 La noticia esta semana de que Puerto Rico tuvo que devolver unos $40 millones en fondos de educación federal el año pasado, porque no pudo determinar cómo usar el dinero, exaspera la sangre tanto como el escándalo de corrupción organizado por el secretario de Educación del anterior Gobernador Pedro Rosselló, Víctor Fajardo.
El actual Secretario de Educación, César Rey, está echando la culpa de este monumental pastel a su predecesor, ya que fue durante la administración Rosselló que se solicitaron los fondos.
Pero el candidato a Comisionado Residente del Partido Nuevo Progresista, Luis Fortuño, dijo esta semana a un reportero local que no está dispuesto a creer en la palabra de las autoridades locales de educación, que niegan toda responsabilidad por dejar perder millones en fondos tan necesarios para el sistema de escuelas públicas de la isla.
Sería falso pensar que la administración Calderón no comparte una parte de la culpa de la debacle, ya que fue a mitad de su mandato de cuatro años cuando finalmente se renunció al dinero.
Este es sobre todo el caso ya que las autoridades de Educación del ELA siguen dando la sensación de que apenas logran comprender la situación. Tras insistir durante días en que solo se devolvieron $18 millones, y calificando el informe de la Associated Press que dio a conocer la noticia y que citaba una cifra más próxima a los $40 millones, de errónea, dieron marcha atrás y dijeron que después de todo se trataba realmente de $40 millones.
Las autoridades de educación del ELA dijeron que los fondos fueron solicitados en 1997 y habían caducado en 1999, no presentando peligro alguno al estar bajo las riendas del poder de Rosselló. Pero las leyes federales estipulan que el gobierno federal no puede reclamar los fondos no utilizados hasta cinco años después. Las autoridades federales de educación confirmaron dicha interpretación de las leyes federales, y dijeron que estaban "trabajando estrechamente" con las autoridades de educación del ELA para ayudar a Puerto Rico a gestionar mejor los fondos federales.
Pero si había algún recurso abierto a que la administración Calderón reclamase los fondos, aún está por aclararse. La verdad es que las autoridades de las escuelas públicas ni siquiera sabían que el dinero estaba ahí hasta que los federales se lo llevaron.
El porqué tantos fondos federales, cuando las necesidades en las escuelas públicas de Puerto Rico son tan grandes, tuvieron que ser devueltos al gobierno federal porque el sistema de escuelas públicas no pudo encontrar la forma de gastarlos, o no sabía que el dinero estaba ahí, requiere una explicación.
Con mucho, los antecedentes de Puerto Rico en este frente son los más oscuros de los Estados Unidos. El competidor más próximo, Tejas, devolvió $11 millones, y el siguiente, Nuevo Méjico, algo más de $6 millones. Efectivamente, la devolución del ELA representa casi un 30 por ciento del total de $124 millones que los estados y otras jurisdicciones de los EE.UU. devolvieron al Departamento Federal de Educación el año pasado.
Se ha hablado mucho del caos en el sistema de suministro de aguas del ELA y del hecho de que el gobierno esté retomando el control del mismo después de que el contratista privado que contrató el año pasado, con un contrato por 10 años de $3.8 mil millones, se echara las manos a la cabeza y dijese que no podía ganar dinero y remodelar la compañía de servicio público al mismo tiempo.
Pero el sistema de escuelas públicas de Puerto Rico podría seguir ocupando el puesto como ejemplo más evidente de los fracasos del gobierno del ELA.
Ambas administraciones tienen una parte de culpa.
Bajo Rosselló, las autoridades no pudieron hallar el modo de gastar una considerable cantidad de dinero, en un área con terribles necesidades. Y bajo Calderón, las nuevas autoridades, en primer lugar, ni siquiera sabían que el dinero estaba ahí para ser gastado. Ambos son un patente ejemplo de una cruel falta de capacidad de gobierno.
En términos monetarios, este escándalo burocrático aventaja con mucho el escándalo de corrupción bajo el Secretario de Educación de Rosselló, Fajardo. Fue condenado por ser el cerebro de una trama de extorsión de $4.3 millones, auque los fiscales creen que la cantidad implicada era el doble. Pero ambos escándalos muestran lo completamente fuera de control que se encuentra el sistema de escuelas públicas.
Queda mucho por contar en esta noticia que se está dando a conocer; por una parte, las autoridades federales de Educación no han sido capaces de proporcionar estadísticas sobre a cuánto había renunciado el ELA en fondos federales para escuelas en los años anteriores. Da miedo pensar en las dimensiones que esta historia puede adquirir.
Y las actuales autoridades de Educación prometen una investigación y un informe al Senado sobre sus hallazgos. También han pedido al gobierno federal que les informe de los balances con carácter anual para que puedan hacer un mejor seguimiento de los fondos federales.
La Gobernadora Calderón expresó esta semana su confianza en que el gobierno del ELA será capaz de dar un giro a su servicio público del agua cuando vuelva de la gestión privada dentro de pocos meses.
Pero la historia de ese servicio público ofrece amplios signos de advertencia de que el camino hacia la recuperación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no será tan fácil.
El fracaso del sistema de escuelas públicas bajo las administraciones tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático es igualmente una crisis tan urgente que esta administración, y las subsiguientes, deben confrontar frontalmente.
John Marino, Editor Gerente de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
