 La propuesta de la Gobernadora Calderón de financiar con fondos públicos las campañas, recibió fuertes críticas esta semana por parte del Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Aurelio Gracía, por ser "demasiado cara" e "ineficaz" y fue ridiculizada por el anterior Comisionado Residente Carlos Romero Barceló como un "ataque contra la democracia."
Pero la creciente oposición ha hecho que la gobernadora esté más decidida que nunca a alcanzar su meta de lograr que se apruebe la ley de reforma de la financiación de las campañas para final de año. Un día después de que hubiera hablado el presidente de la CEE, Calderón apoyó el plan como la "piedra fundamental para hacer frente a la" corrupción. ?
En vista de sus antecedentes en ejercer presión sobre la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado y en la Cámara, Calderón quizá se salga con la suya–a pesar de las dudas sobre la arrolladora legislación que están expresando incluso miembros de su propio partido político.
Pero a la larga, esto podría costarle caro, porque sean cuales sean los beneficios de dicha ley, todavía hay que probar su necesidad ante el pueblo puertorriqueño. Y eso es importante–dado el alto precio de la iniciativa.
No se ha llevado a cabo ningún sondeo publico de opinión sobre la cuestión (sería un gran servicio público que una organización de noticias local lo hiciera.). Pero el sentir general en la calle es que el público no está dispuesto a dar fondos públicos a los políticos,.o a los que quieren unirse a sus filas.
Esto es debido en parte al desagrado respecto a los escándalos de corrupción de muchos miembros de la administración del Partido Nuevo Progresista del anterior gobernador Pedro Rosselló, así como de unos pocos dirigentes del PPD. Y en parte se debe a que hay una sensación general de que los políticos de todos los partidos muestran en general su despreocupación por los dólares del contribuyente una vez ocupan su cargo
Las audiencias sobre esta iniciativa, que han tenido lugar en toda la isla a lo largo de sucesivos fines de semana, han tendido tan poca asistencia que algunas han sido canceladas por falta de participación.
"Tristemente, este proyecto de ley no ha sido bien recibido por el publico en general," dijo a un periódico el representante del PPD, Héctor Ferrer, que preside el Comité de Ética del la Cámara.
Entretanto el Senador del PPD, Roberto Vigoreaux, dijo recientemente: "No veo mucho respaldo." La principal objeción a este proyecto de ley es su coste, que ha ascendido a $75 millones por ciclo electoral, incluidas las elecciones primarias.
El portavoz de la Cámara, Carlos Vizcarrondo, que esta semana se reunió en privado con la gobernadora y el presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, en una sesión estratégica con el objeto de lograr la aprobación de esta ley y otra importante legislación, dijo que la financiación con fondos públicos de las primarias sería eliminada para reducir los costos.
Prediciendo su aprobación, Vizcarrando dijo que la medida probablemente costaría $25 millones por ciclo electoral, sin las primarias.
Pero el jefe de la CEE fijó el precio, sin las primarias, en $46 millones al argumentar que su coste es la "principal limitación de la medida."
Entretanto, Romero Barceló, argumentó que la aprobación de la medida "sin un consenso entre los tres partidos políticos sería romper la tradición de que todas las enmiendas de la ley electoral son aprobadas por consenso."
Destacó que muchos legisladores del PPD tenían sus dudas sobre el proyecto de ley. Algunas de éstas se refieren al beneficio inesperado que la medida supondría para el Partido Independentista Puertorriqueño, que generalmente logra reunir pocos fondos. "Les daría una verdadera oportunidad en las elecciones," dijo el senador del PIP Fernando Martín durante una declaración a principios de mes.
Pero el testimonio más devastador contra el proyecto de ley fue el del presidente de la CEE Gracia, que fue puesto en el cargo por Calderón. Además de su alto coste, argumentó, la medida no funcionaría.
"Habrá escándalos y corrupción política," dijo, añadiendo que la reforma no eliminaría "inversores políticos" o "venta de influencias ". Gracia también dijo que la propuesta pedía la creación de una Comisión de Integridad Financiera para las Campañas Electorales, encargada de monitorizar las campañas, lo cual duplicaría el trabajo que actualmente lleva a cabo la CEE.
Dijo que la reforma "debilitaría a la CEE en lugar de reforzarla porque traslada las facultades de monitorización y auditoria a la nueva organización"
Calderón desveló su propuesta el pasado mes de enero, días después de la condena del anterior Secretario de Educación Víctor Fajardo y otros 16 por una trama de extorsión de $4,3 millones en la agencia la cual, según los fiscales federales, beneficiaba al PNP en una cifra que rondaba el millón de dólares.
Pero su propuesta tiene que vencer al menos dos obstáculos.
El primero es sobre el terreno constitucional, la financiación pública debe ser voluntaria y los candidatos deben seguir disfrutando de la opción de recaudar fondos de entidades privadas con el fin de ocupar un cargo.
La segunda es que la actual Ley Electoral ya tiene sus salvaguardas contra las influencias indebidas por parte de empresas e individuos acaudalados prohibiendo claramente la aportación de empresas, y poniendo limites estrictos a las aportaciones individuales.
El problema es que la ley deja muchos resquicios, como la disposición que permite donaciones anónimas en maratones de recaudación de fondos y otras actividades, que los observadores políticos y los entendidos dicen desde hace tiempo que son un medio para que los dos grandes partidos evadan las estrictas restricciones que la ley impone sobre las aportaciones máximas.
Quizá sea pedir demasiado al público que respalde una medida cara, cuando se sigue debatiendo su eficacia.
"En el mejor de los casos, creemos que la medida debería ser objeto de un mayor análisis," dijo Gracia durante su testimonio.
Puede que Calderón no tenga ganas de escuchar al jefe de la CEE que ella eligió, que ha mostrado un renovador grado de independencia es su cargo, pero debería.
En vista de las serias dudas que presenta la medida, la aprobación de la reforma de la financiación de las campañas podría convertirse en el Waterloo político de la gobernadora cuando entre en vigor en noviembre del 2004.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
