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Gobernadora insta a respetar determinaciones del presidente de la CEE

1 de agosto de 2002
Copyright © 2002 ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos reservados.

ISABELA (AP) - Aunque dijo que reconoce que las determinaciones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Aurelio Gracia Morales, "producen diferencias de criterios que son legítimas", la Gobernadora Sila María Calderón dijo hoy que se deben respetar sus determinaciones.

Reiteró, además, su decisión de enviar nueva al Senado el nombramiento del juez Gracia Morales para su consideración en la judicatura, lo que el propio juez rechazó esta mañana.

Calderón explicó que pidió al juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que reconsidere su determinación de no aspirar a un nuevo término en la judicatura y reiteró que hizo la nominación a base del compromiso que se había contraído con Gracia Morales.

"Espero que esta nominación que hago, a base del consenso que llegaron los comisionados electorales, sea acogida en el mismo espíritu que pretendo hacerla", dijo la gobernadora a los periodista en Isabela luego de participar en una actividad donde entregó las primeras Tarjetas Inteligentes de la Reforma de Salud.

Adelantó que enviaría al Senado el nombramiento del presidente del CEE nuevamente a pesar de toda la situación que ha creado el informe que Gracia Morales refirió al Departamento de Justicia contra unos 16 legisladores del Partido Popular y del Partido Nuevo.

La decisión de Gracia Morales ha sido criticada severamente por el Secretario General del PPD, Fernando Torres Ramírez.

Calderón, no obstante, explicó que en todo este asunto "pueden haber percepciones personales" pero en su opinión, "más allá de eso, todos debemos respetar las determinaciones y decisiones de las instituciones que la representan".

Dijo que fuera de todas las declaraciones que se han hecho, tiene el más profundo respeto por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y por la institución.

Gracia rechaza renominación hecha por la Gobernadora

1 de agosto de 2002
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SAN JUAN (AP) - El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Aurelio Gracia Morales, rechazó el jueves la renominación a la judicatura que le extendiera la gobernadora Sila M. Calderón.

La gobernadora Calderón afirmó que honraría los compromisos que contrajo cuando nombró a Gracia Morales a la Presidencia de la CEE.

Sin embargo, Gracia Morales se reafirmó hoy en sus expresiones de la semana pasada en las que indicó que esa renominación, no era apropiada en este momento.

"He tenido la oportunidad en la tranquilidad de mi hogar de evaluar esto y yo creo que existe un mal de fondo y es que mi nominación ahora puede tener un estigma", dijo en entrevista radial.

La Gobernadora había anunciado que tan pronto comienzara la segunda sesión ordinaria, el próximo 19 de agosto, remitiría el nombramiento del actual Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para un nuevo término como juez superior tal y como lo había anunciado anteriormente.

La respuesta de Calderón se produjo luego que Gracia le pidió por escrito que no lo renominara para evitar especulaciones sobre su determinación de referir al Departamento de Justicia los casos de posibles violaciones a la Ley Electoral en la que incurrieron doce legisladores, siete de ellos del gubernamental Partido Popular Democrático.

Gracia Morales debería ser confirmado por el Senado a un nuevo término de 12 años en la Judicatura. El nombramiento de Gracia a la CEE se logró con el consenso de los tres comisionados electorales, que condicionaron su decisión a una nueva nominación judicial de Gracia para garantizar la imparcialidad del trabajo de éste.

Gobierno busca estrechar relaciones con Latinoamérica

1 de agosto de 2002
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SAN JUAN (AP) - El Secretario de Estado, Ferdinand Mercado, informó el jueves que discutió alternativas para estrechar relaciones de índole económica con América Latina, durante una reunión con Giovanni E. Reyes, Director de Desarrollo y Cooperación Regional del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

Reyes, quien permanecerá en la isla durante varios días, ocupa el cargo desarrollo económico en Latinoamérica y es autor de sinnúmero de artículos, manuales y libros sobre temas relacionados, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

"Reafirmo el interés de Puerto Rico en participar en organizaciones internacionales que aporten beneficios económicos, comerciales, culturales y tecnológicos para los puertorriqueños. A la vez, pretendemos aportar la experiencia puertorriqueña a las discusiones sobre los retos que enfrenta nuestra América. Nuestra vinculación al SELA nos unirá aún más a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños en la búsqueda de soluciones a problemas comunes," dijo Mercado.

El SELA es un organismo regional intergubernamental con sede en Caracas, Venezuela y está integrado por 28 países de América Latina y el Caribe. Se creó el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio Constitutivo de Panamá.

El organismo, entre otras cosas, promueve un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe en asuntos económicos, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales, impulsa la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe y propicia la articulación y convergencia de los distintos esquemas de integración económica existentes en la región.

