Encolerizados por una serie de medidas del gobierno y animados por la política en un año de elecciones, un grupo de sindicatos está pensando en una huelga nacional para forzar a la Administración a atender sus quejas.

Mientras la Administración Calderón no ha cedido ante las demandas de los líderes laborales, tampoco ha mostrado un firme liderazgo en la cuestión tal como se requiere si el inflado gobierno del ELA piensa alguna vez ser más eficiente para el bien del pueblo puertorriqueño en general.

La crisis laboral es una cuestión en la cual el status de la Gobernadora Calderón como gobierno quemado, es una clara ventaja en lugar de, como es generalmente el caso, un inconveniente. Y esto es debido a que ningún político que esté buscando un puesto de liderazgo en noviembre se atrevería a confrontar al sector de forma significativa durante un año electoral. Lo que es peor, muchos están alimentando el fuego en un intento por lograr una ventaja electoral sobre sus oponentes.

Los políticos del Partido Nuevo Progresista e Independentista Puertorriqueño están atacando a la Administración como anti trabajadores, mientras que los políticos del Partido Popular Democrático patrocinan legislaciones irresponsables que la gobernadora se ve obligada a vetar.

Gran parte de las discusiones provienen del sindicato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Está negociando un nuevo acuerdo colectivo con la Administración del ELA, que recientemente recuperó la gestión del servicio público tras una década de gestión privada. El sindicato de la AAA está particularmente molesto porque sus nuevos jefes del gobierno han cancelado un plan sanitario gestionado por el sindicato tras una auditoria en la que se hallaron supuestas irregularidades en los gastos, y lo están reemplazando por uno ofrecido por un segurador privado.

Pero otros sindicatos, con sus propios motivos de queja, se están agrupando en una postura unificada contra la Administración y amenazan con una huelga general. Los trabajadores de la electricidad estatal se quejan de que el servicio público está rentando demasiados puestos de trabajo a contratistas privados, Los trabajadores de Puertos se quejan de las medidas disciplinarias tomadas contra sus miembros y los sindicatos de la asistencia sanitaria están indignados ante el veto de Calderón a una medida que hubiera establecido un salario mínimo para las enfermeras de la isla.

Los sindicatos tienen motivos legítimos de queja. Las enfermeras, por ejemplo, están muy mal pagadas, y la situación tendrá que solucionarse o la isla seguirá perdiendo a las de mayor talento, que se están marchando en gran número a por oportunidades mejor pagadas del lado estadounidense.

Pero en la mayoría de los casos, las quejas de los sindicatos parecer formar parte de la negociación de un acuerdo colectivo que es mejor que quede fuera de la política electoral. Y aunque el problema de los salarios de las enfermeras es una cuestión real, la ley propuesta para crear un salario mínimo más alto para ellas no es la solución apropiada.

Los críticos dicen que podría acabar con el negocio de muchos proveedores privados de asistencia sanitaria y podría tener como resultado una disminución en las oportunidades de trabajo para enfermeras aquí y un claro deterioro en el servicio de la asistencia sanitaria. Calderón ha pedido decoro por parte de la Administración y los negociadores sindicales. Pero tenía que haber hecho mucho más el miércoles, un día en el cual los líderes del sindicato AAA gritaron "sangre en las calles" durante una huelga general, y los trabajadores de Puertos convocaron sin contemplaciones un paro de tres días, creando emergencias desencadenadas por la escasez de alimentos y combustible en las ciudades isleñas de Vieques y Culebra mediante la suspensión de los servicios del trasbordador de pasajeros y carga.

La Administración organizó vuelos gratis para los residentes y contrató dos barcazas para llevar comida, combustible y otros artículos de primera necesidad a las dos ciudades de la isla, pero en general se mantuvo callada ante las indignantes acciones tomadas por los trabajadores de Puertos, y el perjuicio real que están causando a los residentes de la isla costera y a otros. Sin mencionar el hecho de que el inicio de una huelga por parte de trabajadores del gobierno se supone que es ilegal, dando a la Administración la opción de ir ante los tribunales, que todavía no ha tomado.

Las acciones de los sindicatos esta semana pueden haber ido claramente más allá de la línea de la opinión pública hasta tal punto que podría ser una ventaja para la percepción sobre la Administración si ésta respondiera con firmeza a las amenazas del sector laboral.

El sindicato de la AAA y sus benefactores políticos, miembros tanto del partido Popular Democrático como del Nuevo Progresista, han ido estrangulando lentamente el servicio de suministro público de agua durante décadas. Lo cual significa no solo que este servicio público pierde millones cada año, si no que su inepta gestión del sistema proporciona a los residentes un suministro de agua escaso en el mejor de los casos. Los residentes lo saben, así como el pésimo servicio proporcionado por otros trabajadores sindicados del gobierno en otras corporaciones y agencias públicas.

La situación laboral es un lugar en el cual Calderón, cuyo ascenso en la vida pública se apoyaba parcialmente en su reputación como una eficiente gestora empresarial, podría todavía dejar su marca en el escaso tiempo que le queda como gobernadora de Puerto Rico.

En especial, porque ella no tiene que ser reelegida en noviembre, una ventaja que casi ningún otro líder político en Puerto Rico tiene en la actualidad. Sus oponentes la atacarán pero, ¿porqué habría de importarle?

Y está claro que aplacar a los sindicatos, como ha estado haciendo con constantes aumentos de salario y otros beneficios dados durante su mandato, no ha funcionado. Continúan golpeándola sobre otras cuestiones, tales como su veto del anteproyecto sobre enfermeras. Los sindicatos continúan criticando a su predecesor, Pedro Rosselló, a pesar de la iniciativa que tomó de permitir que las agencias del gobierno se sindicasen — el mayor empujón al movimiento sindical de la isla en décadas.

Habiendo vuelto a manos del gobierno el servicio público de suministro de agua, la confrontación con el movimiento laboral se ha convertido en algo esencial para el gobierno del ELA