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Boston confirma Marina está eximida de la Ley de Aguas

25 de abril de 2002
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SAN JUAN (AP) - El Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston confirmó que la Marina de Estados Unidos podrá seguir sacando agua del río Blanco hacia la Base Naval de Roosevelt Roads en Ceiba sin tener que cumplir con los requisitos que establece el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

El Primer Circuito de Apelaciones determinó que el Secretario del DRNA no puede llevar un procedimiento administrativo contra la Marina bajo la Ley de Aguas de Puerto Rico, ya que ese cuerpo militar goza de inmunidad soberana contra ese procedimiento.

La decisión del Circuito acoge el argumento de la Armada de que en este caso no es aplicable una legislación federal, conocida como la Enmienda McCarran, en la que Estados Unidos renunció a su derecho a no ser demandado en pleitos sobre aguas dentro de los estados.

Organizaciones cívicas han estimado que unas 130,000 personas, en 15 comunidades, que se sirven del Rio Blanco en los municipios de Vieques, Culebra, Naguabo, Las Piedras, Humacao y Yabucoa, tienen problemas con el servicio de agua, mientras que se alega que la Armada extrae más galones de lo que realmente necesita.

En reacción a la desición, tanto el alcalde de Naguabo, como el representante del área este y el portavoz del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques coincidieron en que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston para que la Armada estadounidense continúe tomando agua del Río Blanco sin pagar, fue una "muy injusta".

Los tres, que defienden distintas ideologías políticas, también coincidieron en que la decisión refleja el poder que la Marina puede ejercer sobre las distintas ramas de las dependencias federales.

El representante popular George Fuentes Mata dijo que la inmunidad reclamada por el cuerpo castrense y convalidada por el tribunal de apelaciones "no se debe aplicar cuando hay tantas comunidades afectadas por esta situación".

Por su parte, Roberto Báez, alcalde novoprogresista de Naguabo urgió a que el Gobierno y la Armada resuelvan el asunto por medio del diálogo "como hacen los buenos vecinos", ya que los procesos legales le parecen "una pérdida de tiempo".

Pidió asimismo que se construya un embalse fuera del cauce del Río Blanco de manera que haya un almacenamiento "suficientemente grande para suplir agua cuando haya sequía".

De otro lado, Ismael Guadalupe, portavoz del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques dijo que el Gobierno debe obligar a la Armada a someterse a las leyes de Puerto Rico, porque las mismas se hicieron para proteger el bien común, dijo en entrevista radial.

Proponen que Calderón elimine gastos de publicidad

Por Proviana Colón Díaz

25 de abril de 2002
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Dos legisladores novoprogresistas dijeron el jueves que aceptarían la propuesta de la gobernadora Sila Calderón de usar los $40 millones del barril de tocino para cuadrar el presupuesto, si la Gobernadora cancela los $60 millones asignados para publicidad gubernamental.

"Aceptamos la eliminación del barril de tocino, pero ella tiene que presentar dos proyectos, uno para esos propósitos y otro para eliminar los fondos públicos asignados para publicidad gubernamental", dijo el líder de la minoría novoprogresista Aníbal Vega Borges.

Al insistir que el presupuesto no cuadra, tanto Vega Borges como el representante Antonio Silva pidieron la renuncia del Secretario de Hacienda Juan Flores Galarza, bajo el argumento de que sus estimados elevados han propiciado el déficit.

El dúo argumentó que Flores Galarza falló al estimar la cantidad de dinero que recibiría el fisco por concepto de las planillas de contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones, por lo que el presupuesto terminará descuadrado.

Es por esa razón que el presupuesto actual tiene un déficit que ronda los $700 millones, alegó.

Ambos legisladores explicaron que el déficit viene de $185 millones de la tarjeta de salud; $9.5 millones de la Universidad de Puerto Rico; $89 millones de la Policía de Puerto Rico.

