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Una ironía en los recientes conflictos en Afganistán e Irak es que hay un número relativamente grande de Hispanos en las fuerzas armadas de los Estados Unidos cargando armas, montando en tanques, disparando artillería y resguardando prisioneros de guerra. Unos 15,000 soldados del total de las fuerzas armadas de los Estados Unidos desplazadas al Golfo para la "Operación de Liberación de Irak" son de descendencia hispana. Su número sigue registrándose en la misma proporción que el contingente hispano en relación con el total de las fuerzas militares del país. El Departamento de Defensa reveló el año pasado que hay 129,881 efectivos hispanos en todas las ramas de las fuerzas armadas, que representan un 6% del total, según la vocera del Pentágono, la Coronel Cynthia Scott-Johnson. De esa cifra, 22,881 son puertorriqueños. Una ironía en los recientes conflictos en Afganistán e Irak es que hay un número relativamente grande de Hispanos en las fuerzas armadas de los Estados Unidos cargando armas, montando en tanques, disparando artillería y resguardando prisioneros de guerra. Esto es en relación con el total de todas las fuerzas militares, el número de Hispanos según reveló el Departamento de Defensa el año pasado es de 129,881 o 6% de la fuerza total, dijo la Coronel Cynthia Scott-Johnson, vocera del Pentágono. De esa cifra, 22,881 son puertorriqueños. La ironía de esta situación es que un número importante de esos voluntarios hispanos, cerca de un 5% de ellos, no son todavía ciudadanos de los Estados Unidos, por lo tanto se ven privados de muchos de los privilegios con que cuentan la mayoría de sus compañeros soldados. Tal vez la mayor disparidad es no contar con el derecho a votar por el Presidente de los Estados Unidos quien, como Comandante-en-Jefe, es la autoridad que les ordena a ir al campo de batalla y, en algunos casos, a un hospital militar, incluso, a regresar a sus hogares en bolsas de plástico y férretros. Consciente de la injusticia de la situación, el gobierno de Bush en julio del 2002, por Orden Ejecutiva, tomó medidas para corregirla poniendo a todos los residentes extranjeros voluntarios en las fuerzas militares (personas con "tarjeta verde") en un proceso rápido para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Normalmente el período de espera para los residentes permanentes antes de poderse convertir en ciudadanos es de 3 a 5 años. La Orden estipuló que todos los que se encuentran en servicio militar activo, a partir del 11 de septiembre del 2001, pueden solicitar la ciudadanía inmediatamente. A un soldado, el Corporal José Angel Garibay, que murió en batalla en Irak, se le confirió la ciudadanía póstumamente. Había sido un inmigrante ilegal de Guatemala. En este caso la ironía individual se convirtió en un gesto de respeto y apreciación. Pero la mayor ironía se encuentra entre los hombres y mujeres militares que SON ciudadanos estadounidenses pero que también se ven privados de ejercer el derecho a votar por su Comandante-en-Jefe, mientras sigan siendo residentes de la isla de Puerto Rico. Entre los hispano-norteamericanos que se encuentran en peligro en los campos de batalla hay hombres y mujeres puertorriqueños luchando contra el régimen de Saddam y los terroristas de Al Qaeda. Desde el 11 de septiembre, más de 7,000 miembros de la Guardia Nacional y reservistas han sido llamados a servicio activo, uniéndose a miles más de voluntarios regulares para servir en unidades del Ejército, la Naval, la Fuerza Aérea y la Marina. Ninguno de ellos puede votar por el Presidente ni por miembros que los representen en el Congreso de los Estados Unidos. En octobre del año pasado, la encuesta de los Temas Candentes del Herald pidió a sus lectores si los puertorriqueños en las fuerzas armadas merecen el derecho a votar por el Presidente y representación en el Congreso. 80% indicaron que "Sí". No cabe duda que la opinión entre los lectores favorece sólidamente la idea, tal vez más ahora en vista de que el Presidente ha demostrado que puede otorgar derechos ciudadanos plenos con sólo un rasgo de su bolígrafo, al menos a los hombres y mujeres provenientes de países extranjeros. Si puede hacerlo para los guatemaltecos, colombianos, dominicanos, filipinos, haitianos y turcos, tal vez se le deba pedir que lo haga también para los puertorriqueños que ya son leales ciudadanos de los Estados Unidos. La constante lucha en torno a los distintos enfoques hacia un status político permamente en la isla hace que la estadidad -- con plenos derechos ciudadanos -- sea una posibilidad remota, en el mejor de los casos. Mientras, decenas de miles de puertorriqueños en las fuerzas armadas del país luchan y mueren por una nación en la que no tienen voto y portan una ciudadanía que los pone en posición inferior a las de cualquier extranjero con los que luchan hombro a hombro y cuyo sacrificio se ha reconocido mediante una Orden Ejecutiva Presidencial que acelera su alcance a la ciudadanía estadounidense y por ende a la urna de votación. Añadiendo más a la ironía están los considerables esfuerzos del gobierno de Calderón para registrar votantes puertorriqueños en los estados de Nueva Jersey, Nueva York, Illinois, Tejas, Florida, y en cualquier otro lugar, para que participen en el proceso político de los Estados Unidos. La Gobernadora dice que el costo multimillonario al tesoro de la isla vale cada centavo porque "es hora que las voces de los puertorriqueños se escuchen en Washington". ¿Qué de las voces de los puertorriqueños en San Juan, Mayaguez, Ponce, Arecibo, Carolina y en el resto de la isla? ¿Qué de los puertorriqueños en esos pueblos y otros de la isla que están en Irak cargando en sus espaldas equipo militar de 120 libras, o se encuentran en las unidades de trauma en barcos hospitales en el Golfo Persa, o se dejan caer desde los helicópteros Apalache sobre territorio hostil en Afganistán? En más de un siglo desde que Puerto Rico fue anexado a los Estados Unidos, más los 86 años desde que los nacidos en la isla son ciudadanos estadounidenses, más de 200,000 puertorriqueños han vestido el uniforme de la nación y seguido la bandera de los Estados Unidos en batalla. Los que han regresado a salvo a la isla -- y muchos no lo logran -- nunca han tenido la oportunidad de participar en el proceso político de la nación. Sólo los que se mudan a vivir en cualquiera de los 50 estados de la unión pueden ejercer su derecho a elegir los líderes de su país. Los que permanecen en la isla se ven limitados a participar solamente en la política local, mientras el resto de la nación decide la suerte política de casi 4 millones ciudadanos de los Estados Unidos de América que viven en Puerto Rico. La encuesta de esta semana pide a los lectores que opinen si ha llegado o no el momento de cambiar esto. ¿Debe perdírsele al Presidente Bush que emita una Orden Ejecutiva que confiera a los hombres y mujeres puertorriqueños en servicio militar el derecho a votar en elecciones nacionales?
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