El asesinato una tarde en un centro comercial de los suburbios seguido por una racha de tiroteos en proyectos de viviendas públicas, uno de los cuales dejó tres muertos y cinco heridos, han hecho del crimen la Prioridad Publica nº 1.

La administración Calderón está lanzando a toda prisa nuevos cadetes a la calle y cancelando el pago de horas extras y vacaciones para los actuales agentes de policía. Esto aumentará las patrullas en las áreas donde el crimen es alto, así como en las áreas de mucho tránsito de publico como los centros comerciales y las zonas de entretenimiento, en unos 1.600 agentes.

La medida costará $3 millones al mes, pero la administración dice que es un medio eficaz para garantizar la seguridad publica y la tranquilidad mental.

El crimen es una cuestión especialmente dura para el Partido Popular Democrático, tan dura como lo es la corrupción en el sector publico para el Partido Nuevo Progresista.

El índice de asesinatos anuales ha ido aumentando paulatinamente bajo la administración Calderón. Lo que es peor, incluso el actual jefe de policía reconoce que la inestabilidad en el departamento -- han habido cuatro superintendentes durante los cuatro años de Calderón como gobernadora -- ha dañado su capacidad para luchar contra el crimen.

El Presidente del PPD Aníbal Acevedo Vilá tiene algunos planes para luchar contra el crimen que suenan inteligentes, pero tendrá que superar el mediocre rendimiento de su predecesor en el área con el fin de poder hacer llegar su mensaje.

Quiere centrarse en elevar el índice de resolución de crímenes, en lugar de aumentar el número global de arrestos. Esto es justamente lo que el Superintendente #2 de la policía, Miguel Pereira, pensaba. Es una buena idea, si se le da tiempo para que funcione. Calderón no permitió que eso pasara, optando por echar a su segundo elegido para dirigir el sistema carcelario de la isla después de solo un año en el cargo.

Obviamente, el PNP se da cuenta de esto. Su antiguo Gobernador Pedro Rosselló, este año en su tercera carrera por La Fortaleza, pagó un discurso televisado esta semana en el que comentar los éxitos de su administración en el terreno del mantenimiento del orden público y comentar sus planes para atacar la actual ola de crímenes. El discurso ha ido respaldado por una campaña de publicidad en los medios destacando a Rosselló comentando su enfoque de "mano dura" al problema del crimen.

Mientras el PNP se centra en el crimen, el PPD se está centrando en tratar de dar a la papeleta electoral del PNP el matiz de floja respecto a la corrupción. Los autos de procesamiento de abril sobre el Superacueducto, teniendo como objetivo a dos antiguos aliados políticos de Rosselló, su director de campaña y el secretario general, ciertamente sirvieron de apoyo a dicha estrategia. También lo hizo la investigación de la pensión del antiguo gobernador y la declaración de las autoridades federales de que la investigación sobre Supertubo continúa.

Pero de todos modos, esta semana los titulares al centrarse en el crimen en las calles, van dirigidos hacia el PNP.

Una mala propuesta sobre reducción fiscal.

De entre las muchas medidas que están siendo consideradas en esta sesión legislativa especial, una de las más interesantes es un anteproyecto para recortar drásticamente el impuesto sobre ganancias del capital a la mitad a un 5 por ciento, que sigue bloqueado en un comité conferenciante.

Se ha hecho poco debate público sobre la medida, respaldada por La Fortaleza. Funcionarios de la administración la han comentado mayormente como una medida para generar ingresos tributarios adicionales, necesitados para equilibrar el presupuesto, en lugar de cómo una medida de desarrollo económico, lo cual sería normalmente una mejor defensa.

Aún así esta medida para recortar drásticamente las ganancias del capital pueden acabar siendo solamente un incremento temporal de las ingresos impositivos. Por esa razón, está diseñada pobremente y no debería aprobarse como ley.

Primeramente, el anteproyecto exige una ventana de un año para la reducción fiscal. La razón: el departamento del Tesoro reconoce que le aportará $65 millones en un año. Pero el conceder incentivos para emprender transacciones este año, podría tener el impacto contrario cuando el impuesto vuelva al 10 por ciento cuando la ventana se cierre de nuevo.

Aún peor, la ley no exige que los beneficios generados por la transacción se inviertan nuevamente en Puerto Rico con el fin de obtener la tasa reducida. Eventualmente, esto animará la venta de propiedades o negocios locales y la inversión de los beneficios en Florida o Nueva Jersey, por ejemplo.

Lo cual podría realmente perjudicar las inversiones locales y los ingresos tributarios locales, en el transcurso de los próximos años-- un periodo de tiempo que la quemada administración Calderón aparentemente ya no tiene en mente.

El Senado, al aceptar las enmiendas del Líder de la Minoría en el Senado Kenneth McClintock, extendió la ventana de la reducción fiscal del anteproyecto a dos años y estableció el requisito de que las ganancias del capital tenían que volverse a invertir en Puerto Rico con el fin de cumplir los requisitos para la tasa reducida. Pero la Cámara declinó firmar la aprobación de los cambios, así que un comité conferenciante decidirá el destino del anteproyecto.

El hecho de que el anteproyecto sobre las ganancias del capital solo se aplique a las transacciones de $250,000 o menos, tiene alguna muda acusación, pero solo alguna, de que el anteproyecto era un regalo de despedida de Calderón a la clase alta, especialmente a aquellos que están pensando en reubicar sus inversiones o su residencia del lado estadounidense. La versión final del anteproyecto y las lagunas que contenga, demostrarán lo útil que resulte para empresas e individuos ricos, que también están incluidos en el recorte del 50 por ciento.

Finalmente, los economistas argumentan que es necesario realizar estudios para calibrar el efecto del primer recorte del impuesto sobre las ganancias del capital de Calderón, promulgado en 2001, antes de poner otro en práctica.

Al depender de una aislada reducción impositiva temporal para equilibrar el presupuesto de este año, la afirmación de la administración de devolver la salud fiscal al gobierno se ve algo forzada.