Las expresiones de los legisladores se producen como una reacción a la afirmación de Calderón el miércoles, cuando aseguró que el presupuesto está cuadrado.

BBVA: Puerto Rico no está implicado en lavado de dinero

25 de abril de 2002
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SAN JUAN (AP) - Antonio Uguina, presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Puerto Rico (BBVA), dijo ayer que puede explicar la legalidad de cada una de las transacciones y transferencias desde y hacia la entidad bancaria internacional del BBVA en la Isla.

Actualmente la Fiscalía española investiga si la corporación internacional del BBVA se creó como un mecanismo de lavado de dinero y si la institución en Puerto Rico participó del mismo.

Uguina dijo que luego de leer el informe sobre la pesquisa, basado en el testimonio y la documentación aportados por el licenciado Nelson Rodríguez, el antiguo abogado del banco, está seguro de que las implicaciones sobre la participación en la Isla son "acusaciones 100 por ciento falsas".

"En la prensa europea, Puerto Rico se ha visto equiparado a los paraísos fiscales (poco regulados) como las Islas Jersey, cuando la verdad es que el sistema bancario de Puerto Rico es de los más transparentes y regulados", señaló Uguina a un rotativo.

El Arzobispo insiste en que todas las denuncias contra el clero deben presentarse ante la policía

por CARYN NESMITH

24 de abril de 2002
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SAN JUAN, Puerto Rico (AP) - El Arzobispo de este territorio estadounidense indicó que todas las personas que tengan denuncias sobre supuestos abusos sexuales contra los miembros del clero las presenten ante la policía, aunque no quiso hacer comentarios sobre algunos casos en particular.

[En la tarde del miércoles, y al igual que el Papa Juan Pablo II, el Arzobispo Roberto González Nieves pidió el perdón de las víctimas y de las familias involucradas en el escándalo de abuso infantil que tiene por centro a la Iglesia Católica.

Reconoció que la "tragedia" afectaría a la fe que a diario depositan los creyentes en sus sacerdotes, aunque dijo que él esperaba que dicha confianza pudiera restablecerse.

"Tengo fe en que lograremos recuperar la confianza, esforzándonos mucho más para proteger a los menores que son confiados a nuestro cuidado y dotando de transparencia a todos los temas que se relacionen con el tratamiento de estas cuestiones," dijo González Nieves.]

González Nieves, conocido por sus fervorosos discursos en contra de las maniobras militares que realiza la Marina de los Estados Unidos en la isla puertorriqueña de Vieques, se mostró cauteloso y tímido cuando se le preguntó su opinión acerca de las siete denuncias de abuso sexual contra sacerdotes de tres diócesis de Puerto Rico.

"Lo mejor es que las denuncias se presenten directamente ante las autoridades civiles, ya que así se logra una impresión de imparcialidad en la iglesia."

Asimismo informó a los periodistas que él creía en una política de "no tolerancia".

Explicó que la política de la iglesia de Puerto Rico es denunciar ante las autoridades civiles todos los casos de inconducta sexual que ocurran en su ámbito, aunque después de que la iglesia haya comprobado su veracidad.

González Nieves se negó a comentar sobre la investigación de abuso sexual que involucra a un sacerdote de su diócesis y que fuera anunciada la semana pasada. Explicó que el caso estaba siendo investigado por la iglesia desde hacía algún tiempo, pero que no identificaría ni al sacerdote, ni a la persona que presentó la denuncia ni la fecha en que fue hecha.

El periódico Primera Hora informó que se denunciaron otros seis casos de inconducta sexual de sacerdotes en los últimos años en otras dos diócesis: Caguas y Arecibo, y que tres sacerdotes ya fueron transferidos, aunque no se dieron a conocer los detalles de tales transferencias.

González Nieves comentó que él estaba a favor de establecer una nueva política en la iglesia que limite el plazo para realizar la investigación por inconducta a 72 horas, vencido el cual, el caso pasaría directamente a las autoridades civiles siempre y cuando la iglesia llegue a la conclusión de que existe acción.

