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La Marina niega cateo abusivo

Berriós criticó a Calderón por el status

Fue cuestionada la autonomía constitucional de la isla

Muriente agradeció a Alarcón

Ahora son 52 los encarcelados

El Congreso se informó sobre los abusos en Vieques

Corte restableció la pena de muerte

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La Marina niega cateo abusivo

7 de junio de 2001
Copyright © 2001 Associated Press. Todos los derechos reservados.

WASHINGTON (AP) -- La Marina negó que oficiales de seguridad usaran métodos de cateo agresivos con los manifestantes arrestados durante los recientes ejercicios de bombardeo en la isla puertorriqueña de Vieques.

Los oficiales pueden haber registrado de arriba abajo a las personas arrestadas, pero "no se palparon cavidades corporales, ni hubo revisaciones al desnudo", dijo el jueves el contralmirante Stephen R. Pietropaoli, vocero de la Marina.

"Es un elemento necesario en la detención de individuos que han quebrantado la ley, que se mantenga cierto control. Por consiguiente, estos son palpados de armas y esposados", explicó.

Pietropaoli contradijo los testimonios ofrecidos el jueves por una docena de manifestantes detenidos durante los ejercicios de abril.

Respondiendo a las acusaciones de que los oficiales de seguridad cometieron agravios raciales durante los arrestos, Pietropaoli dijo que "la Marina no ve esto como una cuestión hispana".

"Apoyamos el derecho de aquellas personas... que quieren expresar sus opiniones políticas sobre la importancia del entrenamiento de la Marina en Vieques", añadió. "Cuando se vaya más allá de la protesta y se incurra en violación de la ley, deberemos implementar los mismos procedimientos usados en el pasado", afirmó.

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Berriós criticó a Calderón por el status

7 de junio de 2001
Copyright © 2001 Associated Press. Todos los derechos reservados.

SAN JUAN (AP) - El Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berriós, dijo que estaba molesto por la actitud asumida por la gobernadora Sila Calderón en las cuestiones de Vieques y del status político de la isla.

Berríos acusó a la gobernadora de negar la realidad colonial de Puerto Rico y la relación entre la cuestión del status y los problemas de Vieques.

El presidente del PIP añadió que la subordinación política que Calderón insiste en negar, basada en el denominado acuerdo bilateral de 1952, se ha hecho evidente en las dos decisiones recientes de las cortes federales sobre la aplicabilidad de la pena de muerte en Puerto Rico, y en la decisión de otorgar inmunidad a la Marina estadounidense para extraer agua del Río Blanco en Naguabo.

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Fue cuestionada la autonomía constitucional de la isla

7 de junio de 2001
Copyright © 2001 Associated Press. Todos los derechos reservados.

SAN JUAN (AP) - El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Jaime Ruberte, dijo que la decisión de la Corte Apelaciones del Primer Circuito de Boston sobre la aplicabilidad de la pena de muerte en la isla demuestra la carencia de facultades del Estado Libre Asociado (ELA).

No obstante, Ruberte expresó que el status no formaría parte de los argumentos de defensa que presentará el Colegio de Abogados como uno de los grupos que se oponen a la decisión, según noticias publicadas.

"No hay dudas de que ello demuestra la falta de poder de decisión de Puerto Rico, pero seguiremos presentando una posición neutral, dado que hay diversidad de opinión sobre la cuestión del status", añadió Ruberte.

La pena de muerte fue abolida en la isla en 1929, y en 1959 el Congreso de los EE.UU. aprobó la Constitución del ELA, cuyo estatuto de derechos establece que no habrá pena de muerte.

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Muriente agradeció al funcionario cubano por su apoyo a Vieques

6 de junio de 2001
Copyright © 2001 Associated Press. Todos los derechos reservados.

LA HABANA (AP) - Un líder independentista puertorriqueño le dio un gran abrazo al presidente del parlamento de Cuba, y una bandera puertorriqueña, junto con su agradecimiento por el apoyo del gobierno comunista a la lucha contra los ejercicios militares en Vieques, una pequeña isla situada aguas afuera del territorio estadounidense.

