La Gobernadora Calderón lo admitió en su mensaje de Año Nuevo a los Puertorriqueños, llamándolo un año "difícil y que ha puesto a todos a prueba" pero prometió que su administración "redoblaría sus esfuerzos" en diversas áreas
Vamos a repasar algunos de los retos a los que tendrá que enfrentarse la administración y el resto de Puerto Rico en el año próximo.
La economía
El plazo límite que la administración Calderón se auto-impuso para lograr nuevos incentivos fiscales federales para Puerto Rico surge amenazador, junto con la celebración del 50 aniversario como Estado Libre Asociado, en el verano del año 2002.
Aunque ha logrado reunir el apoyo de 47 Republicanos y Demócratas para las enmiendas de la Sección 956, sus probabilidades de que sean aprobadas son del 50-50. Si logra su aprobación, supondrá una gran victoria política para ella. Pero la auténtica mejora de la economía depende realmente de otros factores diversos - siendo el número 1, claro está, el resurgimiento de la economía de los EE.UU. a la que la economía de la isla va unida - más que de una nueva ley sobre tasas federales.
La administración Calderón debe llevar hasta su conclusión diversos proyectos de infraestructura que se comenzaron bajo la anterior administración del Gobernador Rosselló, incluido el Tren Urbano, el desarrollo de un centro de convenciones de primera clase, el propuesto puerto de trasbordo Puerto de las Americas, y el proyecto de la Carretera 66, que proporcionará alivio a los motoristas en la floreciente zona turística de la costa este.
La administración Calderón ha querido atraer a las empresas mediante incentivos locales, aprobando una serie de medidas que pretenden mejorar el clima empresarial, entre las que se incluye el recorte de los impuestos sobre el capital ganancial, la rebaja de los costes de operación de las fábricas mediante la expansión de la investigación y reducciones fiscales a la formación, y el proporcionar incentivos especiales a los inversores que compren fábricas destinadas al cierre.
Pero el Gobierno de Puerto Rico todavía tiene que desarrollar una mentalidad de sector privado si quiere atraer la inversión extranjera, especialmente ante la falta de incentivos federales.
Vieques
La administración Calderón recibió esta semana otro fuerte golpe en este sector cuando un juez federal dictaminó que el Estado Libre Asociado carecía de poder para demandar a la Marina respecto a su violación de la normativa local sobre el ruido impuesta el año pasado.
A pesar de que el dictamen admitía que la Marina HABÍA violado las normas, y que las entidades federales deben cumplir las normativas locales, la Juez Gladys Kessler halló que solamente la rama ejecutiva del gobierno federal puede obligar a su cumplimiento. La Secretaria de Justicia Anabelle Rodríguez dijo que el Estado Libre Asociado apelará.
Ese es el camino equivocado. Un panel de expertos en salud del exterior ya echó por tierra la teoría-- sobre la que se basaba originalmente el litigio-- el retumbo ultrasónico de los barcos de la Marina podía ocasionar "enfermedad vibro-acústica" entre los residentes de Vieques. Ahora el juez encuentra que la base legal del litigio tampoco merece tomarse en consideración.
Puerto Rico necesita recuperar el consenso sobre que la Marina debe marcharse - pero es mejor dejarlo hasta el 1 de mayo, 2003 fecha en la que el Presidente Bush ha prometido retirar las fuerzas.
La administración Calderón parece seguir ignorante de los temas de salud y medio ambiente a los que se enfrenta la pequeña isla. En lugar de malgastar sus energías en pleitos, resultaría más provechoso emprender amplios estudios de agua en el suelo y otros para determinar el verdadero nivel de contaminación en Vieques. La Junta de Calidad Medioambiental debería tomar la iniciativa es esta área, y la administración debería estar presionando a la Agencia de Protección del Medioambiente para estar más involucrada.
Un amplio esfuerzo por ejercer presión sobre los EE.UU. respecto al tema, también debería renovarse para conseguir que Bush mantenga su palabra, su promesa del 1de mayo, 2003. Conseguir un sólido apoyo por parte de la comunidad hispana de puertorriqueños residentes en el continente, es esencial para mantener la presión sobre la Casa Blanca para que cumpla la fecha de retirada prometida antes de que Bush se enfrente a la reelección.
Status
El Estado Libre Asociado alcanza su mediana edad este verano, al cumplir los 50, y el mayor reto para Calderón puede hallarse en el tema del status.
El Estado Libre Asociado en el que ella cree - un pacto bilateral entre los Estados Unidos y Puerto Rico - se vino abajo el año pasado al ser considerado anticonstitucional por el Departamento de Justicia Federal y otras agencias federales.
Su empeño por mantener viable la fórmula del status en el nuevo milenio, y que ésta resulte atractiva para la mayoría de los Puertorriqueños será aún más difícil en tanto que la rama autonómica del Partido Popular Democrático exije más poder de un Congreso y de una Casa Blanca cada vez más escépticos sobre las perceptivas a largo plazo del Estado Libre Asociado.
