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26 de noviembre de 2004
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El recuento: dos tribunales dictaminan – se engendra una crisis

Al comienzo de la semana, se estaban llevando a cabo en Puerto Rico dos recuentos de los votos del 2 de noviembre, según las órdenes de dos tribunales puertorriqueños con autoridad separada y aparentemente agendas diferentes: el Tribunal Federal de los Estados Unidos en San Juan y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En respuesta a las órdenes de los tribunales, la Comisión Estatal de Elecciones continuó su "recuento general" de los 7,373 colegios de votación alrededor de la isla mientras, a la vez, comenzando con el "Colegio #1" en San Juan, se inició la revisión papeleta-por-papeleta de los casi 2 millones de votos que se emitieron.

El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Aurelio Gracia, que inicialmente rechazó la idea de un recuento voto-por-voto después de las elecciones, asumió una actitud filosófica concluyendo que las órdenes del tribunal habían sido oportunas. "Comenzaba a perfilarse más y más que el recuento sería necesario", comentó a la prensa. Predijo que ese recuento no se terminará hasta fines de diciembre.

Una diferencia muy significativa entre las órdenes de ambos tribunales es en torno al cálculo de 28,000 "votos mixtos" que se estima están dispersos entre todos los colegios de la isla. Estas son papeletas en las que el votante puso una marca bajo el logo de un partido, aparentemente pretendiendo seleccionar todos los candidatos de ese partido para las distintas posiciones, pero además añadió marcas sobre los nombres de otros candidatos de otros partidos para Gobernador y Comisionado Residente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó que esos votos fueran contados y acreditados a los candidatos donde aparecen las marcas específicas.

Luego, el martes, el Juez Daniel Domínguez dictaminó que el Tribunal Federal de los Estados Unidos asumiría jurisdicción sobre el asunto de los votos mixtos y ordenó que la Comisión Estatal de Elecciones proceda a contar los votos mixtos pero no a adjudicar su validez. Más aún, han de separarse para ser sometidas a la consideración final de los tribunales federales. Al mismo tiempo, ordenó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que cese de obrar en torno a la disposición de los "votos mixtos". Anteriormente, el máximo tribunal local había dictaminado que los votos mixtos debían contar y ser adjudicados por la Comisión Estatal de Elecciones. La orden del Juez Domínguez contradijo ese proceso.

Cómo se adjudicarán finalmente los votos mixtos indudablemente determinará el resultado de las elecciones. Si se permite que los votos mixtos cuenten, Aníbal Acevedo Vilá con seguridad obtendrá la estrecha mayoría que recibió la noche de las elecciones. Si se determina que los votos mixtos son nulos, se presume que Pedro Rosselló podría ganar por una amplia mayoría. Otra posibilidad es que el tribunal federal podría decidir que los votos mixtos deben contar a favor del partido seleccionado – en este caso el PIP – y entonces Rubén Berríos recibiría un 4% del total de los votos, suficiente para calificar al Partido Independentista Puertorriqueño como un partido oficial en el campo político puertorriqueño.

El que el tribunal federal asuma jurisdicción sobre los votos mixtos, así como otros aspectos del proceso de recuento, está incendiando la retórica política en la isla. Ya los voceros de los partidos políticos están alabando o protestando las órdenes de los tribunales, dependiendo de cómo apoyan sus posiciones.

Cuando el tribunal federal dictaminó el pasado sábado que debía empezar el recuento de voto-por-voto, el "ganador provisional" del PPD, Acevedo Vilá, reconoció que la orden del tribunal federal tenía que respetarse, pero dijo estar decepcionado por el fallo ya que sin duda habría de demorar aún más el desenlace final. Cuando el mismo tribunal emitió la decisión de asumir control del asunto de los votos mixtos, el candidato del PPD mandó a sus abogados al tribunal de apelaciones en Boston para pedir que el fallo sea revertido.

