aplicación de programas federales mientras ellos permanezcan en la isla.

No resulta extraño entonces que casi tres millones de puertorriqueños se hayan mudado al continente, buscando los beneficios de la estadidad que le son denegados en su tierra. Ni siquiera el prospecto de la aplicación de tasas federales, inaplicables actualmente en Puerto Rico, ha podido disuadir esta campaña por el derecho a votar y la igualdad.

Ahora los puertorriqueños de todas las tendencias políticas han expresado en voz alta y clara que no pueden seguir soportando un status político, el ELA, que les niega el derecho a expresarse y a participar igualitariamente en su gobierno.

La fuerza demostrada por la opción "ninguna de las anteriores" subraya el deseo del votante de que el Congreso tome el control de este proceso y defina claramente las opciones realmente disponibles para que el pueblo de Puerto Rico pueda rectificar esta situación de injusticia.

Sólo resta que el Congreso y el pueblo americano reconozcan nuestra decisión de autodeterminación y concluyan el proceso que conducirá a un status político permanente: o la independencia o la estadidad.

De todas maneras, la estadidad fue escogida por la abrumadora mayoría de los residentes insulares que votaron por una opción específica de status. La estadidad es, para mí, el único status político que hará realidad esta lucha.

El camino hacia la estadidad, que la mayoría de los residentes de la isla finalmente decidió escoger en lugar de la independencia, requiere necesariamente un período de transición en el cual el Congreso y Puerto Rico deberán trabajar conjuntamente para definir los términos y condiciones que deben ser satisfechos para ver cristalizado ese objetivo.

Nuestra devoción de Puerto Rico por la Constitución y la democracia está siempre en primer lugar y más de 200 mil puertorriqueños las han defendido en el exterior desde 1917. Más del setenta por ciento del electorado registrado participó en el plebiscito (en comparación con apenas el 37% de votantes del continente que participó en las elecciones de Noviembre último (mid-term elections).

Existen todavía algunos líderes nacionales que piensan que nuestro idioma, cultura y situación económica son obstáculos para la admisión o que directamente impiden esa posibilidad.

Sí, los puertorriqueños queremos preservar nuestro idioma y cultura. Sí, también queremos tener fluidez universal en el idioma inglés y plena integración con la corriente dominante en América. Pero, como cualquier visitante puede atestiguar, Puerto Rico es tan americano como hispano. Y nadie puede negar que la fluidez en el idioma inglés es el camino de las oportunidades económicas para Puerto Rico, como lo es para el resto del mundo.

Sí, queremos cerrar la brecha económica que existe entre Puerto Rico y los estados. Aquí nadie es feliz con un ingreso per capita equivalente a la mitad del de Mississippi. Pero nuestro progreso económico, o la falta del mismo, son el resultado directo de la incertidumbre de nuestro status territorial. Como Hawaii y Alaska lo han demostrado recientemente, la plena integración con los Estados Unidos trae consigo una aceleración del crecimiento económico que incluye inversiones, puestos de trabajo y mejoras en el nivel de vida.

Dado que América no tiene un idioma oficial, mantener tanto el inglés como el español como nuestras lenguas oficiales está en un todo de acuerdo con la Décima Enmienda, que reserva a los estados aquellas facultades no delegadas al gobierno federal. De la misma manera, nuestra herencia está asegurada, ya que es compartida con los 30 millones de hispanos del continente que, hacia el 2005, conformarán la primera minoría de la nación.

Quizás el impedimento más significativo para la aceptación universal en Puerto Rico haya sido el escepticismo de que el Congreso actúe favorablemente ante una petición de estadidad. Este escepticismo no resulta infundado, dada la combinación de intransigencia parlamentaria con 100 años de status neocolonial.

Eso hace que el resultado del plebiscito sea realmente histórico. Este voto por el cambio en general, y por la estadidad en particular, fue posible gracias a que el Congreso se volvió más receptivo a la idea de estadidad, al mismo tiempo que estableció que el status quo no tiene carácter permanente y es incapaz de proveer igualdad constitucional.

Esta actitud es el resultado de una reciente serie de audiencias e informes que indagaron sobre el actual status de Puerto Rico y las opciones políticas alternativas que permitirían revertir el status de segunda clase de los isleños y poner fin al último vestigio de colonialismo estadounidense.

Seguramente, a pesar de los inevitables obstáculos inherentes a los procesos de autodeterminación y admisión de la estadidad, los entusiastas de la última opción van a incrementarse en Puerto Rico en directa proporción a la aceptación por parte del Congreso, tal como sucedió con Alaska y Hawaii.

Sin embargo, para que triunfe finalmente la estadidad, el pueblo americano y la ciudadanía de Puerto Rico deben ser convencidos de sus mutuos beneficios. Los Estados Unidos se enriquecerán con el estado de Puerto Rico, aquí y en el exterior, y los puertorriqueños por fin participarán plenamente en el sueño americano.

Estoy seguro que una vez que el Congreso haya asumido sus responsabilidades bajo la Cláusula Territorial de la Constitución y definido las opciones de status realmente disponibles para el pueblo de Puerto Rico, éste elegirá la estadidad.

Inevitablemente, tan pronto como los americanos tomen conocimiento de las cuestiones relativas a la estadidad, éstos abrazarán dicha causa, sin importar donde vivan.

Nacido en 1904, y ciudadano estadounidense en 1917 por la ley, anticipo celebrar mi propio centenario bajo una bandera americana de 51 estrellas.

*Luis A. Ferre, antiguo gobernador de Puerto Rico, es el fundador del Partido Nuevo Progresista (pro-estadidad), y actualmente sirve como el Presidente Republicano Estatal de Puerto Rico.