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26 de abril de 2002
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El analista político y profesor José Garriga Picó expresó el viernes su oposición al financiamiento público de las campañas políticas ya que cree que esa medida no resolvería la influencia que calificó como "desproporcionada" de los grandes intereses.

"Los candidatos que tienen la tendencia a ser corruptos continuarán violando la ley a pesar de los mecanismos de financiamiento utilizados," dijo Garriga Picó.

Garriga Picó, sin embargo aprueba la idea de limitar el tiempo de las campañas electorales enmendando además el proceso de primarias.

El analista político hizo las expresiones ante la Comisión de Gobierno del Senado que celebra vistas públicas sobre la propuesta de la administración Calderón sobre financiamiento público de las campañas políticas.

La medida propuesta que es evaluada por la Legislatura podría sufrir enmiendas, pero en su versión original establece una asignación de $10 millones de fondos públicos para cada la campaña de cada partido político.

El portavoz del Nuevo Movimiento Independentista Julio Muriente testificó que la cantidad debería ser reducida.

También propuso que los canales de televisión y la radio pública deberían ser utlizados para las campañas, en vez de los canales comerciales.

Como parte del proceso, los ciudadanos pueden solicitar audiencia en las vistas públicas, fecha que estaba separada para el viernes.

Roberto Otero, un maestro, dijo que quiso testificar ante el comité como ciudadano porque quiere involucrarse en los procesos que definen los rumbos de la isla opinó que creía que "aún podemos hacer la diferencia".

Otero recomendó que la medida debería ser enmendada para incluir en la medida el mecanismo de la "iniciativa".

El recurso de la inciativa es uno a través del cual los ciudadanos pueden legislar directamente, a través de un proceso donde se recogen firmas, generalmente de 3% a 5% de los votantes registrados. Este grupo certificado puede someter un asunto ante la consideración del pueblo a través de la Legislatura y si se acepta favorablemente, podría convertirse en ley.

Otero añadió que luego de leer el proyecto sometido, estaba convencido que ese mecanismo debería ser incluído ya que según radicado, el proyecto de administración beneficiaría más a los partidos políticos que al pueblo.