 Conforme se va aproximando el 50 aniversario del Estado Libre Asociado, que se celebrará este verano, se hace cada vez más evidente que el status político tendrá que sobrevivir sin ninguno de los incentivos federales especiales para la industria que han servido de estímulo para la economía de Puerto Rico durante la mayor parte del siglo durante el cual la isla ha estado bajo la protección de los Estados Unidos.
La administración Calderón sufrió un nuevo revés esta semana en sus esperanzas de ganar nuevas exenciones contributivas federales para la manufactura de la isla mediante una enmienda a la Sección 956 del Código de Rentas Internas Federal de los EE.UU., cuando el Congreso dio a conocer las estimaciones del costo del programa, que fueron diez veces más que las estimaciones del ELA.
La enmienda propuesta permitiría a las corporaciones extranjeras en Puerto Rico repatriar el 90 por ciento de sus beneficios en la isla desde Puerto Rico a sus empresas hermanas en los Estados Unidos sin tener que pagar impuestos por ello.
La administración Calderón ha pintado la propuesta 936 como una situación en la que todos saldrían ganando y que podría ayudar tanto a Puerto Rico como a los Estados Unidos.
La isla saldría beneficiada dado que representa una ventaja sobre otros destinos competidores en el extranjero, tales como Singapur, Irlanda y países con jornales bajos como es el caso de Asia y Latinoamérica. Esto sería debido a que, además de las exenciones contributivas locales que Puerto Rico concede a los inversores potenciales, podría permitirse también añadir al conjunto un incentivo sobre contribución federal, algo que sus competidores extranjeros no pueden hacer.
Entretanto, la administración argumenta que la Hacienda de los EE.UU. se beneficiaria ofreciendo a las empresas establecidas en Puerto Rico el "incentivo" de poder repatriar los beneficios a los Estados Unidos con tasas fiscales favorables. Sin tales incentivos las corporaciones extranjeras de la isla seguirían enviando sus beneficios a otras operaciones extranjeras para poder evitar totalmente la contribución federal.
El comportamiento de la mayor parte de las compañías tras la abolición en el año 1996 de la Sección 936 y la Sección 30-A, que están siendo paulatinamente eliminadas para los beneficiarios actuales hasta el año 2005, da cierta credibilidad al punto de vista de Calderón. Por ejemplo, los que permanecieron en la isla optaron por incorporarse en el extranjero para poder evitar totalmente la contribución federal.
Pero está claro que el Congreso no ha quedado convencido por este razonamiento.
Se estima que el programa costaría a la Hacienda de los EE.UU. 10 veces más de lo estimado por el ELA. Mientras que el ELA estima el costo del programa en $1,3 mil millones a lo largo de un período de 10 años, el bipartidista Comité Conjunto sobre Contribución estima su costo en más de $11 mil millones a lo largo de un período de 11 años.
Lo que es aún peor, la concesión de disposiciones retributivas especiales sobre los valores intangibles – entre los que se incluyen patentes o conocimientos sobre inventos industriales o el costo de la comercialización de una marca por parte de los anunciantes – a las compañías que se incorporen en el extranjero costaría alrededor de 21 mil millones durante ese período, según el Congreso. El costo estimado por el ELA era de $2 mil millones a lo largo de 10 años.
El Comisionado Residente, Aníbal Acevedo Vilá, dijo que las estimaciones del Congreso instarían al ELA a retirar la disposición sobre transferencia de intangibles. Pero resulta improbable que dicha medida anime al Congreso a reaccionar más favorablemente sobre la propuesta.
Lo mismo podría decirse en cuanto a presionar al Comité Conjunto sobre Contribución para que se replantee las estimaciones del costo del 956.
Una fuente de información del Senado, próxima a los temas contributivos, en declaraciones al San Juan Star, dijo que cuando se considera en el contexto de las prioridades nacionales, el costo del 956 era "muy alto." Dicha fuente apuntó que el Comité Energético del Senado acaba de aprobar un proyecto de ley sobre incentivos energéticos a nivel nacional que podría costar por encima de los $16 mil millones a lo largo de 10 años.
Más de dos docenas de miembros del Congreso han patrocinado conjuntamente la legislación 956, pero los que desempeñan un papel principal todavía tienen que aceptar la propuesta.
El Presidente del Comité de Finanzas de Senado, Max Baucus, D-Montana, ha calificado los argumentos de la administración Calderón de persuasivos, pero sigue sin comprometerse.
Entretanto, el Presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Bill Thomas, R-Calif., ha dicho que comprende las dificultades con que se enfrenta Puerto Rico – abrumado por la carga tanto de los altos jornales como del alto costo de los negocios a causa de su aislamiento geográfico – pero considera que se debería buscar una solución regional para la economía del Caribe en lugar de programas individuales para jurisdicciones concretas.
La propuesta 956 de Calderón puede parecer mucho mejor que la Sección 936, que fue criticada como asistencia gubernamental corporativa al ser eliminada en el año 1996.
Argumentar que puede resultar mutuamente beneficioso no anda muy desencaminado. Cuando por primera vez se concedieron exenciones contributivas federales a las corporaciones que operaban en Puerto Rico en la década de los cuarenta, el Congreso estaba tan convencido por el argumento de que la medida evitaría que las compañías estadounidenses se instalasen en el extranjero y por lo tanto harían resurgir la economía nacional, como por el argumento del efecto beneficioso que el plan podría tener sobre la economía de Puerto Rico.
Pero cada vez se hace más evidente que, cuando el Congreso eliminó la Sección 936 y la Sección 30-A en el año 1996, marcó un camino en el que no piensa dar marcha atrás.
La propuesta 956 es una idea innovadora pero, a pesar de sus méritos, su futuro es poco prometedor por una sencilla razón: los acuerdos especiales para Puerto Rico simplemente no están en sintonía con la realidad actual de la globalización y el libre comercio.
No hace demasiado tiempo, cuando en el año 1993 se llevó a cabo el plebiscito sobre el status, el Partido Popular Democrático proponía la incorporación de unos beneficios contributivos federales especiales tales como los que ofrecía la Sección 936 en una nueva, mejorada, definición del estado libre asociado.
La idea, que en su momento resultaba poco íntegra desde un punto de vista intelectual, es impensable hoy en día. En su intento de mejorar el estado libre asociado al cumplir su mediana edad este verano, el PPD deberá ajustarse a las auténticas características del ELA.
Una de sus principales ventajas económicas es que Puerto Rico disfruta de su propia jurisdicción fiscal, lo cual hace que el poder de sus exenciones contributivas sea mucho más potente aquí que en los 50 estados, en los cuales los inversores siguen estando sujetos a la contribución federal. No obstante, el Congreso también puede cambiar esto cuando lo considere oportuno.
La administración del PPD es libre de seguir cabildeando en el Congreso para lograr más incentivos federales para la industria. El Partido Nuevo Progresista, a favor de la estadidad, ha hecho lo mismo al tratar de mantener vivo el programa de créditos por salarios de la Sección 30-A.
Pero el PDP ya no puede argumentar que dichos programas son una parte intrínseca del ELA.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