Aunque ha pedido un "proceso de consenso" a desarrollar en San Juan sobre la mejor manera de resolver el dilema del status de Puerto Rico, los que apoyan la condición de estado y la independencia ya han hecho patentes sus reservas sobre el proceso.
El Partido Nuevo Progresista, mientras tanto, necesita sacar a relucir una estrategia mejor para vender el concepto de estatalidad a un público Puertorriqueño cada vez más sofisticado, que después de 50 años, se ha acostumbrado a la formula del Estado Libre Asociado.
Con demasiada frecuencia, los líderes del partido han confiado en la táctica del miedo, advirtiendo sobre la pérdida de la ciudadanía estadounidense y de los beneficios federales, a menos que se adopte la condición de estado. El fracaso del PNP en dos plebiscitos consecutivos convocados por el anterior Gobernador Pedro Rosselló son una clara prueba de que la estrategia está fracasando, y de que se necesita desesperadamente un nuevo mensaje.
Corrupción
El Departamento de Justicia local parece ir bastante en serio respecto a llevar ante la justicia los casos de corrupción pública, y debería continuar haciéndolo - a pesar de los peligros políticos involucrados.
Durante demasiado tiempo los cargos públicos han actuado como si recibir comisiones ilegales y conceder contratos a amigos íntimos fuese un derecho natural propio del cargo. Persiguiendo de un modo agresivo a cargos de ambos grupos políticos, el Departamento de Justicia está finalmente logrando borrar esa impresión.
Pero la administración Calderón debería eliminar la Comisión Blue Ribbon, que está alimentando el fuego de los críticos que dicen que es una caza de brujas contra altos cargos del PNP. Y debería desistir en sus planes de enmendar la ley local para permitir al Departamento de Justicia procesar aquellos casos que la Oficina del Fiscal Especial Independiente considera no presentan pruebas suficientes para ser procesados. El objetivo del FEI es llevar ante la ley a los casos delicados, de manera que el Departamento de Justicia estuviera inmune de la acusación de estar persiguiendo a enemigos políticos. La enmienda propuesta menoscabaría el propósito en sí de establecer el FEI.
El mayor reto en este área puede residir en la promesa de Calderón de emprender una reforma de la financiación de campañas, cuya puesta en marcha está prevista en para dentro de poco. Los defensores de la propuesta mantienen que este paso podría menoscabar el favoritismo político en la concesión de contratos del gobierno, lo cual ha sido un problema constante en las administraciones del PNP y del PPD.
No obstante, para dar este paso sería preciso que Calderón no solo hablase sobre "consenso" si no que realmente lo GANARA a través del espectro político.
Crimen
El crimen va en aumento, con 47 asesinatos más en el año 2001 que en el año 2000. Además, la administración Calderón desperdició casi un año atacando el problema bajo la débil dirección del anterior Superintendente de Policía Pierre Vivoni.
Miguel Periera, que sustituyó a Vivoni el mes pasado, ha hablado de un cambio completo de la estructura de mandos del departamento de policía deshaciéndose del politiqueo, de reconfigurar el modo en que se llevan a cabo las estadísticas policiales de manera que el público crea en ellas y tengan que responder ante una comisión de falta de asistencia al ciudadano. Deseamos lo mejor a HIM. Las leyes sobre el tráfico, el aparcamiento y el ruido se pasan por alto todos los días, a menudo ante los propios agentes de policía, y eso nos hace llegar el mensaje de que las leyes no tienen que ser respetadas.
Hay suficientes agentes de policía en Puerto Rico, ya que las sucesivas administraciones del Estado Libre Asociado y las ciudades a lo largo de la isla han incrementado considerablemente su continente de agentes en los últimos años. Pero los agentes que patrullan las calles tienen que estar dispuestos a perseguir los crímenes menores si se espera poder coger algún día a los grandes criminales.
El Departamento de Justicia, si se toma en serio su guerra contra la corrupción, deberá llevar su lucha hasta los jueces a lo largo de todo el sistema judicial local. Con demasiada frecuencia, casos prometedores son desestimados por falta de pruebas en medio de alegaciones de soborno o favoritismo político.
Los problemas de la Administración de Corrección, entre tanto, son legendarios, con un pleito en la corte federal que ha durado una década por cuenta de los internos de las prisiones respecto a las malas condiciones de las prisiones, y que todavía sigue en activo en la corte federal.
Justamente el mes pasado, una serie de reportajes de la prensa local sacaron a la luz cómo docenas de asesinos convictos han sido puestos en libertad bajo un programa de puesta en libertad anticipada mediante una laguna legal tras cumplir solamente un tercio de su condena.
La lucha de Puerto Rico contra el crimen necesita ser revisado por completo.
