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Para ver esta página en inglés, oprima aquí. ASSOCIATED PRESS Urgen amplia coalición para evitar aplicación de pena de muerte Por Manuel Ernesto Rivera de Prensa Asociada
3 de junio de 2003 SAN JUAN (AP) - Ante la posibilidad de que se aplique en Puerto Rico la pena capital, la denominada organización Ciudadanos Contra la Pena de Muerte urgió al gobierno, los partidos políticos y otras organziaciones no gubernamentales a conformar una coalición para evitar que ese castigo se imponga aquí. Ello debido a que el Tribunal Supremo federal desestimó un recurso que presentaron dos puertorriqueños acusados de secuestro y asesinato en la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico y determinó que el asunto "estaba maduro", por lo que no tomaría una determinación hasta tanto se produzca una sentencia de pena de muerte a nivel local. En en foro local, desde el 1929 se abolió la pena capital en el país y, posterior, en la Constitución del Estado Libre Asociado se prohibió expresamente su aplicación. No obstante, en la actualidad Héctor Oscar Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro están acusados del secuestro y asesinato de un comerciante riopedrense y enfrentan un juicio en el que se exponen a una posible sentencia de pena de muerte de ser hallados culpables. Por ello, el grupo de Ciudadanos Contra la Pena de Muerte informó que solicitará por escrito a la gobernadora Sila M. Calderón que cree un comité de trabajo para buscar una opción a la aplicación de la pena de muerte en la Isla. El presidente de la organización, Juan Pablo De León, dijo que también escribirán a los presidentes de los cuerpos legislativos exigiéndole que aprueben una resolución conjunta para enviarla al Congreso federal para iniciar un proceso de cabildeo en contra de la aplicación unilateral de la pena de muerte en Puerto Rico. "El problema subyacente aquí es el status", sostuvo De León. Adelantó que en Estados Unidos se reforzarán los vínculos con las organizaciones que se oponen a la pena de muerte para poner en acción planes conjuntos de repudió al estatuto federal que permite el castigo de pena capital para ciertos crímenes federales. Mientras, dijo que en el ámbito internacional, la organización que preside dará seguimiento a la querella presentada en el 1999 ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Acosta Martínez y Rivera Alejandro apelaron sin éxito en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos una decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que determinó que la pena de muerte era aplicable en Puerto Rico, por ser esta isla caribeña un territorio estadounidense. El caso cobró notoriedad cuando en julio de 2000, el juez federal Salvador Casellas determinó que no se le podía castigar con la pena de muerte a los dos imputados porque se estaría violando el estatuto federal que rige las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y la Constitución del Estado Libre Asociado. El juez Casellas fue revocado un año más tarde por el Primer Circuito de Boston. Acosta Martínez, residente de la barriada Venezuela en Río Piedras, y Rivera Alejandro, vecino de Trujillo Alto, están acusados del asesinato de un comerciante de Río Piedras por hechos ocurridos el 11 de febrero de 1998. Se les imputa haber dado muerte al comerciante luego de haberlo secuestrado, crimen castigable con la pena capital según la Ley Federal de Pena de Muerte de 1994. Como territorio estadounidense, Puerto Rico está sujeto a la aplicación del estatuto federal, que permite la solicitud de pena de muerte para cerca de 60 delitos federales, entre los que figuran el espionaje, la traición, los asesinatos y homicidios en la jurisdicción federal y el trasiego con grandes cantidades de droga y dinero. En el pasado, el contralor Manuel Díaz Saldaña ha censurado agriamente los "excesos" de los alcaldes en los viajes a este tipo de actividad. No precisó cuántos asambleístas municipales de mayoría y minoría formarán parte de la delegación, que parte el jueves hacia Nueva York. González Otero dijo que los 104 estudiantes que participarán en el Desfile son integrantes de la banda municipal de Jayuya, que dirige el profesor Angel Martínez. Según el Alcalde, el gobierno municipal de Jayuya aportará $25,000 para el viaje y $1,800 para la compra de uniformes y transportación. Además, el Departamento de Educación aportará $34,900 de su programa de excelencia académica para la transportación aérea de los estudiantes de la escuela superior Josefina León Zayas, se indicó. Mientras, la Asamblea Legislativa asignó otros $20,000 y el senador Bruno Ramos y el representante Francisco "Ico" Zayas aportaron otros $5,000 para pagar los gastos de estadía. |