"Si hay una persona que nuestro pueblo respeta y ama es el 'Compañero' Ricardo Alarcón", dijo Julio Muriente, del Nuevo Movimiento Independentista Puertorriqueño. "Apreciamos mucho su solidaridad".

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Ahora son 52 los encarcelados por protestar en Vieques

6 de junio de 2001
Copyright © 2001 EFE News Service. Todos los derechos reservados.
Fuente: Reportero Mundial (TM)

San Juan - Un total de nueve personas fueron sentenciadas el martes

a cumplir condenas de prisión que van de 16 días a cuatro meses, por invadir tierras de la Marina estadounidense en la isla puertorriqueña de Vieques.

Con este último grupo, arrestado por intentar ingresar en campos de tiro restringidos con el propósito de actuar como "escudos humanos" y evitar los ejercicios militares en Vieques, se eleva a 52 el número de personas encarceladas por participar en la campaña de desobediencia civil contra las misiones de entrenamiento.

El Juez estadounidense Juan Pérez Giménez también sentenció al grupo a un año de libertad condicional.

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El Congreso se informó sobre los abusos en Vieques

Tamara Lytle, corresponsalía en Washington

6 de junio de 2001
Copyright © 2001 Sun-Sentinel. Todos los derechos reservados.

La Marina estadounidense sometió a abusos físicos y humillaciónes a los manifestantes que intentaron impedir las prácticas de bombardeo en la isla puertorriqueña de Vieques, de acuerdo con un congresista, un sacerdote, un famoso actor y políticos locales.

Ellos llevaron el martes sus testimonios a la audiencia del Consejo Hispano del Congreso sobre el tratamiento que la Marina le dio a los manifestantes arrestados el 28 de abril.

Los legisladores prometieron realizar audiencias formales para escuchar el testimonio de oficiales de la Marina.

El representante Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, relató que estuvo esposado durante más de 20 horas, incluso cuando necesitaba ir al baño y cuando fue trasladado en bote a la isla principal de Puerto Rico.

La senadora estatal Norma Burgos refirió haber sido palpada de armas a pesar de que los manifestantes sólo estaban acusados de invasión de propiedad, una ofensa menor.

El actor Edward James Olmos dijo que él y muchos otros fueron forzados a arrodillarse en una terreno pedregoso, lastimándose con las rocas a través de sus jeans.

Y el reverendo Nelson López, usando su hábito religioso, contó que le arrojaron gas lacrimógeno, spray de pimienta, y que fue alcanzado por balas de goma.

La teniente Katherine Goode alegó que las acusaciones de que la Marina hizo abuso de la fuerza "carecen de fundamento". Todos los manifestantes fueron tratados con dignidad, expresó.

"La gente de seguridad hizo un trabajo sobresaliente al manejar una situación muy difícil. Fueron muchas las personas que violaron la ley ese día", expresó Goode en una entrevista telefónica desde la base Roosevelt Roads, en Puerto Rico.

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Corte de Apelaciones restableció la pena de muerte en Puerto Rico

5 de junio de 2001
Copyright © 2001 Associated Press. Todos los derechos reservados.

BOSTON - La pena de muerte federal es aplicable en Puerto rico, aunque los ciudadanos de la isla no puedan votar en elecciones federales, estableció el martes la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito de los EE.UU.

El Juez de Distrito estadounidense Salvador Casellas dictaminó en julio de 2000 que la pena de muerte federal no debía ser permitida en Puerto Rico porque los ciudadanos no tenían derecho a expresarse sobre la materia dado que no pueden votar en elecciones federales.

También estableció que el estatuto federal que autoriza la pena de muerte contradice la Constitución de Puerto Rico de 1952, que no permite ejecuciones.

La corte de apelaciones rechazó los argumentos de la parte demandada por considerarlos políticos y no legales.

"No hay desacuerdo acerca de que el Congreso tiene la facultad de aplicar las leyes criminales federales en Puerto Rico. Con esa facultad, necesariamente, viene la autoridad de establecer penas para la violación de esas leyes", expresaron los jueces en su escrito.

"Ciertamente sería anómalo que el Congreso otorgara a las personas de Puerto Rico la ciudadanía americana y para luego no poder ofrecerles la protección de las leyes para crímenes federales", opinaron los magistrados.

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