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Click here to see this page in English. Caucus del PPD desoye la advertencia de la Gobernadora sobre bonos de Navidad, su orden ejecutiva es ataque contra alcaldes, según Pesquera... Justicia buscará paralizar transacción Walmart-Amigo... IRS, Hacienda cooperarán... Rey se compromete a cumplir con reforma federal... Reponsable Fas del "Nacional" en nombre del coliseo
Pesquera: orden ejecutiva sobre bono es ataque contra alcaldes 5 de diciembre de 2002 SAN JUAN (AP) - El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Pesquera denunció este jueves que la gobernadora Sila Calderón ataca a los municipios al rechazar la propuesta de la Legislatura de asignar fondos adicionales para costear el aumento en el bono de Navidad de los empleados municipales. El proyecto de ley aprobado esta semana por la Cámara y el Senado otorgaba una ayuda de $2.8 millones para aquellas administraciones municipales que debido a problemas financieros no pudieran asumir el aumento en el bono de Navidad para sus empleados. Sin embargo, la Gobernadora no estuvo de acuerdo con esa asignación y por medio de orden ejecutiva aprobó el aumento, con cargo al presupuesto de cada agencia y cada municipio. "La decisión de Sila Calderón de excluir a los municipios de la asignación de fondos para el Bono de Navidad es un ataque contra los alcaldes", señaló Pesquera en comunicado de prensa. Según el líder político, esta nueva discrepancia entre poderes demuestra la alegada "incapacidad" del Partido Popular Democrático para gobernar. "El más reciente choque entre los poderes ejecutivo y legislativo relacionado con el bono de Navidad es evidencia del colapso del gobierno del Partido Popular que ha demostrado su incapacidad para administrar y su incompetencia para tomar decisiones en beneficio del pueblo", aumentó.
Caucus popular en Cámara desoye a la Gobernadora 5 de diciembre de 2002 SAN JUAN (AP) - El caucus popular en la Cámara de Representante desoyó el jueves las advertencias de su presidenta, la gobernadora Sila M. Calderón, y acordó enviarle el proyecto enmendado que hace extensivo el aumento en el bono de navidad a los empleados municipales. El presidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo dijo que, con la determinación, los representantes del Partido Popular Democrático son "consistentes" con su acción previa de aprobar la enmienda, rechazada en la víspera por la Gobernadora. La Cámara de Representantes aprobó el aumento a los empleados públicos -incluyendo a los empleados municipales- el lunes, en el primer día de la sesión extraordinaria en curso. La Gobernadora, por su parte, les advirtió el miércoles a los legisladores del PPD, que preside, que si insisten en esa inclusión decretará el alza mediante orden ejecutiva. El proyecto para aumentar en $125 el bono de Navidad de los empleados públicos se estancó en La Fortaleza tras la inclusión de una enmienda en la Legislatura que extendería el aumento a unos 52,000 empleados municipales. Así lo anunciaron el miércoles el presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, y el líder de la Cámara de Representantes, Carlos Vizcarrondo, tras una reunión del caucus legislativo de mayoría con la gobernadora Sila M. Calderón y altos funcionarios del Gobierno para discutir los proyectos que se atienden en la sesión extraordinaria. "Nosotros en la Cámara de Representantes introdujimos una enmienda para hacer extensivo a 52,000 empleados públicos de los municipios los beneficios del bono de Navidad", dijo Vizcarrondo. Sostuvo que esta enmienda significa que se necesitaría una asignación adicional y no un simple ajuste presupuestario para sufragar el costo de aumentar el bono a los empleados municipales. El Secretario de la Gobernación César Miranda dijo horas más tarde que la gobernadora había de honrar el aumento a los empleados públicos municipales por lo que ordenó mediante orden ejecutiva la inclusión de los empleados públicos municipales en el aumento, pero aclaró que los municipios tendrían que aportar con sus recursos al pago del aumento en el bono. Miranda también hizo énfasis en el hecho de que la gobernadora solicitó de los municipios la misma austeridad requerida a las agencias gubernamentales para poder cumplir con el aumento del bono. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Francisco Zayas Seijo, dijo que según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el aumento del bono en las agencias de gobierno costaría unos $17 millones, mientras que hay un presupuesto de $22 millones.
