 Como consecuencia del auto de procesamiento del anterior Secretario de Educación, Victor Fajardo, la Gobernadora Calderón propuso una serie de nuevas leyes para crear un sistema de financiación de las campañas políticas con fondos públicos, y pocos se han atrevido a alzar sus voces contra esta idea.
La historia que se relata en el auto de procesamiento federal del modo en que Fajardo y algunos de sus compinches del Departamento de Educación robaron y extorsionaron millones en beneficio propio y de su partido político, el Partido Nuevo Progresista, ha indignado a Puerto Rico. En el actual clima, ninguna propuesta por radical que sea, parece desencaminada, si evita que se vuelva a producir un escándalo como el de la trama de corrupción que hizo desaparecer $4,3 millones del sistema de escolarización de la isla.
El plan de Calderón, cuyos detalles se supone se darán a conocer a conocer en el discurso del Estado del ELA la semana próxima, está fechado con anterioridad al escándalo Fajardo. En realidad, formaba parte de la plataforma electoral del Partido Popular Democrático en las elecciones del año pasado. Pero, un día después del auto de procesamiento de Fajardo, la gobernadora sacó a relucir el tema, diciendo que quería convertirlo en ley en este año.
Sobre el papel, la reforma de la financiación de las campañas electorales parece ser una meta válida, eliminando la influencia, a menudo corruptora, de las grandes sumas de dinero, y la necesidad práctica de reunir una gran cantidad de dinero si un partido o un político quiere tener una oportunidad real de conseguir la victoria. No obstante, desde el punto de vista práctico, la idea aún no ha sido constatada, y existe la posibilidad de que la política de Puerto Rico sufra cambios en aspectos que todavía han de salir a debate público.
Otra gran cuestión que flota sobre el próximo debate: ¿resulta razonable para el Gobierno puertorriqueño, que tiene dificultades para poder ofrecer a los estudiantes de las escuelas públicas oportunidades docentes y para mantener las calles seguras para las familias, gastar cada año millones en cubrir el costo de las campañas políticas?
Los votantes deberían poder expresarse directamente sobre este tema.
Un gran obstáculo para el plan es la constitución de los EE.UU., que impide la ABSOLUTA prohibición de los donativos a las campañas, por lo que cualquier reforma de la financiación de campañas electorales deberá ser voluntaria.
Toda reforma de la financiación de las campañas electorales deberá tener en cuenta la decisión de la Corte Suprema Buckley v. Valeo del año 1976, resolviendo que los donativos a las campañas estaban amparados por la Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión.
Solamente unos cuantos estados - incluidos Massachusetts, Maine, Vermont y Arizona — han promulgado estas reformas. Y ninguno lo ha hecho con pleno éxito.
Los legisladores de Massachusetts, por ejemplo, rehusaron financiar el plan hasta que una reciente decisión de la Corte Suprema ordenó que lo hicieran. Mientras que Vermont tenía en reserva leyes reformando las campañas, el Gobernador Demócrata Howard Dean decidió renunciar a los fondos públicos cuando su oponente Republicano recaudó millones en donativos de fuera del estado.
Mientras que los políticos del PNP se han mostrado menos entusiastas con la propuesta que los del partido Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño, pocos se han atrevido a oponerse a la idea. La excepción más significativa ha sido la del anterior Gobernador y Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló, que predijo la aparición de "partidos políticos que tratarán de conseguir fondos públicos pero no por el bien de Puerto Rico."
No hay duda de que la financiación de las campañas electorales con fondos públicos podría cambiar el modo en que se lleva a cabo la política en Puerto Rico. Una razón: favorece a los candidatos independientes, minoritarios o no tradicionales que tendrían más dificultades para recaudar fondos del sector privado que los tradicionales candidatos de los partidos.
Por lo tanto, no es de extrañar que el PIP lleve tiempo apoyando la financiación de las campañas electorales con fondos públicos. La idea encierra la promesa de permitir que los candidatos con intereses especiales— tanto si abogan en favor de los verdes, la buena administración, los anti-abortistas o la reforma fiscal — tengan una verdadera oportunidad de ocupar un cargo.
Esto podría resultar beneficioso para la política de Puerto Rico, tal como se encuentra moldeada por la cuestión de su status político. Los partidos a favor del Estado Libre Asociado y a favor de la estadidad tienden a ocupar sus cargos solapadamente con razones que no tienen nada que ver con el status, para luego proceder a imponer sus propias agendas y borrar la de su predecesor, con metas relacionadas con el status.
Si se pudiera separar el eterno debate sobre el status del debate sobre la política en el sector público, no hay duda de que Puerto Rico saldría mucho mejor parado. Esto nunca ocurrirá hasta que el debate sobre el status quede definitivamente zanjado, pero la financiación de las campañas electorales con fondos públicos podría desestabilizar el poder que los principales partidos políticos ejercen sobre el sistema con un efecto beneficioso.
No obstante, esta no es la razón por la cual la Gobernadora Calderón está proponiendo la reforma de la financiación de las campañas electorales.
Lo está haciendo para poner fin a la corrupción en el sector público — y no existen antecedentes en cuanto a la financiación de las campañas políticas con fondos públicos que puedan constarse.
Es probable que la reforma imponga la necesaria sobriedad en los gastos de las campañas políticas. Pero sigue habiendo un gran obstáculo: si las campañas financiadas con fondos públicos han de ser voluntarias, entonces los políticos corruptos probablemente opten por quedar excluidos del plan.
Podría argumentarse que la opinión pública obligaría a los candidatos a seguir las nuevas normas, pero los votantes puertorriqueños todavía han de expresarse sobre este asunto. Y tal como Dennis Kennedy, de la Oficina de Financiación y Campañas Políticas de Massachusetts, declaró al San Juan Star: "Por un lado, los candidatos podrían alegar que están llevando a cabo unas elecciones limpias. Por otra parte, la oposición podría señalar a la financiación con fondos públicos y decir que el candidato está dependiendo del dinero de los contribuyentes."
Está bien que la Gobernadora Calderón haya propuesto la reforma de la financiación de las campañas electorales, y está bien que sus oponentes políticos no lo hayan rechazado.
Sin embargo, mientras prosigue el debate, existen medidas de menor envergadura para protegerse de la influencia que ejerce en la política la corrupción del sector público.
Lo primero que hay que hacer es prohibir por completo los telemaratones y los donativos anónimos, que suponen una gran laguna en unas leyes electorales que, por lo demás, son bastantes rigurosas. En todo caso, las limitaciones sobre los donativos son demasiado estrictas, obligando a los partidos a utilizar el sistema de los telemaratones. Las actuales limitaciones en cuanto a donativos podrían tener que elevarse si estas han de desaparecer algún día.
Otra buena idea es prohibir que quien ocupe el cargo de gobernador actúe como presidente de un partido político, con lo cual se evitaría que el director ejecutivo tuviese la tentación de solicitar a su Gabinete como donativos las ahora infames ‘cuotas’.
Si se logra alcanzar un consenso en ambos temas, la reforma de la financiación de las campañas electorales supondrá un nuevo golpe para la corrupción.
En cuanto a la reforma de la financiación de las campañas electorales, yo digo que comience el debate.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