Contralor investiga legalidad del uso de fondos para mensaje gubernamental

31 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) - El Contralor Manuel Díaz Saldaña investiga la legalidad del pago por La Fortaleza de un mensaje de la gobernadora Sila María Calderón sobre imputaciones de posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña como candidata a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD).

La gobernadora Calderón ofreció el mensaje al país el pasado mes de marzo luego de sostener una reunión en La Fortaleza con legisladores y alcaldes de su Partido Popular implicados en un esquema de tranferencias ilegales de fondos de su campaña electoral.

El Contralor dijo a The Associated Press que su oficina audita en estos momentos parte del fondo electoral y que está viendo específicamente el uso de fondos públicos por parte de la gobernadora Calderón sobre esas alegadas transferencias.

"Nosotros estamos viendo el uso de fondos públicos por parte de la gobernadora sobre el mensaje que ella dió sobre alegadas transferencias de fondos" dijo Díaz Saldaña.

El Contralor dijo que sus auditores auditan además los tres partidos políticos en cuanto al llamado fondo electoral, donde examinan entre otras cosas, documentos en los partidos políticos y en el Departamento de Hacienda.

A raíz de denuncias de un esquema ilegal de financiamiento de la campaña de Calderón, trascendió que la representante Alida Arizmendi y otros legisladores eran parte de un plan mediante el cual se desviaba dinero de la campaña de Calderón para canalizarlo hacia la campaña otros candidatos del PPD que a su vez hacían campaña por su candidata a la gobernación.

Calderón celebró una reunión en La Fortaleza con los candidatos implicados, donde Arizmendi incurrió en crasas contradicciones cuando intentó aclarar su participación en la campaña eleccionaria de Calderón, burlando la Ley Electoral.

Arizmendi ni el Partido Popular han podido explicar satisfactoriamente el origen de unos $14,000 que se pagaron a una agencia de publicidad que coordinó la campaña de los candidatos que apoyaban la candidatura de Calderón.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Aurelio Gracia Morales, pidió al Departamento de Justicia que investigue posibles violaciones a la Ley Electoral de parte de aquellas personas que realizaron un pago a una agencia de publicidad en abono de la alegada deuda de Arizmendi, deuda que la legisladora rehusa reconocer.

El Partido Popular reaccionó reaccionó a los señalamientos de violaciones de ley hechos por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pero no se vio en el Comité Central del PPD a la representante Arizmendi, aunque en el Capitolio se dijo que ella no asistió porque no fue invitada.

Tampoco se vio en la conferencia de prensa con los legisladores implicados a la hoy ex senadora Maribel Hernández, quien se vio obligada a renunciar a su escaño en el Senado a raíz de señalamientos de haberse apropiado ilegalmente de dinero del Senado en relación con su viaje al Desfile Puertorriqueño el año pasado.

Sin reunirse el grupo de trabajo sobre status en E.U.

31 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) - A un año de su creación, el grupo de trabajo interino sobre el status designado por el presidente estadounidense George W. Bush no se ha reunido ni una sola vez, informó un diario.

Durante ese tiempo, el grupo -constituido por representantes de 14 agencias federales- celebró una conferencia telefónica en agosto del año pasado sin producir ningún informe.

El portavoz puertorriqueño del Partido Republicano, Luis Fortuño, aseguró que la Casa Blanca sigue muy cerca el tema de Puerto Rico.

"Entiendo que la administración Bush tiene un compromiso genuino con la comunidad hispana en general y eso incluye a Puerto Rico", dijo Fortuño.

El líder estadista dijo que el gobierno de Bush "reconoce que hay que hacer algo sobre el status, pero no puedo garantizar cuándo y cómo habrá acción por parte del grupo de trabajo sobre el status de Puerto Rico".

PPD critica decisión del presidente de la CEE

30 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) - El Partido Popular Democrático (PPD) criticó este martes la determinación del Presidente del Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de referir al Departamento de Justicia los casos de 16 legisladores que pudieron haber violado los reglamentos y la ley electoral.

En voz de su secretario general, Fernando Torres Ramírez, el PPD dijo que el presidente del organismo electoral, Aurelio Gracia Morales, abdicó a su responsabilidad de tomar una determinación y se la traspasó a la secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez.

"El Presidente (de la CEE), en lugar de cumplir con su responsabilidad, la que le impone la Ley Electoral específicamente en el Artículo 1.006, de adjudicar este tipo de controversia, optó por transferirle la misma a la Secretaria de Justicia", sostuvo el funcionario.

Para sustentar su opinión, Torres Ramírez citó una de las resoluciones emitidas hoy por Gracia Morales en la que se señala que se refiere el caso a Justicia "con el propósito de comprobar o descartar la posible violación a los artículos 8.014, 8.016 y 8.018 de la Ley Electoral".

Según el secretario general del PPD, las resoluciones del Presidente de la CEE adolecen de fallas, omisiones y violaciones a los derechos constitucionales de libertad de expresión y de asociación.