Unión resta credibilidad a alegadas ventajas de privatizar AAA

24 de abril de 2002
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SAN JUAN (AP) - El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Víctor Villalba, restó el miércoles credibilidad al análisis realizado por la firma de consultores Price Waterhouse en el que se recomienda la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Según Villalba, el contrato de operación de la AAA debe retornar a manos del Gobierno para que no se siga afectando el servicio a los clientes, como pasa ahora, mientras que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) sigue encontrando fallas en as plantas de tratamiento.

El líder criticó los planes de privatización, que dijo forman parte de una corriente económica llamada noeoliberalismo y que está dejando en crisis a muchos países como Argentina.

El análisis, dado a conocer el martes a través de un diario local, concluye que lo mejor para el Gobierno es otorgar un contrato por 10 años a una empresa privada y retomar entonces la administración de la AAA, ya que deberá contar con nueva tecnología y los empleados estarán mejor adiestrados.

Villalba dijo que esas mismas razones se ofrecieron en el 1998 cuando el Gobierno estudiaba la venta de la Telefónica a una compañía foránea.

Dijo que después de la venta, el pueblo ha visto que "fue un error", ya que el servicio ha empreorado.

Se espera que para el fin de mes el Comité Evaluador anuncie cuál de las tres empresa solicitantes es la seleccionada para administrar las operaciones de la AAA.

Análisis indica debe continuar privatización de la AAA

24 de abril de 2002
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SAN JUAN (AP) - Un análisis de costo beneficio realizado por la firma de consultores Price Waterhouse determinó que la propuesta para devolver al gobierno la operación total de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), resulta, en este momento, en un mal negocio.

El análisis indicó que si el gobierno retuviera la operación de la AAA, tendría que mantener subsidios públicos altos, requeriría subcontratación privada adicional, millonaria inversión pública en tecnología y hasta la reducción de personal.

Informes de prensa indican, la idea no se descarta en el análisis una vez culmine en 10 años el contrato, ya que para ese entonces la AAA retendrá las nuevas tecnologías para reducir salideros y detectar hurto de agua, compradas al operador privado.

Además, los empleados de la corporación pública estarán adiestrados para utilizarla; se habrá rehabilitado la infraestructura y eliminado el déficit y las deudas.

Se espera que para el fin de semana el Comité Evaluador anuncie cuál de las tres empresa solicitantes es la seleccionada.

Auguran poco futuro a propuesta del idioma

23 de abril de 2002
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SAN JUAN (AP) - La experiencia histórica apunta a que es poco probable que el Partido Popular Democrático (PPD), como institución, eleve a rango constitucional el asunto del idioma, según el estudioso de ese tema, doctor Carmelo Delgado Cintrón.

También echó a un lado la propuesta del presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Pesquera, para que se eleve a rango constitucional el español y el inglés como idiomas oficiales de Puerto Rico.

"No respaldo ni creo propio consignar en la Constitución que ambos idiomas son los idiomas oficiales porque no responde a la realidad social que vivimos día a día", dijo el intelectual.

Recordó que en 1952 el Partido Popular y el entonces gobernador Luis Muñoz Marin entendieron que no era conveniente elevar a rango constitucional ni la bandera, ni el himno, ni el idioma oficial, por la experiencia habida en 1944 y 1945, cuando se aprobaron proyectos sobre el idioma español que fueron vetados por el entonces gobernador interino Manuel A. Perez.

Señalo, además, que en 1945 las cámaras legislativas pasaron sobre el veto del gobernador Pérez y se elevó el proyecto ante el presidente Harry S. Truman, quien lo veto.

El estudioso indico que el mas reciente intento por elevar a rango constitucional el idioma espanol se dio en 1991, cuando el entonces gobernador Rafael Hernandez Colon propuso un referendum donde sus propuestas fueron ampliamente rechazadas.