 El debate sobre la reforma de la financiación de las campañas experimentó un importante giro esta semana, centrando sus miras en el endurecimiento de las actuales leyes electorales y apartándose de la financiación de las campañas con fondos públicos.
En el desenfadado mundo de la política puertorriqueña, donde la defensa del propio partido es a menudo una virtud que se pone por encima de decir la verdad, controlar la codicia inherente a los políticos de aportaciones a sus campañas es sin duda una meta meritoria.
Pero la actual situación financiera del gobierno del ELA, junto con las garantías de libertad de expresión sobre las aportaciones a las campañas, infunde dudas sobre si la propuesta de la administración Calderón de financiar las campañas políticas con fondos públicos funcionará.
Si a esto se suma el coste de semejante proyecto – las estimaciones van desde los $40 a los $60 millones para cada ciclo electoral de cuatro años – unido al asco del público hacia la clase política, es fácil ver que a voluntad política de emprender la reforma de la financiación pudieran estar decayendo.
Quizás, paradójicamente, este tema prioritario para la Gobernadora Calderón (ella quiere que para final de año se haya promulgado una ley) casi desapareció como tema de conversación del público este verano cuando las discretas sesiones públicas sobre el asunto fueron extinguiéndose durante julio, cuando la mayor parte de Puerto Rico parece hallarse de vacaciones.
Y, paradójicamente también, fue una disputa política la que volvió a convertirlo en foco de atención.
Una auditoria preliminar de la Comisión Estatal Electoral, que se filtró a la prensa la semana pasada, levantó alegaciones sobre multitud de infracciones de la ley electoral por parte de los candidatos del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, en su mayoría legisladores.
No obstante, la filtración, que según la creencia general fue llevada a cabo por el PNP, resultó más perjudicial para el PPD, ya que anteriores alegaciones sobre el hecho de que durante la campaña de Calderón, cuyo capital gastado rondó los $3 millones, se había urdido un plan para subvencionar su campaña haciendo que las campañas de candidatos legislativos sacaran anuncios promocionando su candidatura.
Esto es una práctica común en la política. (La campaña de Pesquera se benefició considerablemente de los anuncios que sacaron los candidatos legislativos del PNP atacando la integridad de Calderón.) Lo que sí resultaría ilegal sería que el comité central del partido pagase los anuncios producidos para la campaña individual de un candidato. Hasta ahora, se ha podido presentar poca evidencia pública de este hecho contra ninguno de los partidos.
El Presidente del PNP, Carlos Pesquera, aprovechó la filtración, que coincidió con su gran discurso del 4 de Julio, para atacar a Calderón acusándola de ser el cerebro de la "confabulación del PPD," porque ella "estaba perdiendo las elecciones y lo sabía." Calderón descartó los informes preliminares de la auditoria como meras discrepancias en la interpretación de las leyes electorales y atacó al PNP acusándole de ser el partido que robaba el dinero de los escolares para pagar sus campañas políticas.
No obstante, entre toda esta agitación política, varios legisladores resultaron acusados de una multitud de infracciones contables, incluidas aportaciones a las campañas y gastos no declarados, información incompleta sobre la lista de donantes, recibir donativos por encima de los límites legales, recibir donativos disfrazados de préstamos y presentar informes con retraso.
Aún así, lo que hizo que el debate sobre la reforma de la financiación de las campañas volviera a ocupar el centro de atención fue la toma de conciencia de que, con independencia de cuales fueran los pecados de los legisladores, no se les haría responsables, ya que el estatuto de limitaciones sobre estas infracciones había sido aprobado.
Aunque no se hubiera aprobado, la mayor parte de las infracciones de las cuales se les acusaba eran faltas leves, no delitos, lo cual no resulta un gran incentivo para garantizar que no lo repitan.
Inmediatamente se dejaron oír voces tripartidistas pidiendo que el debate sobre la reforma de la financiación de campañas se ampliara y abordara estas deficiencias en las leyes electorales.
Entonces Rubén Berríos, cuya reelección el domingo como presidente del Partido Independentista Puertorriqueño dio fin a casi un año de silencio público, dijo que el gobierno no debería dar "un centavo" a los candidatos que trataban de ocupar un cargo político. Dijo que el PIP renunciaría a los fondos públicos, si otros partidos seguían el ejemplo.
Dijo que la propuesta pretendía "poner fin al sistema Victor Fajardo," refiriéndose al ex-secretario de Educación, que se declaró culpable de cargos federales por robar fondos de las escuelas públicas en su propio beneficio y del Partido Nuevo Progresista.
El Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Aurelio Gracia Morales, salió en miércoles en favor de ampliar el estatuto de limitaciones de infracciones de la Ley Electoral. En la actualidad, la mayor parte de las infracciones tienen un estatuto de limitaciones de solo un año, lo que hace extremadamente difícil el procesamiento de los infractores de la ley electoral.
Se supone que las auditorias del CEE deben llevarse a cabo cada 90 días, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta la inherente burocracia de la agencia en expansión, en la cual los tres partidos políticos tienen voz.
También se mostró a favor de sanciones más duras para las infracciones de la ley electoral, convirtiendo un mayor número de ofensas en felonías.
Existen otras lagunas que podrían cerrarse y que contribuirían mucho a impedir que se fomente la corrupción inherente en el actual sistema político.
La total prohibición de los telemaratones y los donativos anónimos cerraría la mayor laguna existente en las actuales leyes electorales que son bastante rigurosas. Es un hecho ampliamente reconocido que los dos principales partidos utilizan normalmente estos grandes eventos públicos para blanquear donativos ilegales (en su mayoría donativos hechos por particulares y corporaciones por encima de los límites legales).
Con tanto hablar sobre la reforma de la financiación de campañas, un hecho ha logrado quedar fuera de gran parte del debate: aportando $3 millones en fondos públicos para los candidatos a gobernador, Puerto Rico ya tiene campaña financiada con fondos públicos
El giro de esta semana en el debate parece ser saludable y sabio desde el punto de vista económico.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
