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La Casa Blanca se une al debate del status de Puerto Rico
Tarde el viernes en la tarde, a medida que ya se iban vaciando las oficinas del gobierno en Washington y sus burócratas se encaminaban a sus casas tratando de adelantarse a la tormenta de nieve que se anunciaba que venía del oeste, la Casa Blanca emitió un comunicado de prensa con una Orden Ejecutiva, firmada dos días antes, indicando que se había nombrado a un grupo de trabajo interagencial de 16 miembros para comenzar a estudiar el actual estado político de Puerto Rico y las formas en que puede cambiarse.
La Orden Ejecutiva 13183 continúa un proceso que primero estableció el Presidente Bill Clinton en diciembre del 2000, apenas unos días antes de hacer entrega de su puesto a su successor. El Presidente George W. Bush mantuvo la Orden vigente, a pesar de que han transcurrido tres años sin que se ejecute de manera alguna su mandato. Se entiende que la función del grupo es entrevistar a expertos y personas con intereses en juego para revisar todos los aspectos legales referentes al actual status de Puerto Rico e informar al Presidente si Puerto Rico debe o no convertirse en un estado, un país independiente, continuar siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos como Estado Libre Asociado o dar curso a alguna otra medida de status para la isla que sea constitucionalmente aceptable.
Un comunicado de prensa tarde un viernes casi garantiza limitada cobertura por los medios de comunicación, dando indicio de la importancia relativa que otorga la Casa Blanca al grupo de trabajo. El no hacer alarde del trabajo del grupo es una reacción comprensible ya que el tema es polarizante y, como los puertorriqueños no votan por los candidatos en los Estados Unidos, no hay ventaja política alguna en dar curso al debate. Sin embargo, el organizar el grupo, cumple con una promesa que formuló el Presidente durante su campaña presidencial de buscar soluciones al status colonial de Puerto Rico. El grupo de trabajo debe emitir su informe dentro de un plazo de dos años, aunque puede hacerlo antes de eso.
En la actualidad Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos con una Constitución que prove auto-gobierno local. Recientes encuestas y plebiscitos revelan que casi nadie está satisfecho con el arreglo existente, a pesar de que no ha surgido fórmula alguna que cautive la mayoría de los votos entre la población en la isla y que a la vez cumpla con los requerimientos de la Constitución de los Estados Unidos de respetar la transición de sus territorios de colonias a un status soberano.
El proyecto de ley Young de 1998 (H.R. 856) fue el último intento por parte del Congreso de configurar una boleta de votación que ofreciera opciones de status político que cumplieran con los requisitos de la Constitución de los Estados Unidos. Habría ofrecido a los votantes puertorriqueños opciones de status internacionalmente reconocidas – estadidad y soberanía separada, lo que incluía independencia y libre asociación. Otra opción habría permitido a los votantes mantener el actual status territorial (sin mejoras) con el entendimiento que es de naturaleza colonial y sujeto a futuros plebiscitos, garantizando así a Puerto Rico que, a la larga, obtendría un status político permanente.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes por un voto, pero su contraparte en el Senado (S. 473) nunca se sometió a votación en el emiciclo de ese cuerpo legislativo de los Estados Unidos. Entonces, la legislatura de Puerto Rico prosiguió a autorizar una votación local usando las definiciones del proyecto Young, pero añadiendo una quinta opción, "ninguna de las anteriores", según lo requiere la ley local. La mitad de los votantes se valieron de esa opción, por razones que todavía son motivo de debate. Si el Congreso hubiera otorgado validez legal al plebiscito, no se habría requerido esa quinta opción y los puertorriqueños habrían tenido que seleccionar entre verdaderas opciones de status político.
Ahora el grupo de trabajo continúa el curso de los eventos que culminaron en el 1998. El grupo cuenta con co-Presidentes Noel J. Francisco, el Sub-Procurador General Asistente del Departamento de Justicia, y Rubén Barrales, Director de Asuntos Intergubernamentales en la Casa Blanca. Todo departamento a nivel de gabinete del gobierno está representado en el grupo de trabajo, la mayoría de los nominados son personas ocupando posiciones de segundo y tercer nivel en la autoridad burocrática.
La activación del grupo de trabajo ha sido motivo de trifulcas políticas por parte de los grupos políticos puertorriqueños desde el momento en que el Presidente anunció que mantendría vigente la Orden original de su creación. Los que apoyan el Estado Libre Asociado, encabezados por miembros del gobierno de Calderón y sus cabilderos en Washington, han estado tratando de estancar el proceso, conscientes de que existe la fuerte convicción en Washington que la Constitucion de los Estados Unidos no permite acomodar las "mejoras" que busca el Partido Popular Democrático (PPD).
Por otro lado, los promotores de la estadidad, ahora impulsados por la posibilidad de volver al poder político en el 2004, se muestran ansiosos de que el gobierno de Bush se involucre formalmente en un proceso de auto-determinación para la isla. Sin embargo, los escépticos hacen mención del momento tan poco propicio en que se emitió el comunicado de prensa anunciando la activación del grupo de trabajo, sospechando así que el grupo se ubica en una rueda política que no producirá acción alguna antes de las elecciones del 2004.
No hay información disponible sobre cuándo comenzará el grupo sus deliberaciones y cómo desempeñará sus funciones. Sin embargo, no cabe duda que todo el panteón político de dioses puertorriqueños comenzarán a acosar sus miembros para presentarles sus puntos de vista en cuanto a los distintos posibles acuerdos de gobierno que fueron presentados ante los comités del Congreso durante el proceso del proyecto de ley Young.
¿Qué piensa usted?
¿Es la creación de una grupo de trabajo por parte del Presidente un genuino esfuerzo por desarrollar un proceso de auto-determinación para Puerto Rico o está simplemente cubriendo apariencias en forma que le beneficie su campaña de re-elección?
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