 La Gobernadora Calderón y su Partido Popular Democrático han sido golpeados por el boomerang —la ley de las consecuencias inesperadas— que resultó ser el ataque frontal que lanzaron en contra de la corrupción pública.
Durante las últimas dos semanas, comenzaron a aparecer varios informes que implican al partido con planes para eludir los topes máximos para gastos de publicidad impuestos por la Comisión Estatal Electoral durante la exitosa campaña de Calderón para lograr la gobernación.
Otra serie de informes cuestiona la manipulación de ciertos contratos de publicidad que hiciera Calderón durante los 4 años en que se desempeñó como alcaldesa de San Juan. Los informes aseguran que contratos por $3 millones se inflaron durante los años fiscales 2000 y 2001 hasta tener un valor actual de más de $7 millones, en parte gracias a modificaciones.
Otros informes cuestionen si los fondos federales han sido correctamente gastados en publicidad, y una fuente desconocida afirma que se pudieron haber desviado ilegalmente varios millones de dólares de la municipalidad de San Juan a la campaña de Calderón.
La pregunta de si estas historias son creíbles será respondida a su debido tiempo por las distintas agencias a las que se les pidió que investigaran los cargos, algunas por encargo de Calderón y otros por encargo de sus opositores. Las agencias incluyen a la Oficina del Síndico del Estado Libre Asociado (Commonwealth Comptroller's Office), la Oficina de Ética del Gobierno, la Comisión Estatal Electoral (State Elections Commission), el Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador General de los Estados Unidos.
Pero, la pregunta más importante sea quizás por qué el gran interés de la prensa por estos informes – ya que las pruebas ofrecidas para respaldar algunas de estas afirmaciones fueron realmente insignificantes.
Gran parte de la explicación tiene que ver con la atmósfera de "caza de brujas" que se ha apoderado de los círculos políticos de Puerto Rico en medio de una serie de casos de corrupción contra funcionarios del gobierno actual y anterior.
Calderón ha fomentado el disgusto público para los casos de corrupción y ha hecho de la transparencia de su gobierno la meta de su administración.
No hay nada de malo en ello. Sin embargo, los extremos a los que ha conducido esa lucha han engendrado críticas sobre una aparente actitud "santurrona" en el equipo de Calderón.
La exposición pública del Representante Angel Cintrón, quien es el nuevo Secretario General del Partido Nuevo Progresista, que estudiaba derecho mientras trabajaba en el Congreso es una instancia en la que la lucha contra la corrupción ha dado un giro totalmente político.
Algunas personas opinan que la Comisión Cinta Azul de Calderón, sobre la que un juez federal decidió que había obstruido los derechos de debido proceso de algunos de sus objetivos, es como un moderno tribunal de la inquisición española o "Cámara de la Estrella" como lo bautizó el juez José Fusté.
Cuando se conocieron los informes sobre los delitos posiblemente cometidos por funcionarios del PPD, el Secretario General del Partido, Jorge Colberg Toro, presentó una demanda contra el Partido Independentista Puertorriqueño por haber presuntamente violado las leyes electorales al transferir fondos del partido central a los comités municipales. El PIP admite abiertamente haber pagado el arrendamiento y los gastos de dichos comités locales, una práctica que los funcionarios han estado llevando a cabo durante más de una década sin quejas de ningún sector.
Pero, irónicamente, los informes sobre el PPD se dieron a conocer durante las audiencias del Comité de Ética del Senado que tenían por finalidad la expulsión del cargo de la Senadora del PPD Maribel Rodríguez, acusada de haber intentado malversar $1,900 que se le habían pagado para cubrir los gastos de un viaje oficial al Desfile del Día Nacional de Puerto Rico en Nueva York. Ella devolvió el dinero cuando se presentaron cuestiones sobre el hotel en el que había estado alojada durante el viaje.
El hijo de Rodríguez declaró que el PPD intentó eludir el tope máximo de los $3 millones destinados a la campaña de Calderón haciendo que los candidatos legislativos hicieran publicidades apoyando la candidatura de la gobernadora. Dicha actitud sería ilícita si el comité central del PPD hubiera transferido fondos a los comités de campaña de los candidatos individuales para pagar las publicidades, tal como el hijo de Rodríguez expresó se había hecho.
De todos los cargos presentados en los informes, éste particularmente es el que tiene mayor credibilidad, no sólo porque los legisladores involucrados están ofreciendo versiones contradictorias, sino también porque el uso de los comités de acción política individuales para respaldar al candidato principal de un partido es una práctica muy reconocida en las campañas políticas de la isla.
Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista no ha presentado ninguna demanda ante la Comisión Electoral Estatal sobre esta supuesta estratagema. Quizás sea porque un periódico publicó un informe en el que se acusaba al equipo de campaña del candidato a gobernador, Carlos Pesquera, de haber utilizado una estrategia similar.
La reacción de Calderón frente a los informes no ha sido tampoco muy astuta, quizás porque la gobernadora está realmente molesta por este intento por perjudicar su imagen.
El lunes, la gobernadora convocó a los líderes del PPD a una reunión en La Fortaleza y conversó con la prensa sobre los cargos planteados. Los opositores políticos no sólo denunciaron el acontecimiento como una reunión política en un edificio gubernamental, sino que Alida Arizmendi del PPD avergonzó al equipo de Calderón al afirmar que poco tiempo atrás había recibido la factura por las publicidades en cuestión.
A continuación, el martes, Calderón consideró apropiado dirigirse al pueblo de Puerto Rico en un mensaje televisado para responder a los cargos, espacio que le costó $42,000 al erario público. Los opositores políticos se opusieron de inmediato y convocaron a la Oficina del Síndico y a la Oficina de Ética del Gobierno para que realicen una investigación.
La gobernadora podría haber convocado a una conferencia de prensa. De esa forma hubiera obtenido la misma cobertura en los medios sin costo alguno para el público. Pero, en ese caso, hubiera tenido que enfrentarse a las preguntas de los periodistas.
Debido a los confusos resultados, los informes periodísticos han logrado crear una tormenta política que dejará sus huellas en la administración, independientemente de si las acusaciones son ciertas o no.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
