 Ante los difíciles momentos económicos, el presupuesto de $21,8 mil millones propuesto por la Gobernadora Calderón para el año fiscal 2003 es sorprendentemente alto, un saludable incremento del 5,8 por ciento sobre el presupuesto del año anterior.
Pero no piensen por esto que el presupuesto refleja el optimismo sobre la economía y las previsiones de ingresos del gobierno en el próximo año.
El aumento del presupuesto será costeado fundamentalmente mediante la recaudación de nuevos impuestos, echando a pique las reducciones fiscales previstas y aumentando los ingresos provenientes de la lotería.
Para los funcionarios públicos y el Partido Independentista Puertorriqueño, hay ciertos regalos dignos del Día de San Valentín. Y provienen de las dos medidas que componen el fundamento del presupuesto propuesto por Calderón.
En consonancia con los $180 millones, los aproximadamente 150.000 trabajadores de la administración central recibirán un aumento de $100 en su paga mensual — a pesar de las advertencias de los economistas de la isla de que sencillamente no hay dinero para ello. Entretanto, el PIP, que de forma perenne ocupa el tercer puesto en el sistema político tripartita de Puerto Rico, será el que más se beneficie de la propuesta de Calderón de financiar las campañas electorales primarias y generales con fondos públicos — otra medida que contribuirá a desequilibrar el presupuesto en $50 millones.
Ambas medidas son loables, pero está por ver si son acertadas dada la actual situación fiscal del gobierno del Estado Libre Asociado.
Aún más preocupante es el hecho de que se revocasen unas exenciones fiscales más igualitarias con el fin de pagar las nuevas iniciativas. La tercera fase de la reforma fiscal de la administración Rosselló hubiera recortado de forma drástica un 1 por ciento en todas las escalas fiscales, exceptuando las más altas, y Calderón pospuso una "exención fiscal sobre penalización al matrimonio" que hubiera aportado un respiro de $80 millones a las parejas casadas donde ambos trabajan — una característica actualmente predominante entre la clase media de la isla
El presupuesto contiene buenas noticias para todos. Los Departamentos Públicos de Corrección de Menores, Policía, Salud, Educación, Justicia y Medicina de Urgencia todas ellas recibieron sustanciosos aumentos, así como la Oficina del Contralor.
Calderón también propuso la creación de una especie de "zar" de la evasión fiscal — y en vista del presupuesto para el año, nadie deberá poner en duda su determinación a este respecto.
Su propuesta de aumentar los impuestos sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas parece justificada, especialmente cuando están vinculadas con los gastos de la sanidad pública, tal como dio a entender Calderón. La Gobernadora incluso podría tener razón respecto al aumento del impuesto sobre los vehículos de recreo, ya que aparentemente la tasa fiscal que se les aplica es más ventajosa que la de los automóviles corrientes.
Un paso más arriesgado es el plan de ofrecer un período de amnistía de 90 días durante el cual los contribuyentes podrán retirar hasta $20.000 de sus cuentas IRA sin pagar penalización al gobierno por retirada anticipada. En teoría, este paso podría dar a la economía local un empuje económico de $300 millones. Y el Tesoro podría recaudar $30 millones en impuestos.
Pero si funciona, la medida podría mermar los ahorros para la jubilación de miles de personas que probablemente no deberían tocar estos fondos. No está claro que esto ocurra, no obstante, las penalizaciones bancarias seguirán aplicándose, de modo que podrían servir para disuadir a los contribuyentes de asaltar sus cuentas IRA.
Aún así, está claro que añadir un nuevo juego de azar con el fin de obtener ingresos no es una buena idea. Los ingresos estimados probablemente estarán inflados porque el nuevo juego irá en detrimento del negocio de los juegos ya existentes. Lo que es aún peor, afectará de forma injusta a los pobres, que ya habrán sido duramente golpeados por los ‘impuestos sobre el pecado’ previstos. Este punto es aun más destacable ante el hecho de que Calderón ya ha reducido drásticamente a la mitad los impuestos sobre las ganancias de capital.
La verdadera historia del presupuesto de Calderón es que se basa en dos reducciones fiscales instauradas por su predecesor. Y lo hizo para premiar a los funcionarios públicos a costa del pueblo en general.
Los sindicatos obreros han tenido históricamente mucha más influencia de lo que sus cifras podrían indicar. Y esto nunca ha sido mas cierto que en el momento actual en el que el movimiento ha logrado el respaldo de 90.000 nuevos miembros ante la medida tomada por la administración Rosselló de permitir que los funcionarios públicos se sindicalicen.
Pero aún está por ver si las costosas medidas tomadas por Calderón obtendrán el favor de los sindicatos obreros. Algunos líderes de los sindicatos obreros alabaron el incremento, pero se apresuraron a añadir que esperaban un mayor poder de negociación con los encargados del gobierno.
La verdadera batalla con el sector laboral tendrá lugar cuando los sindicatos se sienten a negociar por separado los convenios colectivos con los líderes de las agencias estatales. Los líderes sindicales han dejado claro que esperan más dinero. Los altos cargos de la Administración han dejado claro que no lo hay.
Calderón no puede seguir culpando a la anterior administración de los actuales problemas fiscales. La estrategia está cada vez más desgastada
¿Hizo uso el gobierno de Rosselló de todos los recursos a su alcance para financiar su programa? Desde luego que sí. Pero la administración Calderón, que saldó unas deudas sospechosas del Government Development Bank asumiendo una deuda a largo plazo de $2 mil millones, está una vez más dispuesta a financiar a las agencias estatales con bajo rendimiento y los proyectos de infraestructura mediante un balance general BDG reforzado.
Si el presupuesto de Calderón tiene sentido, no hará falta. Pero el Presidente del Comité de Finanzas de la Cámara, Francisco Zayas Seijo, mostraba su confusión un día después del discurso, y se preguntaba de dónde saldría el dinero para pagar el incremento de los salarios de los funcionarios públicos.
Entretanto, otros aliados tales como el veterano senador del Partido Popular Democrático, Eudaldo Baéz Galib, están cuestionando si la reforma de la financiación de las campañas propuesta por Calderón viola la constitución local. Está especialmente preocupado por el hecho de que un límite de tiempo sobre las campañas podría violar las garantías sobre la libertad de expresión. Entretanto, los legisladores del Partido Nuevo Progresista están consolidando su oposición al aumento de los impuestos y otras medidas, en tanto que el PIP ha elogiado las medidas de financiación de las campañas y contra la corrupción, no habiendo encontrado mucho más que alabar.
Se ha hablado mucho de una próxima confrontación entre la Gobernadora y los legisladores sobre el contrato para el suministro del agua, y ante la amenaza del poder legislativo de derogar un veto gubernatorial por primera vez en la historia de Puerto Rico.
Pero creo que Calderón logrará evitar con tacto esta confrontación mediante la firma de una ley que permita a los legisladores ejercer el derecho de estampar su aprobación o rechazo sobre cualquier contrato que conceda la administración.
Parece que la verdadera batalla se producirá durante las inminentes discusiones sobre el presupuesto.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