Justicia buscará paralizar transacción Walmart-Amigo 5 de diciembre de 2002 SAN JUAN (AP) - La secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, anunció el jueves que "en las próximas horas" se radicará en los tribunales una demanda y solicitud de interdicto para que se paralice la compra de los Supermercados Amigo por parte de la megacadena estadounidense Walmart. Dijo, no obstante, que duda que el recurso legal esté listo este mismo jueves. No fue posible, de inmediato, obtener una reacción de la empresa. La Titular de Justicia dijo estar convencida de que la compra de Amigo por parte de Walmart viola la Ley de Monopolios y Restricción de Comercio de Puerto Rico y es contraria a los mejores intereses de los consumidores, comerciantes y distribuidores puertorriqueños. "(La transacción) viola la ley y no es buena para Puerto Rico", aseveró. Con su determinación, Justicia acoge el reclamo de diversos sectores del sector de producción, venta y distribución de alimentos, que alegan que la referida compraventa estrangularía las empresas locales y perjudicaría a los consumidores porque eventualmente provocaría un alza en los precios de alimentos. En una rueda de prensa convocada a última hora, Rodríguez dijo que la ley estatal antimonopolios establece que "será ilegal cualquier transacción cuyo efecto pueda ser el reducir sustancialmente la competencia o que propicie la creación de un monopolio". Por otro lado, en conversaciones con el Departamento de Justicia, que se extendieron por espacio de dos semanas hasta tan tarde como la noche del miércoles, Walmart objetó garantizarle al Estado al menos tres reclamos prioritarios para la Administración de la gobernadora Sila M. Calderón, dijo la funcionaria. Esas garantías, que para Justicia "no eran negociables", son que se mantuviera el número de empleos al nivel actual, que la compra de productos agrícolas puertorriqueños se honrara mínimamente a los niveles presentes, y que la transacción fuera "de buena fe" para así proteger al mercado, explicó la Secretaria. "En vista de que se proponen seguir adelante con la transacción, hemos decidido presentar esta acción convencidos de que esta compraventa resultará en la creación de un monopolio y por lo tanto, que viola nuestra ley", insistió Rodríguez. La titular de Justicia aclaró que, antes de darle el visto bueno al negocio, la Comisión Federal de Comercio concluyó que la transacción propuesta violaba la ley de monopolios federal y reducía sustancialmente la competencia. Por eso, el organismo federal propuso como remedio la venta de cuatro tiendas de Amigo "para hacer viable la transacción". Pero el Departamento de Justicia tampoco pudo obtener las garantías necesarias que le permitieran concluir que la venta de esas sucursales era una "real y no ficticia", sostuvo Rodríguez. "No habiendo recibido esas garantías, no podemos prestar nuestro aval a esa transacción", sentenció. Según informes de prensa, el Gobierno tiene "duda razonable" sobre el comprador de los cuatro Amigo, que resultó ser el presidente de la junta de directores de la misma cadena de supermercados, Steven Lausell. De todos modos, cualquier empresa que desee establecerse en Puerto Rico no sólo tiene que cumplir con las leyes federales sino también con las estatales, recordó la Secretaria de Justicia. "El incumplimiento con una imposibilita que se lleve a cabo la transacción", afirmó.