Asimismo, dijo tener "la certeza de que una vez se analicen objetivamente por cualquier foro imparcial o cualquier persona sensata... los planteamientos esbozados, quedará claramente establecido la superficialidad de este proceso", que catalogó de "viciado desde el inicio".

Torres Ramírez hizo un llamado al pueblo popular a mantenerse tranquilo porque "ni los legisladores del PPD ni la colectividad ni su presidenta incurrieron en violaciones a la ley electoral".

La Comisión Estatal de Elecciones anunció este martes que referirá al Departamento de Justicia los informes de auditoría de 16 legisladores populares y novoprogresistas que podrían haber violado los reglamentos y la ley electoral.

De inmediato, la gobernadora Sila M. Calderón dijo que las imputaciones de la CEE no tienen que ver con corrupción y las catalogó como "una interpretación" del Presidente de la CEE.

"Esto no es corrupción para empezar. Estamos hablando de interpretaciones de la Ley Electoral. El Presidente de la Comisión ha hecho una interpretación y entiende que requiere una evaluación adicional de la Secretaria de Justicia", dijo Calderón.

Sin embargo, Gracia Morales explicó en una rueda de prensa separada que refirió los casos a Justicia por entender que los hallazgos reflejan que se pudieron haber cometido delitos públicos.

CEE refiere a Justicia casos de legisladores por posibles violaciones de ley

30 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) - La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) refirió el martes al Departamento de Justicia los casos de 16 legisladores por posibles violaciones a los reglamentos y a la ley electoral.

De inmediato la gobernadora Sila María Calderón dijo que las imputaciones de la Comisión no se tratan de corrupción, sino de una interpretación del presidente de la Comisión, Aurelio Gracia Morales.

Gracia Morales indicó, además, que la Comisión examinó los casos de 19 legisladores y no encontró posibles delitos en los casos de los legisladores independentistas Fernando Martín García y Víctor García San Inocencio ni de la senadora novoprogresista Miriam Ramírez de Ferrer.

Entre las posibles violaciones de ley se encontraron la radicación de informes falsos y la recaudación de fondos fuera de los límites establecidos por la ley, dijo Gracia Morales.

Entre los casos referidos al Departamento de Justicia para su acción posterior, están los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) José Dalmau, Roberto Prats, Roberto Vigoreaux, Cirilo Tirado y Maribel Rodríguez.

Del Partido Nuevo Progresista (PNP) fueron referidos al Departamento de Justicia los casos de los senadores Lucy Arce, Kenneth McClintock y Orlando Parga.

También se refirió al Departamento de Justicia los casos de los representantes populares Ferdinand Pérez y Alida Arizmendi, el representante novoprogresista Angel Cintrón y el hoy representante independiente Jorge de Castro Font.

En el caso de la representante Melinda Romero y del senador popular Cirilo Tirado, el presidente Gracia Morales dijo que la Comisión resolvió realizar una auditoría completa de los fondos de esos legisladores.

En el caso de la hoy ex senadora popular Maribel Rodríguez, el funcionario dijo que ella rehusó cooperar con la Comisión por lo que se pidió a la Comisión de Etica del Senado que le suministrara los testimonios y la evidencia que obtuvieron en su investigación, incluyendo el del hijo de Rodríguez, quien declaró que recibió del hoy administrador de la Fortaleza, Fulgencio Correa, 10 mil dólares en efectivo, que no fueron reportados adecuadamente a la Comisión.

Estrategia alterna para prácticas de Marina

29 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) - Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos trabajan en la creación de un centro nacional para entrenamientos conjuntos, una iniciativa que coincide con los planes de la Marina de Guerra para distribuir entre varias instalaciones militares las maniobras que ahora realizan en Vieques.

"Puede ser un conglomerado de centros de entrenamiento", indicó el vicealmirante de la Marina, Edmund Giambastiana, designado próximo comandante de las Fuerzas Conjuntas, al hablar sobre la nueva estrategia para coordinar los entrenamientos integrados.

De acuerdo a informes de prensa, el Comando de Fuerzas Conjuntas es el que tiene en este momento la dirección de las maniobras "Retos del Milenio", que comenzaron la semana pasada en nueve polígonos de tiro en Estados Unidos y 17 localidades ficticias creadas a través de computadoras.

Esas maniobras -que forman parte de un plan de entrenamiento que se extenderá por dos años- son consideradas las más importantes que Estados Unidos desarrolla desde la Segunda Guerra Mundial, trascendió en las vistas públicas de confirmación del vicealmirante Giambastiana ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado.

El nominado indicó que los ejercicios "Retos del Milenio" incluyen maniobras con fuego real en campos de tiro del oeste de Estados Unidos, guerras simuladas por medio de computadoras y el establecimiento de un centro de operaciones en Norfolk, Virginia, donde está la sede del Comando de Fuerzas Conjuntas.