 Esta semana, la lucha de la Gobernadora Calderon contra la corrupción parece tener más fuerza que nunca, al haber recibido por parte del tribunal federal de apelaciones el visto bueno para su Comisión ‘Blue Ribbon’, y al haber trasladado los fiscales federales la investigación sobre corrupción en el sector público bajo el anterior Gobernador Pedro Rosselló al interior de las verjas de La Fortaleza.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito 1º no solo revocó el fallo que obstaculizaba los métodos de investigación de la Comisión Blue Ribbon, si no que también ordenó al Juez de Distrito de EE.UU., José Fusté, que denegase la demanda presentada contra la Comisión y la Gobernadora Calderón, lo cual le condujo a fallar que la Comisión pisoteaba los debidos derechos procesales de dos de sus objetivos: el anterior Secretario de Recursos Medioambientales y Naturales, Daniel Pagán, y el anterior Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Jorge Aponte.
En una decisión redactada por el Juez Juan Torrellua, conocido por sus tendencias pro-estadidad, el Tribunal de Apelaciones falló que, dado que la Comisión no ejercía funciones procesales, no podía infringir dichos derechos — un alegato que la administración había mantenido todo el tiempo.
Entretanto, el arresto por una nueva acusación federal de la anterior ayudante especial del Gobernador Pedro Rosselló, Maria de los Angeles Rivera, ha alejado el foco de atención de las acusaciones contra el Partido Popular Democrático por posible violación de algunas leyes electorales.
Rivera está acusada de utilizar su puesto en La Fortaleza para conceder a contratistas del Gobierno entrevistas con jefes del Gabinete a cambio de sobornos. Está acusada de recaudar unos $125.000 durante el segundo mandato de Rosselló en el cargo.
Los fiscales federales insistieron en señalar que no existían pruebas de que Rosselló tuviera conocimiento de los sobornos y que éstos eran en beneficio personal y no del Partido Nuevo Progresista.
Pero al formular cargos contra una persona tan próxima al anterior Gobernador, es innegable que la tensión en torno a Rosselló ha aumentado.
Por una parte, puede que de hecho se vea obligado a hablar sobre el tema — algo que no ha hecho desde el arresto del anterior Jefe de Educación y del partidario incondicional del PNP, Victor Fajardo. Esto es debido a que Rivera tiene un contrato para el funcionamiento de su despacho oficial, un derecho concedido a todos los anteriores gobernadores, que reciben un presupuesto anual de $40.000 para el funcionamiento de sus despachos.
Ahora que ha sido acusada, Rosselló fue obligada a cancelar su contrato para administrar el despacho, que parece ser es una "ciber-oficina," que solo existe en el ciberespacio. Pero los esfuerzos por descubrir cualquier rastro de la oficina de Rosselló han resultado infructuosos por parte de los periodistas locales. La mayor parte de los costos del funcionamiento de la oficina -- $36.000 — se han destinado al pago del salario de Rivera.
Rosselló permanece mudo, rechazando todos los intentos de entrevistas, pero los líderes del Partido Nuevo Progresista han ido aumentando sus peticiones para que Rosselló hable al pueblo puertorriqueño sobre la corrupción bajo su administración.
El último auto de procesamiento federal también ha espoleado las especulaciones sobre la posibilidad de que se produzcan más autos de procesamiento, ya que solo uno de los tres contratistas que supuestamente pagaron sobornos a Rivera ha sido acusado, dando la impresión de que los federales se están apoyando en su colaboración.
Todas estas malas noticias para el PNP han resultado ser buenas para Calderón. También se lanzaron acusaciones por violar las leyes electorales contra el Alcalde de San Juan, Jorge Santini, que ha estado indagando en los libros de cuentas durante el período en que Calderón fue alcaldesa, y haciendo acusaciones por mala gestión financiera y posibles violaciones de la ley.
Santini también fue obligado a rescindir un contrato de $280.000 con DMS, Inc., empresa de servicios sanitarios con la cual Rivera también estaba involucrada.
Muchos consideran el ataque de Santini contra Calderón una táctica del Alcalde de San Juan para retar a Carlos Pesquera por el liderazgo del NPP. Al hacer estas acusaciones contra Calderón, Santini también ha demostrado que está bien situado para desenterrar trapos sucios sobre Calderón.
Santini niega las habladurías, pero fuentes internas del PNP dijeron que una de las facciones del partido está apoyando un proyecto electoral como alternativa a Pesquera, el cual incluye a Santini como candidato a gobernador, al anterior Presidente del Senado, Charlie Rodríguez, como comisionado residente y a Jorge De Castro Font, que pronto será miembro del NPP, como candidato a la alcaldía de San Juan.
Pero esto no quiere decir que en el PPD no existan sus propias desavenencias internas.
La semana pasada, el anterior Gobernador Rafael Hernández Colón, hizo unas declaraciones instando a que los líderes del gobierno sean sinceros con el pueblo en lo referente a las acusaciones sobre corrupción y la ley electoral.
Calderón interpretó estas declaraciones como un ataque dirigido directamente contra ella. Dando muestras de sagacidad, Hernández Colón pudo negar que iban dirigidas contra ella, pero era prueba evidente de que seguía herido por su desaire a las aspiraciones de su hijo, José Alfredo Hernández Mayoral, al cargo de comisionado residente en las últimas elecciones.
Las luchas políticas internas entre los partidos de Puerto Rico continuarán a pesar de lo buenas o malas que parezcan las perspectivas del partido en el futuro inmediato.
Pero los puertorriqueños creen cada vez más firmemente que las autoridades federales están demasiado por encima como para ocuparse de este tipo de partidismo, razón por la que ésta resultó ser una semana tan buena para Calderón.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
