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26 de diciembre de 2000
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Cuando Silá María Calderón preste juramento como primera mujer gobernadora de Puerto Rico el 2 de enero, el margen de flexibilidad en los criterios políticos que ella tendrá es todo lo que el Presidente-electo George W. Bush puede soñar. La Sra. Calderón ganó con facilidad las elecciones del 7 de noviembre, y su Partido Popular Democrático derrotó al titular del Partido Nuevo Progresista en asumir el control del Senado y Casa de Gobierno de Puerto Rico.

Pero aún con este mandato claro, el triunfo de la agenda económica de la Sra. Calderón puede depender de un asunto legislativo sobre el cual ella no tiene control directo: si el Congreso dividido de los EE.UU. restaurará o no los incentivos federales impositivos diseñados para atraer la inversión hacia la isla.

Al contrario de su predecesor, el Gob. Pedro Rosselló, quien quería que Puerto Rico se convirtiera en el 51avo estado, la Sra. Calderón es una firme creyente en el status quo político de la isla como una comunidad autogobernada de los EE.UU. Pero como el Gob. Rosselló, ella tiene en consideración la reinstalación de los incentivos impositivos que fueron revocados en 1996 como un objetivo crucial en las relaciones políticas federales.

Irónicamente, los portorriqueños están presionando por los créditos en un momento en que su economía ha mostrado una mejora destacable. El porcentaje de desempleo en Puerto Rico, por ejemplo, fue del 11% en octubre, pero el porcentaje es bajo con relación al 16,5% en 1992 y al 22% a mediados de los 1980s. La recaudación de impuestos, amparada por un nuevo sistema de retención impositiva y de registro de bienes, es casi el doble desde 1992 hasta alcanzar $6.8 billones este año. Un incremento en el número de declaraciones de impuestos registradas, de 649.000 en 1992 a 861.000 en 1998, junto con una baja en el porcentaje de evasión al 16% desde un 26%, también sugiere que muchos portorriqueños han abandonado la tan mentada economía de subterráneo.

La base impositiva más amplia ha permitido al gobierno reducir su presencia económica. Redujo los impuestos a la renta en un 20% en 1994 y en un 10% en 1998, cuando introdujo reformas impositivas comerciales claves para compensar la eliminación progresiva de la Sección 936. La proporción de empleo gubernamental, como una porción del total, es ahora del 18%, bajó desde el 24% de ocho años atrás. El año pasado fue el primero en el que la inversión en el sector privado excedió a la del sector público.

A pesar de la vasta mejora, permanecen algunos problemas de profundo arraigo. El ingreso per capita de Puerto Rico, está por debajo de $10.000, es un poco más de la mitad del percibido en el estado más pobre de los EE.UU., Mississippi, mientras el 60% de sus residentes viven por debajo de la línea federal de pobreza. Y su status político lo excluye de algunos programas de asistencia federal tal como el programa de Nuevos Mercados del Presidente Clinton para las áreas de bajo ingreso dentro de los EE.UU. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones de los EE.UU. y no tienen representación de voto en el Congreso.

En la medida que la economía estadounidense disminuya su marcha, los economistas creen que la economía de Puerto Rico se debilitará, dando a la Sra. Calderón una razón más poderosa para presionar por los créditos impositivos."Cuando los EE.UU. contraen un resfriado, nosotros contraemos neumonía," dice Ramón Cantero-Frau, un consejero de la Sra. Calderón y co-director de su comité de transición. "Más que nunca, nosotros tenemos que ser creativos para dirigir las actividades económicas," durante un enlentecimiento económico.

Los créditos impositivos para compañías con negocios en Puerto Rico fueron introducidos en los 1940s como parte del esfuerzo de la "Operación ‘Bootstrap’" para dar la patada inicial al desarrollo económico de la isla. Inicialmente, ofreció a las compañías créditos federales totales compensando su responsabilidad impositiva hacia el gobierno local. Los incentivos, soportados bajo la Sección 936 del Código Interno de Renta Pública, atrajo grandes flujos de inversión, particularmente de compañías farmacéuticas – incluyendo Schering Plough Corp., Bristol-Myers Squibb Co., Eli Lilly & Co. y Merck – las cuales ahora son responsables por el 42% de la producción de salida de la isla.

Los créditos impositivos fueron "una herramienta indispensable en el desarrollo de Puerto Rico," dice Dennis Donovan, dirigente de Wadley-Donovan Group, una consultoría de selección de sitios que asesora sobre condiciones de inversión en el Caribe y Latinoamérica. "Pero la economía de Puerto Rico ha elevado la cadena de alimento. Ya no es un lugar de tan bajo costo, y sin estos incentivos, yo pienso que las compañías van a optar por ir a cualquier otro lugar."

Los créditos siempre fueron controvertidos ya que los inversores encontrarán la manera de atribuir mayores ingresos a Puerto Rico de lo que en realidad son. Las disposiciones fueron reduciéndose en forma gradual por el Congreso hasta que una resolución de 1993 las restringió a un crédito con bases únicamente en el gasto real de la isla. Luego, en 1996, el Congreso revocó por entero la Sección 936, creando una disposición con fases progresivas en 10 años bajo la Sección 30-A. Aunque la administración Clinton propuso una extensión de las fases, el Congreso año tras año no aprobó la propuesta.

Ahora que la administración republicana lidera la Casa Blanca, ¿qué probabilidad existe que los incentivos impositivos sean restaurados? La mayoría de los observadores dicen que será una lucha difícil, aunque el jefe del PPD en Washington, Charles Black, dice que existe una "posibilidad decente de que algo se haga", el Sr.Black, es el jefe ejecutivo (CEO) de BKSH & Associate y un estratega líder de la campaña de Bush, lo que presumiblemente le da algo de nivel de influencia en Washington.

El Sr. Black, quien expresa que él "solamente puede adivinar en esta etapa" acerca del éxito de estos esfuerzos, probablemente jugará un rol pivote. Su triunfo dependerá mayormente de cuán bien él maneje las relaciones del PPD con las figuras claves en Washington. Otro agregado para el PDP es que el Rep. Bill Archer del PPD (R., Texas), un gran oponente del tratamiento especial impositivo para Puerto Rico, se está retirando del Congreso y dejando vacante la presidencia del Comité de Medios y Arbitrios.

Pero este cambio de guardia enfrenta sólo parte del problema. Otros oponentes republicanos de la propuesta del Sr. Clinton, tal como el Líder de Mayoría del Senado, Trent Lott (R., Miss.), continúa ejerciendo considerable poder en el Capitolio. Ellos probablemente no estarán impresionados con la oposición de la Sra. Calderón a la presencia de la Marina estadounidense en la isla puertorriqueña de Vieques. Además, no existe certeza que los demócratas emplearán su mejor posición en el Congreso para presentar apoyo a los incentivos impositivos, tampoco. Después de todo, fueron los demócratas liberales los que se opusieron al "bienestar corporativo" para las firmas farmacéuticas que encabezaron las reformas de 1993 de la Sección 936. También, el partidario democrático de las extensiones de crédito impositivas de más alto perfil, el Senador por Nueva York, Daniel Patrick Moynihan, se está jubilando.

El mayor problema para Puerto Rico puede ser realmente su fortaleza económica. Algunos políticos en Washington tienden a ver un porcentaje de crecimiento económico promedio que ha excedido el 3% en los pasados cuatro años como evidencia que Puerto Rico puede manejarse bien sin exoneraciones impositivas.