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5 de junio de 2001
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WASHINGTON, DC. - La crisis de Vieques y la convocatoria unilateral del referéndum criollo por la gobernadora Sila Calderón han provocado que la Casa Blanca remita con urgencia la solución del problema de status de Puerto Rico para recomendaciones inmediatas del Departamento de Justicia Federal, informaron fuentes de entero crédito de EL VOCERO en la Capital Federal.

Según las fuentes allegadas, la Casa Blanca le ha solicitado al Departamento de Justicia Federal que estudie con urgencia las posibles alternativas constitucionales y viables a presentar al pueblo de Puerto Rico en el informe del Grupo de Trabajo Presidencial sobre status, tres días después del referéndum criollo de Vieques el 29 de julio, para adoptar una política nacional que resuelva una vez y por todas el problema de la indefinición de Puerto Rico. La orden ejecutiva del Presidente George W. Bush establece que dicho grupo rendirá su primer informe el 1ro. de agosto del 2001.

Además, la orden ejecutiva valida la orden ejecutiva anterior del 13183 que dispone que la Oficina Ejecutiva del Presidente hará cumplir la ley pública 106-346 por la cual se asignarán los $2.5 millones a la CEE para la campaña educativa en Puerto Rico sobre las opciones válidas de status.

Asimismo, como había adelantado EL VOCERO, el Departamento de Estado Federal le solicitó a la Casa Blanca el traslado del problema de Vieques al Consejo de Seguridad Nacional en vista del conflicto con los intereses nacionales estadounidenses planteados por la cubanización. Una fuente republicana confirmó que "fue el mismo secretario de Estado Colin Powell quien hizo un llamado en favor a la reanudación de las maniobras navales en Vieques en junio, a raíz de la intromisión de Fidel Castro en el caso de la Isla Nena".

Según recalcaron las fuentes de EL VOCERO, el Departamento de Justicia está considerando "solamente las opciones constitucionales y viables". "Están estudiando solamente la estadidad o la independencia. Se podría incluir al ELA territorial solamente como una opción no permanente", reveló una de las fuentes. Otra fuente la informó a este rotativo que Justicia Federal está considerando la posible declaración de Puerto Rico como un territorio incorporado pagando contribuciones como preludio a un voto sobre estadidad o independencia. Sin embargo, una acción semejante requeriría una acción congresional ya que bajo la Cláusula Territorial, Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso. Una declaración de territorio incorporado no podría producirse bajo una orden ejecutiva.

Independientemente de que la Casa Blanca todavía no ha anunciado los integrantes del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Status, el Departamento de Justicia Federal ya está trabajando sobre el informe que dicho grupo le tiene que rendir al presidente George W. Bush. Los funcionarios federales "están utilizando como base los informes preparados por Justicia Federal para las vistas sobre el proyecto Doolittle y el rendido a la Casa Blanca en enero de este año". Cabe recordar que en el informe de la vista del Comité de Recursos sobre el Proyecto Doolittle en octubre del año pasado, especialistas constitucionales, representantes de la ex administración de Bill Clinton calificando la definición del nuevo ELA como "inconstitucional".

Reaccionando al análisis que está efectuando el Departamento de Justicia Federal, el líder de la minoría PNP en la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo señaló que "ahora la bola está en el campo del Partido Popular para que le presente al Grupo de Trabajo una definición del ELA que sea constitucional. Durante años en Puerto Rico, ellos han vendido falazmente la opción de lo mejor de dos mundos que no existe. La importancia de este Grupo de Trabajo es que la cortina está descorrida. Eso es un paso gigantesco", afirmó el líder del PNP.