13 de agosto de 2004
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¡La Guardia Nacional al rescate! ¿Una jugada de Sila?
A mediados de julio, después de resistirse a hacerlo durante meses, la Gobernadora Sila Calderón llamó a la Guardia Nacional de Puerto Rico para contrarrestar el creciente ritmo de asesinatos en la isla que son principalmente el resultado de balaceras y actos de venganzas entre narcotraficantes rivales.
Con la tasa de homicidios más del triple del promedio de los Estados Unidos y la creciente indignación pública, la Gobernadora saliente aparentemente se sintió forzada a tomar la decisión. Hasta lo que va de este año, la isla ha sido víctima de 800 casos de crímenes serios, un aumento de más de un 11% en comparación con el mismo período en el 2003. Durante cada año del gobierno de Calderón la tasa de asesinatos ha aumentado o se ha mantenido igual. En el momento en que se activó la Guardia Nacional, esa lamentable estadística era de 30 muertes más que en esta misma fecha el año pasado. De acuerdo con el FBI, en Puerto Rico se están suscitando más asesinatos per cápita que en ningún otro estado de la nación.
Para cuando ella desplazó la Guardia Nacional, la creciente tasa de crímenes se había ya convertido en un tema de campaña e incluso miembros de su propio Partido Popular Democrático (PPD) instaron a la Gobernadora a tomar medidas dramáticas para contrarrestar reproches en contra del PPD en un año electoral. El ex-Gobernador del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló, que va en busca de su antigua oficina en La Fortaleza, ha jurado revertir a una política dura en contra de los narcotraficantes, si es electo. Su rival del PPD, el actual Comisionado Residente Aníbal Acevedo Vilá, se informa que ha estado en repetidas ocasiones instando a la Gobernadora para que actúe de manera decisiva ante esta crisis de crimen.
En calidad de Gobernador, Rosselló se valió de las tropas de la Guardia Nacional en varios caseríos públicos, cuando surgió la necesidad. Después de esas redadas el índice de crimen se redujo substancialmente, pero se registraron muchas quejas contra las tácticas de mucha agresividad empleadas por algunos de los activos de la Guardia Nacional. A pesar de que la política de Rosselló resultó efectiva reduciendo la tasa de asesinatos, la recién electa Gobernadora Calderón lo criticó y envió de vuelta a la Guardia Nacional a sus responsabilidades tradicionales.
Un ex-Gobernador del PNP y Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló, se ha expresado con gran ahínco sobre la inefectividad del gobierno de Calderón suprimiendo las actividades y elementos criminales. "Después de tres años y medio de este mal encausado gobierno, el crimen es más alto que nunca, y más y más ciudadanos se sienten que la situación está fuera de control".
El manejo de la creciente ola de crimen ha sido el "talón de Aquiles" para la Gobernadora, ya que sus muchos intentos de reformar la policía no han sido exitosos. Ha anunciado numerosos planes de reducción del crimen y ha designado cuatro Superintendentes de Policía distintos en sus tres años y medio de gobierno.
El actual Superintendente de Policía, Agustín Cartagena, ocupa el puesto después de tres predecesores que han renunciado en total frustración por lo que alegan ha sido influencia política sobre las operaciones de la policía. Cada uno de ellos hizo la prueba con "nuevas iniciativas para la guerra contra el crimen", incluyendo aumento en las patrullas de policías, el uso de helicópteros para observar áreas de reconocida concentración de actividad de narcotráfico y el uso de unidades con perros K para olfatear en busca de armas escondidas.
Otro problema que enfrenta la guerra contra el crimen en la isla es la peremne presencia de corrupción policíaca. En enero, una docena de agentes estatales y municipales fueron arrestados por la autoridades federales por alegada participación en el tráfico ilegal de armas y drogas. El Superintendente Cartagena públicamente reconoció el problema cuando asumió el puesto, comentando a un reportero de Prensa Asociada que "la corrupción ha aumentado un poco en los últimos dos años y existe la necesidad de supervisión más rigurosa de los oficiales de primer rango que son los que con mayor frecuencia están involucrados en los actos de corrupción".
Sólo meses antes del reciente desplazamiento doméstico de la Guardia Nacional, el gobierno de Calderón anunció una "nueva" política de reemplazo de policías municipales con policías estatales para patrullar los caseríos públicos en Puerto Rico. Rápidamente explicó que esta acción era distinta a la decisión tomada por Rosselló de desplazar la Guardia Nacional para el mismo fin, explicando que estos oficiales de la ley y el orden serían capacitados para ser "parte de la comunidad".
?Luego, en su cambio de opinión respecto a su larga adversión en contra, la Gobernadora ordenó salir a la Guardia Nacional a patrullar las calles. Pero para no verse como que estaba duplicando las tácticas de su predecesor – que antes había repudiado – puso énfasis en que el papel de la Guardia Nacional estaría limitado a "apoyar" a la policía. Dándose cuenta de que esta nueva medida podría interpretarse como un cambio diametral de su previa posición, los asistentes de la Gobernadora en La Fortaleza anunciaron el desplazamiento cuando ella se encontraba fuera de la isla en una visita no oficial.
La llamada puso en movimiento a 500 tropas para patrullar áreas públicas en las principales ciudades de la isla, supuestamente para permitir a la policía regular desplazarse hacia los caseríos públicos y otras áreas de mercado de drogas en Puerto Rico. De hecho, el papel de los soldados ha cambiado un poco desde entonces ya que ahora miembros de la Guardia Nacional comparten las responsabilidades en los carros patrullas con los policías uniformados.
Voceros del gobierno de Calderón informan que desde el desplazamiento de la Guardia Nacional, la tasa de crimen ha comenzado a mejorar. Citan el aumento en los arrestos por drogas y reducción en la muertes violentas a la mitad de lo que eran en este mismo período el año pasado.
Nadie cuestiona la necesidad de tomar acción decisiva en áreas controladas por los narcotraficantes. En algunos caseríos públicos se han convertido en "alcaldes" no oficiales que deciden quién puede entrar y quién puede continuar viviendo ahí. Su poder es tal que la gente está aterrada. Nadie se atreve a dar información a la polícia y a menudo se convierten en cómplices que ayudan en el tráfico ilegal de substancias. En algunos casos, los residentes impiden a la policía llevar a cabo arrestos y en otros casos han resguardado activamente a los narcotraficantes protegiéndolos de la policía.
Es irónico que la Guardia Nacional de Puerto Rico, que desde el 11 de septiembre ha desplazado sus unidades a las traicioneras colinas de Afganistán y las enfurecidas calles de Irak, hoy se encuentre buscando "chicos malos" en su propio hogar. El costo del desplazamiento de la Guardia Nacional se calcula en $2 millones mensuales.
La pregunta para los lectores del Herald esta semana es que decidan si el llamado de la Guardia Nacional por parte de la Gobernadora Calderón fue una medida responsible propensa a tener un impacto positivo en la situación de crimen en la isla o si no ha sido más que una artimaña política para enmascarar una política contra el crimen que ha sido un fracaso.
¿Cómo evalúa usted el desplazamiento de la Guardia Nacional de Puerto Rico por Sila Calderón en la lucha contra el narcotráfico en la isla? ¿Considera que es una medida sabia o no?
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