No, el Presidente del Senado Antonio Fas Alzamora, no había abandonado su obsesión de que el Español vuelva a ser el idioma oficial de Puerto Rico o de seguir pinchando al Gobierno para que recupere el control de los servicios de agua y teléfono de la isla. Tampoco el Portavoz de la Cámara, Carlos Vizcarrando, desechó su igualmente ridículo plan de aprobar una ley que ordene que los certificados de nacimiento de los naturales de Puerto Rico digan que son "Ciudadanos Puertorriqueños."
Pero se anunciaron dos buenas ideas, respaldadas por miembros de los tres partidos políticos, en los días previos al comienzo oficial de la sesión el Lunes.
Y si se lograran llevar a cabo, el espíritu tripartita que los alienta podría contribuir a despejar el ambiente, no sólo del politiqueo mezquino, si no de la total frivolidad de tantas audiencias públicas que se celebran en el Capitolio.
Una medida, presentada por el Representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Victor García San Inocencio, fijaría una edad obligatoria para la jubilación de los altos cargos de la policía y de los bomberos. La otra investigaría los numerosos programas de puesta en libertad anticipada y de buen comportamiento que permiten que los delincuentes sean puestos en libertad incluso habiendo cumplido solamente un 10 por ciento de su condena.
Ambas medidas fueron respaldadas por el Líder de la Mayoría de la Cámara, Roberto Maldonado, del Partido Popular Democrático; el Líder de la Minoría de la Cámara, Aníbal Vega Borges, del Partido Nuevo Progresista; y García del PIP.
Resulta refrescante ver que el PIP toma iniciativas en temas de tan vital importancia. En los últimos tiempos, las únicas iniciativas legislativas dignas de consideración siempre han venido del frente medioambiental.
Al respaldar estas medidas, Maldonado parece ser mucho más sensato que sus jefes Vizcarrando, que también está presionando al gobierno para que sirva de garantía del plan de reforma sanitario , y Fas Alzamora, que pagó $80.000 por un espacio de televisión para anunciar los logros del Senado en su primera sesión como jefe de la Cámara Alta.
Vega Borges ha demostrado ser mucho más consciente de las buenas maneras de gobierno y de la conveniencia de trabajar alguna vez mano a mano con la oposición que su predecesor Edison Misla Aldarondo quien tras meses de anteponer sus beneficios personales a la lealtad a su partido, a la Cámara y al pueblo de Puerto Rico en general, finalmente dejó su escaño esta semana tras el auto de procesamiento federal en Octubre por cargos de corrupción.
En lugar de socavar los esfuerzos de la administración (como son los temas principales de la agenda de Vizcarrando y Fas Alzamora, sin importar que la Gobernadora Calderón sea el líder de su partido), el plan para fijar una edad máxima de jubilación encaja perfectamente con los esfuerzos del Superintendente de Policía Miguel Periera por reorganizar la estructura del departamento y los oficiales al mando.
Entretanto, el programa de puesta en libertad anticipada de los presos, es un tema que por fin merece una investigación a fondo por parte de la Legislatura. Al amparo de estos programas, los reclusos a menudo salen después de cumplir solo una tercera parte de su condena o menos. En tanto que los asesinos no pueden optar a dichos programas desde el año 1995, los que fueron condenados antes siguen teniendo opción a ellos. El caso de dos asesinos convictos puestos en libertad a pesar de los temores expresados por los familiares de las víctimas causó gran indignación cuando el San Juan Star lo dio a conocer en diciembre.
"Los isleños se sientes inseguros y burlados por el sistema," dijo Maldonado al anunciar la investigación.
Demasiadas investigaciones legislativas repiten la labor ya realizada por la Oficina del Interventor, La Oficina de Ética del Gobierno y el Departamento de Justicia. Asimismo, con demasiada frecuencia, las investigaciones parecen ir directamente encaminadas contra los oponentes del partido en el poder.
La Legislatura actual dominada por el PPD decide investigar los proyectos de rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico y el Conservatorio de Música emprendidos por la anterior administración Rosselló. De igual modo, la anterior Legislatura dominada por el PNP investigó el costoso desmoronamiento de un fabricante de aviones patrocinado por el gobierno que nunca logró funcionar con éxito, mientras Sila Calderón ocupaba un cargo en la administración de Hernández Colón.
Ha habido algunas excepciones, tales como la encuesta legislativa sobre el Instituto San Juan para el SIDA, que ha logrado atraer el interés de las autoridades federales sobre el caso. Pero demasiadas otras investigaciones, o bien han sido diseñadas como armas políticas, o han sido solo vanos intentos con metas que no abordaban las múltiples preocupaciones del pueblo.
Tal fue el caso de la investigación Fas Alzamora para determinar si el idioma oficial de Puerto Rico debía ser el español o el inglés, o si se deberían mantener ambas. Expertos lingüistas de todo el mundo han sido traídos en avión a expensas del contribuyente para llevar a cabo sus investigaciones.
Las costosas vistas públicas resultaron especulaciones sobre lo trivial, totalmente ajenas a la vida diaria de los Puertorriqueños y a sus preocupaciones cotidianas. Como conclusión, el informe solicitado por el Presidente del Senado donde se pedía la vuelta del español como idioma oficial de Puerto Rico, tampoco fue una sorpresa.
La investigación sobre la puesta en libertad anticipada, por el contrario, podría aportar algunas ideas nuevas sobre cómo endurecer las condenas y mejorar el sistema general de prisiones, aquejado por la saturación y las malas condiciones que han costado al ELA millones en multas federales.
La administración Calderón -- cualquier administración -- necesita toda la ayuda ante un problema cuya solución ha eludido a muchos en el pasado.
No hay duda. El Capitolio presenciará lo mejor de la maledicencia política (después de todo, los partidos minoritarios de la Cámara han entablado una demanda contra la mayoría sobre lo que consideran la aprobación ilegal de varias medidas durante el mes de noviembre).
Y además, el candente tema de cómo se deben redactar los certificados de nacimiento en Puerto Rico.
Pero el tripartidismo que se ha vislumbrado esta semana indica que durante esta sesión en el Capitolio se trabajará muy en serio - y que todavía queda alguna esperanza para los legisladores que lo consideran su hogar.