Firman convenio de cooperación varias agencias gubernamentales 5 de diciembre de 2002 SAN JUAN (AP) - El secretario de Hacienda, Juan Flores Galarza, y funcionarios del Servicio federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) firmaron este jueves un convenio dirigido a combatir el lavado de dinero y otros crímenes financieros. Así lo informó en comunicado de prensa el director de operaciones de campo del IRS, Kenneth Riche, y el agente especial a cargo de la investigación criminal en Miami, José Marrero. El convenio establece la creación de un grupo multi-agencial compuesto por entidades federales y estatales que combatirán el lavado de dinero en la llamada "zona de alta incidencia de crímenes financieros" en que se encuentra Puerto Rico, se informó. "Las investigaciones realizadas por estas agencias han reflejado que el lavado de dinero y la evasión contributiva relacionadas al narcotráfico, corrupción pública, fraude en los seguros y en los servicios de salud, entre otros crímenes, han existido en Puerto Rico", dijo la IRS. La agencia federal explicó que el convenio beneficiará al Departamento de Hacienda porque recibirá bienes y propiedades que resulten confiscados en las investigaciones. La IRS añadió que se establecerán mecanismos para referir al Departamento de Hacienda investigaciones que estén bajo su jurisdicción. Por su parte, el secretario de Hacienda, Flores Galarza, dijo sentirse "sumamente satisfecho de este acuerdo" por entender que ahora su agencia cuenta "con otra herramienta eficaz y beneficiosa para garantizar al justicia contributiva y la estabilidad fiscal".
Rey se compromete a cumplir con reforma federal 5 de diciembre de 2002 SAN JUAN (AP) - El secretario de Educación, César Rey se comprometió a cumplir con la nueva reforma educativa federal que autoriza a los reclutadores militares del Pentágono a requerir información básica sobre los cerca de 165,000 estudiantes de escuela secundaria del sistema público. Según la ley suscrita en enero de 2002 por el presidente George W. Bush, los militares pueden tener acceso al nombre, la dirección y el teléfono de los estudiantes de escuela secundaria, reseña la prensa local. Si el Departamento de Educación de Puerto Rico no cumple con este apartado de la ley, se arriesga a perder fondos estadounidenses. Para rehusar que los reclutadores militares conozcan los datos que les permitan localizar a un estudiante posible candidato a las fuerzas armadas, el sistema educativo local tiene que solicitar que los padres suscriban un formulario para pedir que se excluya a sus hijos del proceso. Si los padres no rechazan por escrito la entrega a los militares de los datos básicos sobre sus hijos, el Gobierno de Puerto Rico tendrá que proveerlos. En la década de 1970 hubo graves disturbios cuando los reclutadores del Ejército (ROTC) tenían sus oficinas dentro del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Reponsable Fas del "Nacional" en propuesto nombre del coliseo 4 de diciembre de 2002 SAN JUAN (AP) – La idea de agregar la palabra "Nacional" al nombre Coliseo de Puerto Rico surgió del presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, reveló el miércoles el propio funcionario. Fas Alzamora dijo que propuso agregar esa palabra porque considera que Puerto Rico es una nación, y porque cree que ayudaría a la proyección internacional de la Isla. El tema del nombre de la instalación que se construye en Hato Rey se convirtió en tema de debate cuando el Senado cambió la propuesta de la gobernadora Sila M. Calderón de llamarla "Coliseo de Puerto Rico", y la enmendó para denominarla "Coliseo Nacional de Puerto Rico Felisa Rincón de Gautier". "Yo inserté la palabra Nacional y no me escondo, porque creo que esto es una nación", dijo el líder senatorial a su entrada el miércoles a una reunión del caucus de mayoría con la Gobernadora. Dijo, no obstante, que se allanará a lo que decida el caucus senatorial, ya sea mantenerse firmes en su propuesta de agregar el nombre de Felisa Rincón de Gautier, o aceptar la propuesta original de la Gobernadora. Sostuvo, sin embargo, que preferiría que la discusión del tema se deje para la sesión de enero. "Nosotros pedimos en el caucus anterior que esto se discutiera en enero", dijo Fas Alzamora.
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