Un ejército de agentes del Servicio de Recaudación de Impuestos y del Departamento Federal de Investigaciones, se apoderaron de documentos relacionados con el plan de salud del sindicato, que ha servido de catalizador de la presente huelga. Citando un informe preliminar de la Oficina del Comisionado de Seguros del ELA poniendo al descubierto que se habían malgastado millones en la administración del plan por parte de la UIA, el Jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, Jorge Rodríguez, suspendió la aportación de fondos al mismo, contratando una aseguradora independiente para ofrecer cobertura similar a los miembros del sindicato. Esto ocurrió encima de un año de fallidas negociaciones para una nueva negociación del convenio colectivo que expiraba en 2003.

Probablemente existen pocas dudas sobre que, actuando con una orden de búsqueda legítima, los agentes federales tenían buenas razones para ir a la caza de los documentos. Después de todo, las autoridades del ELA ya estaban investigando a los líderes sindicales por evasión de impuestos, y las informaciones de la prensa local indicaban que el jefe la UIA, Héctor René Lugo, supuestamente pagaba al mes $400,000 en efectivo para liquidar una antigua deuda fiscal.

Pero incluso Rodríguez, que remitió las acusaciones de mala administración a las autoridades federales, calificó la oportunidad del asalto de "lamentable." No queda claro cuándo podrán reanudarse las negociaciones, ya que Lugo dijo que las repercusiones del asalto tendrían que aclararse antes de que las negociaciones pudieran seguir adelante. Y para Puerto Rico, lo mejor que podría pasar sería que el paro laboral terminase antes del Día de las Elecciones.

El mal momento escogido por los federales (¿porqué no actuaron antes de la huelga o esperaron hasta después de que se llegara a un acuerdo como estaba previsto para esta semana?) solo agrandará las sospechas sobre las motivaciones de las autoridades federales en Puerto Rico.

Incluso el Partido Nuevo Progresista, pro estadidad, ha acusado a la Oficina local del Fiscal de perseguir a sus miembros por motivos políticos. Y los seguidores del Partido Popular Democrático solo necesitan recordar los últimos días de la campaña electoral del 2000, cuando agentes federales, actuando bajo las órdenes de un juez local federal, congelaron los fondos del partido para resolver la disputa sobre un pago. El Partido Independentista Puertorriqueño puede señalar a la complicidad federal durante décadas en recopilar expedientes sobre los partidarios independentistas, dando lugar a preguntas sobre las motivaciones de las agencias federales.

El asalto también se ha producido a continuación del proceso federal contra dos importantes cargos del sindicato de policía que se apropiaron ilícitamente de más de $2 millones de sus miembros. Mientras los puertorriqueños, en su conjunto, quieren que los federales luchen contra el crimen dondequiera que se encuentre, incluso si es dentro de un partido político o sindicato, la gente está empezando a sospechar que el movimiento obrero puede ser el objetivo de los fiscales federales.

El resultado final —el lado más prejudicial del asalto -- es que probablemente retrase la resolución del actual conflicto. Debilita de forma inmediata la mano del gobierno

No se equivoquen: el gobierno, sea cual fuere el partido en el poder, debe enfrentarse al sindicato respecto a la actual relación trabajadores-dirección que ha hecho aparentemente imposible realizar muchas mejoras en la empresa de servicio público, sin tener en cuenta quien tenga el control. Después de todo, poco pudieron hacer. El sindicato, ambos dijeron, estaba al cargo en la corporación pública y había hecho imposible su gestión.

Si la empresa de servicio público fuera un interés privado, el sindicado de ninguna manera estaría demandando lo que está pidiendo en términos de aumento de la paga y otros beneficios que los responsables de la AAA afirman costarían otros $350 millones a lo largo de la vida del contrato de cuatro años.

Sabrían que la empresa iría a la quiebra. Pero eso no importa cuando se trata de una empresa pública que pierde más de $100 millones al año.

El gobierno debe no solo reducir a escala la fuerza laboral de la AAA, la restrictiva escala de puestos de trabajo y los beneficios descontrolados, también debe aumentar las tarifas del agua, entre las más baratas de la nación, para pagar las mejoras necesarias en la empresa de servicio público.

No obstante, la inoportunidad del momento escogido para el asalto federal, solo servirá para menoscabar estos sólidos argumentos. La administración de la AAA probablemente se verá menoscabada por las sospechas de complicidad con la actuación federal. De hecho, los líderes sindicales ya están culpando a Rodríguez del asalto.

No es probable que nada de lo que es preciso hacer para dar un giro a la atribulada empresa de suministro de agua ocurra durante una temporada de elecciones. Esta es la razón por la cual lo mejor sería que los negociadores de la AAA dejaran a un lado cuestiones como el aumento de salarios hasta después de las elecciones, y entre tanto hicieran lo preciso para acabar con esa huelga.

Después del asalto, esa difícil propuesta puede haberse tornado imposible. Pero los líderes políticos deben resolver esta crisis. Son los que, tanto desde el PPD como del PNP, a lo largo de los años han dejado caer una lluvia de cosas buenas sobre el sindicato en su incesante caza de votos.