Tal como podía esperarse, el vocero del PNP, Javier Maymi, expresó su satisfacción ante el hecho que las dos solicitudes que había formulado su partido al tribunal federal habían sido concedidas. El tercer asunto que llevó el PNP ante el Juez Domínguez fue el relacionado con el proceso de transición iniciado por Acevedo Vilá, pero es poco probable que los tribunales federales intervengan en ese particular.

La reacción del PIP a las decisiones de los tribunales se emitió a través de su representante en la Comisión Estatal de Elecciones, el Comisionado Juan Dalmau. Prensa Asociada lo citó diciendo que si la elección es en última instancia decidida por un juez federal eso constituiría "el más crudo éxito del colonialismo en Puerto Rico".

Durante una conferencia de prensa el Juez Domínguez expresó sorpresa que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiera un dictamen en torno a los votos mixtos, ya que es algo que está bajo la jurisdicción de su tribunal. Se refirió al dictamen del tribunal local como "un insulto". Una mayoría de los jueces del tribunal máximo de Puerto Rico fueron nombrados por los Gobernadores del Partido Popular Democrático (PPD) que es el que más se beneficiaría si los votos mixtos se determinan válidos, ya que aparentemente la mayoría de las papeletas en disputa fueron emitidas por los votantes del Partido Independentista Puertorriqueño que también pusieron marcas a favor del candidato del PPD, Aníbal Acevedo Vilá.

El Juez Domínguez tomó la decisión de adjudicar los votos mixtos después de concluir que el litigio presentado por el PNP estaba de acuerdo con el precedente de "un hombre, un voto" que estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2000 a raíz de la elección presidencial nacional entre George W. Bush y Al Gore. En una decisión dividida, el tribunal máximo de los Estados Unidos dictaminó en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Florida e intervino para poner fin al recuento que se estaba llevando a cabo en ese estado, por lo tanto confiriendo los votos electorales de Florida a Bush y toda la elección al candidato republicano.

Simultáneamente con la decisión del tribunal federal el martes, el "recuento general" de aproximadamente 40% de los colegios ponía a la delantera al candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rosselló, sobre el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, por un margen de 48.99% contra 47.61%.

La Comisión Estatal de Elecciones paró el recuento el martes en la tarde en espera de las instrucciones finales del tribunal federal respecto a los votos mixtos. El proceso de recuento comenzará nuevamente el lunes para recontar todos los votos emitidos el día de las elecciones y revisar la exactitud del proceso de informe que se llevó a cabo en cada uno de los colegios según los correspondientes precintos y las hojas de resultados de cada precinto que fueron presentadas a la Comisión Estatal de Elecciones y, finalmente, para contar los votos mixtos y separarlos sin acreditarlos a nadie y sin revelar cómo están marcados. Qué pasará con ellos quedará a discreción de los tribunales federales.

Los observadores ante los tribunales están prediciendo que la decisión del Juez Domínguez se basará en tres factores: si los votos mixtos se contaron de la misma manera en todos los colegios, qué instrucciones – si algunas – recibieron los votantes en cuanto a cómo y si sus votos mixtos serían contados y, finalmente, cuál ha sido el claro precedente establecido en previas elecciones sobre cómo se cuentan los votos mixtos.

Esta semana el Herald ofrece a sus lectores la oportunidad de decidir si consideran que fue apropiado que los tribunales federales asumieran jurisdicción en el asunto de los votos mixtos o si es un asunto que debío dejarse en manos de los tribunales locales.

Por favor, emita su voto arriba.

Pregunta de esta semana:

¿Considera ud. que fue apropiado que los tribunales federales asumieran jurisdicción en el asunto de los votos mixtos, o es un asunto que debío dejarse en manos de los tribunales locales?

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EU . Residentes
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61%
Los tribunales federales deben decidir

60%
34% Los tribunales locales deben decidir

36%
5% Sin opinión

4%
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