 Por una parte, la gobernadora Calderón demostró que su tolerancia era absolutamente cero ante el más mínimo indicio de corrupción en su administración, cuando su Secretaria de Justicia remitió un caso contra su secretario de Transportes a la Oficina del Fiscal Especial Independiente lo cual provocó su dimisión.
Pero por otra parte, los oponentes políticos gritaron "encubrimiento" cuando la misma Secretaria de Justicia devolvió el mismo día a la Comisión de Elecciones Estatales los resultados de la auditoria sobre las campañas del año 2000 de 16 legisladores, así como un informe sobre un posible plan por parte del Partido Popular Democrático para evadir los topes en los gastos cuando Calderón se presentó con éxito para el cargo.
La Secretaria de Justicia Anabelle Rodríguez anunció el nombramiento de un FEI contra Izquierdo a las 2 p.m. del miércoles. Una hora y media más tarde, el Jefe de Transportes, José Izquierdo, anunció públicamente su dimisión y poco después el Jefe de Personal del Gabinete, César Miranda, anunció que sería sustituido por Fernando Fagundo, que ya formaba parte del departamento como jefe del Organismo Responsable de Carreteras.
El objeto del debate eran cuatro contratos adjudicados a la antigua empresa de Izquierdo en violación de una sección de la Ley de Ética del Gobierno que prohíbe a los responsables públicos adjudicar contratos a antiguos patronos sin antes obtener una dispensa de la Oficina de Ética del Gobierno.
Los contratos ascendían a $496,000 — algo insignificante si se compara con los $800 millones que Izquierdo autorizó durante su permanencia en el cargo. Rodríguez dijo que no existía prueba alguna de que se hubiera beneficiado personalmente de los contratos.
Izquierdo dijo que el asesor legal del departamento le había indicado que no era necesaria una dispensa de la OEG porque la empresa había sido constituida de nuevo como una nueva entidad después de que entrara a formar parte del gobierno. Según se dice, la OEG le dijo lo contrario.
El Secretario de Transportes debería haber solicitado dicha dispensa, pero el precio que él — y el gobierno del ELA — ha tenido que pagar parece excesivamente alto. Se ha perdido otro de los secretarios clave del Gabinete, esta vez debido al propio celo procesal de la administración.
Entretanto, también el miércoles, el Departamento de Justicia devolvió a la Comisión de Elecciones Estatales la auditoria de las campañas electorales del año 2000 sobre 16 antiguos y actuales legisladores, así como sobre las alegaciones de que el comité central del PPD había transferido fondos ilegalmente a las campañas de algunos legisladores, que había remitido para ser investigados.
Rodríguez dijo que la metodología utilizada para crear las auditorias "carecía de precisión e impedía determinar si los crímenes había alcanzado el estatuto de limitaciones."
La información, dijo, no permitía a los investigadores calcular las fechas correspondientes para cada recibo de ingresos con el fin de computar el estatuto de limitaciones. También dijo que los informes carecían de información para determinar si los legisladores habían presentado a la CEE informes financieros falsos.
Mientras los legisladores del Partido Popular Democrático alababan la medida como prueba de que el proceso de auditoria se estaba manejando de forma equivocada, los responsables del partido de la oposición dijeron que la medida equivalía a un "encubrimiento" de las violaciones de la ley electoral por parte del PPD.
Por si esto fuera poco, también el miércoles, los cargos a los que se enfrentaba la antigua Senadora del Partido Popular Democrático, Maribel Rodríguez, por apropiación ilegal de más de $2.000 de fondos públicos, fueron desestimados por el tribunal en base a lo que también podría considerarse un tecnicismo.
La gobernadora Calderón había ordenado al Departamento de Justicia que iniciase una investigación de Rodríguez, la cual se llevó a cabo, encontrando suficientes pruebas para hacer llegar el caso al FEI, que también encontró razones para continuar con el caso.
Pero un juez de San Juan rechazó el caso porque el Departamento de Justicia debería haber actuado en base a una declaración jurada en lugar de una orden de la gobernadora.
Aunque el FEI piensa seguir adelante con el caso, quizás iniciando de nuevo el procedimiento, no está claro si el panel tendrá más éxito — aunque dispone de diversos testigos, cheques cancelados y una sospechosa factura para respaldar su caso.
El caso de Maribel Rodríguez es una clara indicación de que la urgencia por impartir justicia tiene que manejarse con sentido común en lugar de dejarse llevar por los sentimientos, si uno no quiere que el tiro salga por la culata.
Pero debido al momento escogido por el Departamento de Justicia para hacer estos comunicados, se especula si Rodríguez anunció el nombramiento del FEI contra Izquierdo con el fin de desviar la atención de los resultados de la auditoria de la CEE.
Los cargos de la CEE podían tener su repercusión en la campaña de Calderón, según se argumenta, por lo que la administración decidió echarle la culpa a Izquierdo con el fin de convertirlo en el chivo expiatorio.
Pero la realidad de los hechos es que durante años los responsables del gobierno han estado recompensando a antiguos patronos con sustanciosos contratos, la mayoría de ellos por mucho más que las migajas adjudicadas a la empresa derivada de Izquierdo.
Y durante años ha sido una práctica común que los candidatos tomasen parte en campañas publicitarias coordinadas para candidatos a gobernador; solo es ilegal si sus campañas no pagan los anuncios. Y las pruebas que la CEE ha recopilado hasta ahora contra los centros del PPD se basan solo en el testimonio de un legislador que anda en disputas con una empresa publicitaria sobre una factura — mientras que la gran mayoría de los legisladores que participan en la campaña coordinada dijeron que habían estado de acuerdo en hacerse cargo de la factura.
La verdadera cuestión es si Puerto Rico va a luchar contra la corrupción con la que se ha visto afectado durante años, tiene que abordarlo con mesura, y eso va tanto para los partidos en el poder como para los que sirven de instigadores de la administración de La Fortaleza..
Esta semana, al argumentar que cada vez es más difícil contratar candidatos cualificados dispuestos a ocupar cargos en la administración pública, el miembro del Comité Nacional Republicano, Luis Fortuño, pidió el fin de las feroces luchas políticas entre los partidos, que han plagado de problemas a Puerto Rico al menos durante tanto tiempo como la corrupción.
"El precio de comprometerse con la administración pública es demasiado alto hoy en día. Esto causa preocupación sobre cómo la gobernadora y los futuros gobernadores van a reclutar a los mejores y más brillantes," dijo Fortuño a los reporteros. "El clima en la administración pública es demasiado partidista. No podemos continuar aplicando el 'ojo por ojo' bíblico porque vamos a terminar con una isla de tuertos. Como colectivo, debemos dar un paso atrás y ver lo que estamos haciendo."
Lo cual resultó evidente el miércoles.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
